Conflictos en el alto mando retrasan cambios en la PNP

El pasado jueves, el ministro del Interior, Avelino Guillén, encabezó la ceremonia de imposición de insignias de los 25 coroneles de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ascendieron a generales en noviembre. En específico, son dos generales de servicio y 23 de armas que, desde el 1 de enero, deben ejercer su nuevo cargo al mando de una unidad policial.

Sin embargo, lo peculiar de este caso es que, a la fecha, no saben cuál será su nuevo puesto de labores. La razón: todavía no se ha publicado la resolución con las designaciones para el 2022.

No solo ellos. En general, existe una incertidumbre en el personal policial en actividad respecto a esta demora. Como ocurre cada fin de año, luego de la publicación de los ascensos sigue la difusión de las invitaciones a los pases al retiro para finalmente dar a conocer los nuevos puestos de los oficiales. Y de esta manera, conozcan con anticipación dónde estarán de servicio en el siguiente año.

El pasado 20 de noviembre, el Gobierno publicó la lista de los ascensos de los nuevos generales PNP y recién el 29 de diciembre se firmaron las resoluciones supremas que invitaban a pasar a situación de retiro a 18 generales por causal de renovación de cuadros. Fuentes en la institución señalan como una de las causantes de este retraso las diferencias que tenía el ministro del Interior con el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, sobre qué generales debían ser dados de baja.

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Disputa por las bajas

Según las fuentes, Gallardo, exintegrante de la Guardia Republicana, tenía entre sus planes incluir en la relación de generales que iban a pasar al retiro a la mayor cantidad de exmiembros de la Policía de Investigaciones: como los generales PNP Vicente Tiburcio (Dirincri) y Óscar Arriola (Dircote). Sin embargo, la idea no era compartida por el ministro, quien se opuso a presentar los nombres al presidente Pedro Castillo para que firmara las resoluciones supremas.

En el interior de la PNP es un secreto a voces la mala relación que tendría Guillén con el comandante general.

De hecho, hasta hace unas semanas, Gallardo había sido blanco de críticas ante la denuncia pública del ex subcomandante general de la institución Javier Bueno, quien dijo que se habían cometido irregularidades en el proceso de ascensos a generales del año pasado.

No obstante, el comandante general de la PNP se mantiene en el cargo. Según conoció este Diario, ello se debería a la buena relación que tiene con Castillo, quien precisamente lo nombró jefe de la policía el 2 de setiembre y registra más visitas a Palacio que cualquier ministro del Interior de este gobierno.

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Cambio en la ley

De acuerdo con las fuentes, otro factor que dilata la publicación de los nuevos puestos en la policía habría sido la aprobación, por el Congreso de la República, de la Ley 31379. Esta norma introdujo cambios en la ley de la PNP y, entre otras cosas, derogó el Decreto de Urgencia 012-2020, dado en el gobierno de Martín Vizcarra.

La ley aprobada por el Congreso fue publicada el 23 de diciembre. Es decir, cuando faltaba poco más de una semana para que el proceso de ascensos se diera por finalizado (si bien los ascensos fueron publicados en noviembre, el proceso recién concluyó el 31 de diciembre a las 6 p.m., de acuerdo con el cronograma aprobado por la comandancia de la PNP).

Según ha conocido este Diario, este hecho ha generado que diversos oficiales presenten solicitudes de reconsideración ante la Dirección de Recursos Humanos de su institución y, de esta forma, conseguir un nuevo puntaje en sus postulaciones de ascenso. Es el caso, por ejemplo, del comandante PNP Juan Rivas Valverde.

La razón en común en estos reclamos se debe principalmente a que se dejó sin efecto el Decreto de Urgencia 012-2020, que establecía, por ejemplo, que para obtener el puntaje de comisario, jefe de división, de departamento de investigación criminal o de unidades especializadas se requería un mínimo de dos años de servicios ininterrumpidos (antes la valla era de nueve meses).

Otro factor de experiencia policial que se modificó fue el referido al de prestar servicio en zona de emergencia. El tiempo mínimo de permanencia para alcanzar el puntaje pasó de nueve meses a un año.

Desde el Congreso anterior se buscaba la derogación del decreto. El comandante general de la PNP, ante la Comisión de Defensa del Parlamento en noviembre, lo calificó de lesivo para su institución y esperaba su derogación.

Sin embargo, una vez que el referido decreto fue dejado sin efecto, el alto mando policial no lo tomó en cuenta en el proceso de ascenso. Esto, a pesar de que en sus propias directivas se señala que se deben adecuar los lineamientos en caso de que se modifique la norma policial.

En vista de que el proceso de ascensos ya concluyó, se estima que los oficiales acudirán a la vía judicial para que se reconsidere su puntaje.

Este Diario intentó comunicarse con el ministro Guillén por teléfono, pero no obtuvo respuesta.

Algunos nombres

Entre los 18 generales de la PNP que fueron pasados al retiro figuran Jorge Luis Cayas, exjefe de la Región Policial Lima, y Óscar Serván López, exjefe de la Dirección de Inteligencia. Ambos fueron cuestionados por la represión policial en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino en noviembre del 2020.

También fueron dados de baja los generales PNP Alfredo Vildoso Rojas y Herbert Ramos Ruiz. Ambos estuvieron involucrados en presuntas compras irregulares en la pandemia. Vildoso estuvo en prisión preventiva.

Relevo en Palacio

El coronel del Ejército Peruano (EP) Ciro Bocanegra Loayza, hijo de un amigo del presidente Pedro Castillo al que este habría intentado beneficiar en el reciente proceso de ascensos, dejó de trabajar en la Casa Militar, según una resolución publicada la semana pasada.

El ex comandante general del Ejército José Vizcarra denunció que el Ejecutivo intentó interferir para que Bocanegra fuera ascendido. También contó que ese oficial había sido llamado para trabajar en Palacio en setiembre “sin ninguna resolución de por medio y en un puesto que no existe”.

El referido coronel se desempeñará como jefe del Servicio de Veterinaria del Ejército. Fuentes del sector ven con desagrado este cambio, pues a pesar de lo sucedido ha sido colocado en una jefatura.