La forzada interpretación que ha realizado el Ejecutivo respecto de la primera cuestión de confianza presentada ante el Legislativo –y rechazada de plano por esta institución– ha abierto un nuevo capítulo de confrontación entre poderes a dilucidarse en el Tribunal Constitucional (TC). Ello, además, a la espera de que el nuevo Gabinete encabezado por Betssy Chávez solicite el respaldo del pleno del Parlamento.
Al cierre de esta edición, el presidente del Parlamento, José Williams, ya tenía lista la anunciada demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo a fin de ser presentada este martes ante el TC, según pudo conocer El Comercio. La prueba documental que ha acelerado tal pretensión es el acta de la sesión del Consejo de Ministros del pasado jueves 24, que consigna que el Gobierno ha entendido que el rechazo de plano “constituye a todas luces una negación de la cuestión de confianza. Por lo tanto, la consecuencia es la crisis total del Gabinete”, que encabezó Aníbal Torres, hoy asesor de Chávez.
Esa interpretación abre el escenario para que, ante una segunda negativa de confianza bajo la consideración del Ejecutivo, este valore que puede cerrar el Parlamento.
MIRA: “Esta sí es una amenaza real, y el Congreso debe defender sus fueros”
Consultados por este Diario, congresistas de oposición de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP) coincidieron ayer en que la demanda competencial es la respuesta y vía principal, por ahora, ante la andanada del Gobierno.
“Ya tenemos la posibilidad de que, en la acción competencial, se incluya esta acta y podamos tener los elementos probatorios para establecer que hay un problema entre los dos poderes y que el TC es el llamado a resolverlo”, comentó Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular.
Para Diego Bazán, de Avanza País, “está claro” que el Gobierno quiere cerrar el Congreso. “No imaginemos que se va a convocar elecciones, sino se va a plantear una constituyente y se va a hacer el proyecto inicial del cerronismo”, aseveró.
José Cueto, de Renovación Popular, coincidió con esa apreciación. “Por la cantidad de denuncias que tiene el presidente, han llegado a una etapa en donde desesperadamente van a intentar cerrar el Congreso”, opinó.
Silvia Monteza, legisladora de Acción Popular, también dijo que veía en el Ejecutivo intenciones de ir contra el orden constitucional, por lo que resaltó que la demanda competencial y la medida cautelar van a “frenar un poco” tal propósito.
“Esto es algo inconstitucional, porque no ha habido negación fáctica. Lo que están queriendo ellos es cerrar el Congreso inconstitucionalmente. Está claro que se están victimizando, queriendo hacer ver al Congreso como el malo de la película”, dijo sobre el acta ministerial.
José Luna, portavoz de Podemos Perú, dijo que estaba seguro de que no hubo denegatoria de la confianza. Alejandro Soto, vocero de Alianza para el Progreso, indicó que “el golpismo viene del Ejecutivo”. “Si tiene que cerrarse el Congreso, que las encuestas a nivel nacional han dicho que todos se vayan. Que se vaya Castillo y nos vamos todos”, exclamó.
MIRA: Primera ministra: “No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento”
Mientras tanto, la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos presentó ayer una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el ex primer ministro Aníbal Torres y ministros que suscribieron el acta del jueves 24. En su escrito, sostuvo que los denunciados violentaron cuatro artículos de la Carta Magna y solicitó que sean inhabilitados en la función pública por 10 años.
Chirinos refirió que la denuncia es “por haber planteado una cuestión de confianza ilegal e inconstitucional, y por interpretar ilegalmente el rechazo de plano de la cuestión de confianza como una negación de la misma, actuando contra el orden constitucional con el único propósito de disolver el Congreso de la República de manera ilegítima”.
El siguiente paso es que se dé cuenta de la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se emita un informe de calificación para determinar si es procedente. De serlo y una vez ratificada tal postura en la Comisión Permanente, esta tendría que dar luego un plazo de cara a un informe final.
Otros congresistas de oposición coincidieron en que lo ocurrido constituye infracción constitucional. En tanto, Bazán insistió con la posibilidad de presentar una moción de suspensión contra Castillo. Precisamente, la Comisión de Constitución sesionará desde las 12:15 p.m. de hoy para continuar el debate de predictamen sobre el procedimiento de suspensión de un presidente de la República.
Consultados por El Comercio, los ministros Alejandro Salas y Kelly Portalatino, de las carteras de Trabajo y Salud, respectivamente, defendieron y justificaron la interpretación sobre la decisión del Parlamento.
“Sienten que se ha afectado en algún campo el tema de la Constitución, no es así. Nosotros estamos haciendo una interpretación en virtud al rango y la jerarquía normativa. La Constitución prevalece sobre cualquier tipo de reglamento”, dijo Salas.
A su turno, Portalatino aseguró que lo que quiere cerrar el Gobierno son las brechas sociales. “En ningún momento la pretensión del presidente es cerrar el Congreso”, sentenció la también parlamentaria de Perú Libre.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HZT7J42VOVCRJFUOSQ4G3TXS3Y.jfif)
