Patricia Benavides ha sido suspendida del cargo de fiscal de la Nación. (Fotos: Hugo Perez  /@photo.gec)
Patricia Benavides ha sido suspendida del cargo de fiscal de la Nación. (Fotos: Hugo Perez /@photo.gec)
Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia () descartó que se haya llevado a cabo algún “proceso express” y que todos los procedimientos disciplinarios se rigen por las leyes, tras las críticas por parte de contra la decisión de suspenderla como fiscal de la Nación.

“Todos los procedimientos disciplinarios que realiza la JNJ son predictibles, se rigen por la Ley Orgánica y el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios que son de conocimiento público, especialmente por quienes desempeñan las carreras fiscal y judicial. No hay procesos express”, detallaron en redes sociales.

La junta se pronunció así un día después que lo hiciera Patricia Benavides cuestionando la decisión de suspenderla del cargo de manera preventiva como parte del proceso disciplinario iniciado en su contra.

“Esta resolución exprés como ya se había denunciado tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado vuelvan a apoderarse del Ministerio Público”, aseguró Benavides en una grabación difundida el jueves 7, donde reiteró que la JNJ no tiene pruebas en su contra.

En su publicación, la JNJ compartió las partes de su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios vigente desde el 2020, donde se precisa los tipos de procesos que se pueden iniciar contra los funcionarios cuya elección está a su cargo.

Ahí se encuentra el proceso disciplinario inmediato, diferente al ordinario y al abreviado, que se aplica contra un fiscal (o algún otro elegido por la JNJ) en caso exista “evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular” o se haya “cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”.

La JNJ consideró que en el caso de Patricia Benavides había indicios suficientes de que había cometido hechos irregulares ante las informaciones difundidas sobre una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público.

Todo en base a una investigación contra sus principales asesores, entre ellos Jaime Villanueva, por supuestamente haber hecho negociaciones con congresista para pedir votos en temas como la remoción de Zoraida Ávalos o los miembros de la JNJ y la elección del defensor del Pueblo, a cambio de archivar investigaciones.