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¿Y ahora quién podrá defendernos?
Con miles de cacos versus una policía que se desgasta dupleteando 24x24 y un Poder Judicial moroso y corrupto; es lógico que tengamos tremendas bombas que desactivar. La inseguridad trocó en pánico, el pánico cundió hasta ser tendencia y a los políticos se les dio por respuestas efectistas en este 2015.
¡Militares a las calles!, gritaron algunos alcaldes distritales desde el verano y su grito fue recogido, faltaba más, por candidatos a la presidencia. Alejandro Toledo fue el primero en sugerir que se ajustara la Constitución para permitir esa militarización del combate a la delincuencia y así se lo planteó al primer ministro Pedro Cateriano en la ronda de diálogos gobierno/oposición de setiembre. Más adelante, Alan García repitió la idea como anticipo de su plan de gobierno.
Sin embargo, todos los voceros militares, además del comandante (r) Ollanta Humala y el general (r) Daniel Urresti, por entonces ministro del Interior, rechazaron la sugerencia. Y también lo hicieron, ya calentada la campaña, candidatos como Keiko, PPK y Acuña, con distintos matices sobre los casos excepcionales en los que las Fuerzas Armadas podrían colaborar –como lo hacen ya– con el orden interno.
Este debate sobre la militarización de la seguridad callejera coincidió con una idea más desesperada y más violenta: la campaña ‘chapa tu choro’ fue lanzada a fines de julio por Cecilia García, huancaína fujimorista. La idea no tenía mucho de particular, pues ya estamos acostumbrados a ajusticiamientos populares a lo Fuenteovejuna, pero tuvo un fantástico eco en redes, donde adquirió sádicas variantes como ‘chapa tu choro y déjalo paralítico’. Casi todos los líderes políticos –con excepción de Luis Castañeda– rechazaron la bárbara propuesta que se zurraba en la Constitución y en la presunción de inocencia. A pocas semanas de haber criado fama, Cecilia García fue denunciada penalmente por los familiares de la víctima de una turba y hoy sus posibilidades de ubicarse en la lista fujimorista son muy dudosas.
El año acaba con otra idea desesperada, pero no por ello carente de fundamentos: la declaratoria en emergencia de las provincias del Callao, Casma y del Santa.
Plancha tu región
Miren las planchas y digan que no es casual: Keiko ficha para segundo vicepresidente a Vladimiro Huaroc, ex gobernador de Junín; PPK ficha de primer vicepresidente a Martín Vizcarra, ex gobernador de Moquegua; Alan ficha como segundo a David Salazar, ex gobernador de Apurímac. Y no olviden que el propio César Acuña gobernó La Libertad y entre sus flamantes jales está César Villanueva, ex gobernador de San Martín, quien antes fue fichado como primer ministro de Humala por esa misma razón.
En el 2015 se empezó a rizar el rizo de la descentralización: tras tres lustros de democracia descentralizada, con elección de representantes regionales y progresiva transferencia de recursos y competencias; los candidatos presidenciales se sienten obligados a reafirmar, simbólicamente en sus planchas, que sus proyectos continúan el mandato descentralista.
Denuncias como cancha
La judicialización de la política, dirán muchos ingenuos, es resultado del combate a la corrupción. Desengáñense. Muchos de esos procesos judiciales y acusaciones fiscales han sido promovidos por los enemigos políticos de los acusados con fines mucho más políticos que morales.
¿Cómo lo han hecho?: aportando pruebas a prensa, policía y Ministerio Público, que pueden incluir audios ‘chuponeados’ y textos hackeados; formando comisiones investigadoras en el Congreso; usando ciudadanos de perfil bajo para hacer denuncias explícitas.
Por supuesto, muchas de esas denuncias son veraces y el acusado merece lo que le toque; pero el móvil político del acusador en la sombra enerva el proceso. Un notorio ejemplo de búsqueda de judicialización política es el de la megacomisión que investigó la gestión de Alan García: su espectacular hallazgo respecto a los narcoindultos llevó preso a Miguel Facundo Chinguel y, aunque no comprometió penalmente al ex presidente, impactó seriamente en su candidatura. A pesar de ello, en abril, tres informes de dicha megacomisión no encontraron desbalance patrimonial en García.
El 2015 también ha sido el año de la comisión presidida por Marisol Pérez Tello para investigar las agendas de Nadine Heredia, un equivalente a la megacomisión, desde la oposición. Contrastando con la inmunidad del presidente Humala, la primera dama se atiborró de acusaciones. Tampoco se salvó un aliado del gobierno, Alejandro Toledo, pues el Congreso investigó el Caso Ecoteva.
César Acuña, como muchas autoridades regionales y municipales, tiene 'denuncias como cancha' (él acuñó la frase asociándola a otra suya, 'plata como cancha'), y su enumeración es un ejercicio de realismo –o de cinismo– que hacen muchas otras autoridades perseguidas por sus enemigos.
El informal financiamiento partidario fue fuente de muchas denuncias, a las que no escapó la puntera Keiko Fujimori. En noviembre, se supo que el Ministerio Público había abierto investigación a Fuerza Popular por lavado de activos, a raíz de una denuncia presentada por el ciudadano David Apaza. El denunciante estaba ligado al nacionalismo, lo que hacía evidente el móvil político de la judicialización; sin quitarle valor al caso pues los fundamentos eran atendibles.
El Ministerio Público fue fuente de espectaculares denuncias que le dieron más notoriedad que nunca en su historia: el fiscal Carlos Ramos Heredia fue destituido en mayo tras implicárselo en el caso de ‘La Centralita’ y, por razones similares, se abrió investigación a su predecesor José Peláez Bardales. El sucesor Pablo Sánchez se mantiene muy reactivo a las denuncias con carne política.
Y renuncias y jales también
La debilidad de los partidos y la proximidad de la campaña provocaron notorias renuncias. Las razones esgrimidas fueron el relego, el maltrato, un giro inconsecuente del partido que quebraba los principios que, según el renunciante, eran la razón de su militancia. Sin embargo, en muchos de estos casos, a esos razonables motivos se sumaba otro: renunciar antes del plazo luego del cual ya no podrían postular en otro partido. Ese probable cálculo se volvió crucial en la renuncia de la vicepresidenta Marisol Espinoza al nacionalismo, hecha el 8 de setiembre, dos días antes de vencerse el plazo para postular al Congreso con otro partido. De ahí que, como revancha, algunos de sus ex correligionarios intentaron anular la renuncia.
Vencido ese plazo, vinieron otros quiebres y jales, algunos con pocos días y horas de diferencia. El más sorprendente ha sido, sin duda,el pase de Susana Villarán de Fuerza Social hacia el nacionalismo, donde está en plancha con Daniel Urresti. Sucede que quienes no estaban inscritos en ningún partido o lo estaban en agrupaciones que perdieron su inscripción, como la FS de Villarán, sí están habilitados para postular en otro. La cercanía de la inscripción de listas al Congreso, entre fines de enero y comienzos de febrero, nos deparará más sorpresas.
Detrás de esta diáspora de lealtades, de esta oscilación de identidades está el debilitamiento de los partidos. En especial, del Partido Nacionalista que, pese a estar en el gobierno, perdió la mitad de su bancada. De modo que, en plena campaña política, el cabe y el cálculo antipolítico, se volvieron tendencia.
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) diciembre 26, 2015