El ex magistrado del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz renunció hoy al grupo especial de trabajo, creado por el Ministerio de Justicia, encargado de dar propuestas para reformar el actual Código Procesal Constitucional.
La convocatoria al ex integrante del TC fue conocida por una resolución publicada en el diario oficial "El Peruano" el pasado viernes, donde también se da a conocer la comisión creada por el Minjus.
"Existe información de la prensa absolutamente distorsionada respecto a mi condición jurídica que pretende falsamente desacreditarme: no tengo proceso penal abierto –nunca en mi vida lo he tenido–, ni he sido condenado por ningún delito", expone Gerardo Eto Cruz en una carta dirigida a la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello.
El ex miembro del TC fue denunciado en diciembre del año pasado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber incurrido en el delito de cohecho por presuntamente recibir una coima de US$ 80 mil del ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales.
Según sostiene, el Congreso recepcionó la acusación constitucional de parte de la Fiscalía de la Nación y, "ante una serie de deficiencias", el Parlamento decidió archivarla.
"Tengo una trayectoria académica imperturbable y bien puedo aportar desde mi modesta experiencia al grupo de trabajo, pero dada la prensa que pretende descalificar con hechos falsos, he decidido renunciar al grupo académico a fin de que mi persona no siga siendo objetivo de maltratos que afectan mi honor, mi honra y reputación", expone.
De otro lado, Gerardo Eto Cruz agradece a la ministra de Justicia el haber sido tomado en cuenta. Del mismo modo, extiende el gesto al viceministro Edgar Carpio Marcos, y al titular de la comisión, Domingo García Belaunde.
Junto a Eto Cruz también fueron nombrados Domingo García Belaunde, Juan Carlos Morón Urbina, José Felix Palomino Manchego, Eluterio Ramírez Jiménez, Anibal Quiroga León y Arsenio Ore Guardia. Los miembros de esta comisión, según indica la resolución ministerial, no cobrarán por sus servicios prestados.
Vale anotar, además, que la denuncia a Gerardo Eto Cruz se basó, entre otras cosas, en la declaración del colaborador eficaz 014-2014, quien dijo que el ex magistrado, cuando era miembro del TC, apoyó a Roberto Torres para que se deje sin efecto una condena que había recibido por peculado y que lo inhabilitó de su cargo por dos años.
Pablo Sánchez presentó su denuncia el 7 de diciembre del año pasado al entonces presidente del Congreso Luis Iberico, con el fin de que sea remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego discutido en el pleno del Congreso [paso necesario para que un alto funcionario sea procesado por un delito en ejercicio de su función].
La denuncia de Sánchez, sin embargo, fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones. El hecho se dio cuenta en la sesión de la Comisión Permanente el 7 de julio de este año, tres semanas antes de que iniciara sus funciones el nuevo Congreso. Marisol Pérez Tello fue una de las integrantes de la comisión que decidió archivar la denuncia.
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