“No hay que exagerar cosas que son pequeñas como una simple contratación”

El magistrado Francisco Morales lleva en la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) un año y cuatro meses; tiempo en el que se han resuelto casos coyunturales que han afectado la vida social, política y jurídica de nuestro país. El Comercio dialogó con él en su despacho del local histórico de la institución en el jirón Azángaro (Centro de Lima), luego de presidir la ceremonia de inicio del año jurisdiccional constitucional. Desde allí, Morales Saravia responde a las críticas en torno a la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori y la reciente contratación de Heriberto Benítez, exabogado de exmandatario Alejandro Toledo.

— ¿Por qué se reintegraron a la Comisión para la Reforma del Sistema la Justicia, cuando incluso el TC presentó un proyecto de ley para autoexcluirse de dicho grupo?

Mire, hay dos posturas que tienen cierto respaldo teórico. Si es que el Tribunal Constitucional, o cualquier otro órgano del sistema de justicia, puede o no participar en una llamada Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Entonces, los anteriores magistrados consideraron que si esa comisión, por ejemplo, proponía una política pública de justicia o planteaba un proyecto de ley: y si esa política era cuestionada, el tribunal podría terminar participando. Podría haber como una especie de preconcepción o haber perdido cierta imparcialidad, porque si tú participas en un órgano, luego cómo dices ‘yo voy a declarar que eso es inconstitucional’. Cuando nosotros ingresamos, tuvimos una invitación, recuerdo, del anterior presidente…Se discutió en ese momento, y dijimos que había que mantener esa postura …

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— Fue con la convocatoria del señor Pedro Castillo …

Sí, hizo una convocatoria que al final no se concretó. Pero entonces, se dijo que no, se mantuvo el acuerdo pasado. Luego pasó el tiempo, y en mi caso, yo como presidente del Tribunal Constitucional me he dado cuenta de que esa postura, si bien es cierto tiene algún fundamento, incluso yo la apoyé en un momento, me he dado cuenta de que la realidad es diferente.

— ¿En qué sentido cambió desde ese momento al de ahora?

La realidad de los órganos de justicia. Es decir, todos nosotros interactuamos con los otros órganos en la parte de gobierno y administrativa. Ahora. yo hablo como presidente y soy un gestor también, entonces debo tener objetivos. Estos mecanismos que se crean; Ceriajus en su momento, el Plan de Modernización del Banco Mundial, del Banco Interamericano, y luego este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Entonces, uno no puede aislarse, porque allí participa el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, el contralor general, el órgano no puede aislarse. Reflexioné sobre eso, porque nosotros tenemos proyectos, como lo hemos anunciado en la inauguración del año jurisdiccional constitucional. Sobre la infraestructura del local, la interoperatividad. Todos los amparos y hábeas corpus vienen del Poder Judicial y ellos usan un sistema y nosotros otro. No hay compatibilidad. Entonces, hay cosas que sí pueden hacerse. Pero si me dicen que se aprobará un proyecto de ley, esa no es la finalidad de la comisión. Lo que hace la comisión es ser un órgano de coordinación, de interacción y se establecen políticas transversales que nada afectan nuestra autonomía e independencia.

— ¿Qué pasa si una de esas políticas llegara a cuestionarse en el ámbito legal o constitucional?

Llegado el caso que pudiera ocurrir, nosotros sencillamente no participamos de esa política y nos retiramos si es que lo consideramos. Podríamos abstenernos o retirarnos de ese planteamiento. Pero justamente, debatimos esto en el Pleno y acordamos regresar a este Consejo de la Reforma de Justicia porque creemos que es conveniente. Hay nueve objetivos que ya están plasmados, están para ser operativizados durante los años ‘24 y ‘25. Nosotros apostamos por la interoperatividad, ese es el que nos interesa. Para que los hábeas corpus, los amparos, sean totalmente digitalizados y la persona no tenga que ir al Poder Judicial, regresar al Tribunal y esperar que su expediente físico regrese. No, (queremos) todo informatizado. Esa es la razón por la que hemos decidido participar.

— Teniendo en cuenta que la comisión ya tiene una previa de puntos adicionales, dejados por los anteriores integrantes… ¿Qué se hará ahora?

Creo que hay una cosa importante que se debe internalizar, esta Comisión de Reforma del Sistema de Justicia no es que se reformarán, por ejemplo, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público. Eso obedece a cada órgano y al Congreso. Este es un sistema de coordinación de prácticas y políticas institucionales, que tienen que ver con el día a día de la persona. No está en el ámbito de las grandes reformas.

— Lo que se esperaba de esta comisión eran medidas concretas que apunten a la reforma del sistema de justicia…

Claro, lo que pasa es que en el debate, los operadores del sistema de justicia como nosotros, tenemos una idea; y la ciudadanía o los líderes de opinión, los medios, tienen otra. Entonces, se dice ‘Reforma del Sistema de Justicia’. La reforma de la Corte Suprema, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), del Tribunal Constitucional, pero esas son reformas muy complejas, que para empezar; tengo entendido que el Ministerio Público está trabajando un proyecto de reforma de su Ley Orgánica, igual que el Poder Judicial. Pero este Consejo de la Reforma de Justicia tiene que ver con cosas más operativas, cotidianas, de gobierno, de gestión. Incluso el Ministerio de Justicia ya tiene un plan aprobado por ellos, temas operativos.

— ¿Se han puesto un plazo para llevar adelante los acuerdos adoptados? ¿Cuándo se volverán a reunir?

La primera semana de marzo habrá una segunda sesión donde cada integrante del Consejo debe priorizar uno de esos nueve objetivos, para ver si durante el 2024 y 2025 se operativizan, porque incluso ya había plazos y presupuesto. Recuerde que esta fue una iniciativa que se hizo durante el gobierno de Martín Vizcarra y el de Francisco Sagasti; y ellos terminaron con el plan. Entonces, lo que yo he dicho es que, independientemente de las personas, de las críticas que puedan generar los gobiernos, lo importante son las políticas que quedan y que se puedan implementar, darle continuidad.

— Usted ya ha cumplido más de un año de gestión como presidente del TC ¿Cuál es el logro más significativo ¿En qué considera que ha cambiado la institución?

Bueno, uno de los mayores cambios que tenemos es un trabajo comprometido y en el nivel de infraestructura. Después de mi gestión vamos a dejar una sede de siete pisos (en San Isidro) operativa, con muy pocos recursos. Un segundo logro es el de la carga procesal, hemos incrementado más de 1.400 casos . En el año 2022 se resolvieron 3.000 casos y en el 2023 se resolvieron 4.478 y esperamos este año superar los 5.000 [casos resueltos]. Y el tercer punto que es importante, es nuestra jurisprudencia. Nos ha tocado, porque así es; a veces casos llamados ‘papas caliente’ y hemos tenido que resolver temas complejos. Por ejemplo: la denegación fáctica, tema de la Sunedu, la Ley Antiterrorista, de las AFP, incluso hemos visto el caso Fujimori. Entonces, son temas que están pendientes y tratamos de resolverlos. Nosotros resolvemos dentro de la Constitución y las leyes, a veces a un sector de la población, de los medios o activistas políticos y sociales, puede ser que algunos de nuestros fallos no les guste, y es así, el equilibrio es así.

“Desde nuestro punto de vista nosotros resolvemos de acuerdo a la Constitución y a lo que nos indica nuestra conciencia, la valoración la harán los analistas, los juristas, los propios medios.”

— ¿Cree que el TC ha tenido relevancia en casos políticos, porque bien se resuelven jurídicamente, tienen un efecto político?

Desde nuestro punto de vista, nosotros resolvemos de acuerdo a la Constitución y a lo que nos indica nuestra conciencia, la valoración la harán los analistas, los juristas, los propios medios. Por ejemplo, resolvimos la denegación fáctica, y como dije ahora, ‘denegación fáctica nunca más’, porque eso quiebra el equilibrio de poderes. Los órganos constitucionales, todos, debemos aprender a convivir con otros órganos constitucionales. A veces no sintonizamos. Por ejemplo, cuando el tribunal declaró fundado un hábeas corpus que anula una sentencia de la Corte Suprema. ¿Usted cree que a la Corte Suprema le gusta eso? Porque los estás corrigiendo. Lo mismo, el Congreso tiene sus competencias, el Poder Ejecutivo tiene sus competencias, y los órganos constitucionales autónomos, sus competencias. Ese es nuestro ‘leitmotiv’, nuestro norte, que puedan desarrollar sus competencias. Puede haber conflictos, de hecho hay permanentes conflictos, pero vamos resolviendo con apego a la Constitución.

— Lo mencionaba usted, el caso del señor Alberto Fujimori ¿Cómo es que el TC decidió que no se acate la decisión de la Corte IDH de suspender su excarcelación, pese a que el Perú está llamado a cumplir con sus fallos porque pertenecemos al Sistema Interamericano?

En primer lugar, quiero reafirmar el compromiso de los magistrados del Tribunal Constitucional, no solo con la Constitución; sino con la Convención de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano. Ninguno de nosotros es contrario al Sistema Interamericano, creemos en el Sistema Interamericano. En el caso Fujimori, nosotros teníamos un dilema y quiero que eso se entienda, este dilema tiene que ver con la implementación de la cosa juzgada. Si se habrán dado cuenta, la línea de este tribunal es que sus sentencias se cumplan, porque si no se cumplen, entonces para qué estamos. Entonces, aquí había una sentencia de cosa juzgada del señor Fujimori, nosotros no hemos evaluado el caso, no hemos dicho que si el indulto tenía los estándares o no. Allí había solo una cuestión; que se cumpla o no se cumpla. Puesto ese dilema, hicimos un debate de varias semanas y la mayoría llegamos a la conclusión de que era importante respetar el fuero, no porque era el señor Fujimori, puede haber sido cualquier otro, había que cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional; y eso fue lo que nos animó a declarar improcedentes las aclaraciones; y ante la renuencia del juez de Ica que no quiso ejecutarlo, no podíamos dejar en indefensión a una persona, decidimos asumir la obligación de acuerdo al Código, de excepcionalmente, ordenar la excarcelación. Nos convertimos en un juzgado de ejecución. Excepcionalmente, repito.

— Pero se ha visto que en otros casos el TC ha fallado bajo criterios de la Corte IDH, incluso la han citado, ¿Por qué en este caso, del señor Fujimori, se decidió no acatar?

La Corte, efectivamente, tenía una comunicación, una medida de supervisión para decir que se abstengan de cumplir con la orden del Tribunal Constitucional, que no se cumpla nuestra sentencia. Entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros? El Tribunal Constitucional no reconoce a ningún órgano superior a él en el ámbito peruano, porque está en la Constitución. La Corte Interamericana es Sistema Supranacional residual que determina la responsabilidad del Estado, esa es una cuestión para debatir, este no es el único caso que se verá y lo único que nosotros hemos dicho… Es como responder a esta pregunta, ¿Quién es el competente para determinar la libertad o prisión de una persona? ¿Los órganos jurisdiccionales internos o la Corte Interamericana? Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que esa prerrogativa, esa competencia, reside en el Estado Peruano.

— Ahora, por la decisión del TC sobre el caso Fujimori, la Corte IDH ha declarado al Perú en “desacato” y tendrá que responder por ello…

Mire, la Constitución establece que el Ejecutivo debe hacer cumplir los fallos del Tribunal Constitucional. El Estado Peruano dará su respuesta. Lo que quiero decir es que existe un margen de apreciación del propio Estado y ellos darán su postura.

— Hay magistrados del mismo pleno que no estuvieron de acuerdo con la excarcelación y se ha señalado que cualquier decisión debía tomarse en el pleno y no solo tres magistrados…

Es un tema que ya hemos debatido internamente. Éramos seis magistrados los que conocimos este caso. Solo cuatro firmamos por la improcedencia de aclaraciones (recursos), los otros dos pedían la nulidad de la sentencia (del 2022), cosa que nosotros no consideramos viable. Al haber, ellos dos, votado en contra, ya no podían participar en este caso; y eso es una práctica reiterada que se puede revisar en cuanto a los antecedentes. Los únicos competentes para resolver las incidencias del caso del señor Fujimori éramos nosotros cuatro, que formamos mayoría. De estos cuatro que formamos mayoría, que dijimos que se ejecute la sentencia, vino una segunda discusión ¿quién ordenaba la ejecución? Como el juez de Ica no lo quiso hacer, tres de nosotros dijimos que, de acuerdo al Código Procesal, ordenamos la ejecución de la resolución; y uno dijo que se vuelva a instar al juez de Ica.

— Pero hubo un pedido de nulidad del doctor Manuel Monteagudo…

Uno de los magistrados hizo un pedido de nulidad, pero esto es inviable porque los magistrados no hacen pedidos de nulidad, son las partes las que hacen pedido de nulidad. Es una carta que me enviaron a mí el 11 de diciembre (2023), donde se dicen sus posturas. Es una insistencia sobre algo que ya fue resuelto. Entonces, para nosotros, este caso ya ha terminado.

— No habrá respuesta para esa carta, para ese pedido de nulidad

No, ya ha terminado ese caso. Entonces, no sigamos insistiendo, el señor está libre, afronta otros casos; y nosotros ahora estamos abocados a otros casos que tenemos como el de la Junta Nacional de Justicia con el Ministerio Público, el Congreso con el Poder Judicial y temas bastante complejos.

"Para nosotros; y eso quiero que quede claro ante la opinión pública, el tema Fujimori en este caso del hábeas corpus, ya concluyó, ya terminó.”

— Cuando ordenan la ejecución de la sentencia del señor Fujimori expedida en el 2022, se ordenaba la restitución de la resolución de indulto y gracia presidencial ¿Cómo se tendría que aplicar esta restitución?

Como comprenderá, ese tema puede ser judicializado, no solo ante el Poder Judicial o venir al Tribunal. Nosotros no hemos abordado nada de fondo. Solo hemos dicho que acá hay una sentencia que es cosa juzgada del Tribunal Constitucional, que se ejecute. Para nosotros; y eso quiero que quede claro ante la opinión pública, el tema Fujimori en este caso del hábeas corpus, ya concluyó, ya terminó.

— Sobre la demanda competencial entre la JNJ y el Ministerio Público a través de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿Cuándo se resolverá?

Ya hubo una audiencia, y el magistrado Pedro Hernández se ha incorporado. Recuerde que los casos de acciones de inconstitucionalidad y conflicto competencia se resuelven con cinco votos a favor, por eso es indispensable que participen todos los magistrados. Ahora, el tribunal completo irá desarrollando esto en los próximos meses.

— Pero son 30 días hábiles para resolver…

Claro, hay un plazo legal de 30 días, ya estamos más o menos en ese plazo, pero como recién nos hemos reincorporado a las funciones vamos a ir viendo cómo resolvemos.

— También está la demanda del Congreso para que se anule una medida cautelar del Poder Judicial a favor de la JNJ…

Es este caso, más el pedido de ejecución del Congreso para que no se cumpla una medida cautelar del Poder Judicial. Todo esto lo estamos evaluando, cada uno tiene su propio ámbito y vamos a trabajarlo, por lo menos esto debe estar resuelto en el primer trimestre (del año).

— Usted ha contratado al señor Heriberto Benítez, exabogado del señor Alejandro Toledo, como asesor del TC, ¿Cuáles fueron los criterios para su contratación?

Es un puesto de confianza, de libre disponibilidad, el señor cumple los requisitos, el perfil. Es un abogado experto en temas penales, conoce y creímos conveniente que se sume a nuestro equipo de asesores para desarrollar casos de hábeas corpus. Entonces, veremos cuál es su desempeño , es un reto para él, pero también hay que ver las cosas con calma, esperemos a ver su desempeño.

— Eso quiere decir que no se ha pensado en removerlo…

No, porque el Tribunal es muy profesional, muy técnico. Estamos convencidos de nuestras competencias y atribuciones, pueden haber muchas críticas que son bienvenidas y respetables, tomamos notas de las críticas, vamos a estar con los ojos bien abiertos. Esperamos que su comportamiento y su conducta profesional sea la adecuada; y vamos a darle la oportunidad.

— Pero el señor está acusado por delitos graves como asociación ilícita para delinquir y se ha pedido 30 años de cárcel para él por el Caso ‘La Centralita’

Bueno, la Constitución dice que toda persona es inocente hasta que no se la condene; mientras, todas las personas tienen derecho al trabajo y desarrollar su vida profesionalmente. Él es un abogado y nosotros tenemos el mayor respeto por todos los abogados y también por el Poder Judicial; ya se resolverá en su momento. No hay que exagerar cosas que son pequeñas como una simple contratación, desde mi punto de vista.

— ¿Y no había otra persona adecuada para el cargo?

Hay muchas personas …

— ¿Y por qué el señor Benítez?

Bueno, porque fue el elegido.

— ¿Qué podemos esperar al término de su gestión en setiembre?

Lo que vamos a dejar es una jurisprudencia consolidada y unos ratios y números importantes de productividad. Resolveremos todos los casos que llegan al Tribunal de manera rápida y oportuna. Estamos trabajando con los magistrados.