"Funcionarios que ganen más de S/3.950 deben declarar ingresos"

El contralor general de la República Edgar Alarcón indicó hoy que, en el paquete de diez iniciativas legales entregadas a la presidencia del Congreso, una propone que todo funcionario público que tenga una remuneración mensual por encima de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) –es decir S/3,950– estará obligado a presentar una declaración jurada de ingresos y rentas.

“Estamos solicitando que todo funcionario público que obtenga recursos o gane por encima de una UIT debe presentar su declaración de ingresos y rentas a la contraloría”, manifestó Alarcón a la prensa en el Palacio Legislativo.

“A la fecha, tenemos un millón 300 mil funcionarios públicos en el Estado y solo presentan declaración jurada 35 mil de los funcionarios públicos”, advirtió el titular de la Contraloría General de la República.

Otra de las iniciativas legales de la contraloría apunta a modificar la ley de adquisición y contratación del Estado para poder seleccionar a los supervisores de las obras públicas y evitar problemas respecto a su ejecución y posterior entrega.

“Estamos solicitando que se modifique la ley de adquisición y contratación del Estado respecto a los supervisores de obras. Tenemos muchos problemas con las obras públicas que no se llegan a completar, que no llegan a ser eficientes en el tiempo. Entonces, estamos solicitando que los supervisores de obras sean seleccionados por la Contraloría General”, aseveró.

Alarcón dijo que también se ha propuesto al Congreso que los supervisores de las obras públicas sean seleccionados por la Contraloría General de la República y que los informes de control que realicen sean elevados al Parlamento para el correspondiente ejercicio político.

"Si en los informes de control encontramos alcaldes o gobernadores involucrados [en casos de corrupción], el Congreso tiene la facultad de pedir al Jurado Nacional de Elecciones el proceso de vacancia. Si en el informe de control hay ministros involucrados, el Congreso tiene la facultad de iniciar una acusación constitucional”, explicó Edgar Alarcón.

El contralor planteó como meta que, en cinco años, los jefes de las oficinas de control interno de las entidades estatales que manejan recursos públicos pertenezcan a la Contraloría General de la República. En una primera etapa, se ha propuesto alcanzar ese propósito en 150 instituciones públicas que manejan el 80% de los recursos fiscales.

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