La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la reincorporación inmediata de Zoraida Ávalos, como fiscal suprema titular del Ministerio Público (MP).
A través de una resolución a la que accedió El Comercio, dicha sala ordenó la ejecución inmediata de la sentencia que la ex fiscal de la Nación ganó -en parte- anulando la inhabilitación de cinco años en el ejercicio de cargo público, que le impuso el Congreso de la República, en junio del 2023.
Como se recuerda, el 29 de abril de este año, la referida sala superior emitió una sentencia señalando que el Parlamento había vulnerado el debido proceso seguido contra Ávalos Rivera, al no establecer en qué consistía la infracción constitucional al suspender la investigación abierta contra el expresidente Pedro Castillo.
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Y, el último 16 de mayo, el tribunal superior atendió un pedido de “actuación de la sentencia estimatoria” solicitada por la defensa de Ávalos Rivera, disponiendo que sea reincorporada a su plaza de fiscal suprema titular a la brevedad.
La decisión se conoce un día después de que la ex fiscal de la Nación y ex fiscal suprema titular, Patricia Benavides, fuera destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al haber incurrido en la comisión de faltas muy graves y haber transgredido la Ley de Carrera Fiscal.
¿Por qué se ordenó su incorporación inmediata?
Según el documento judicial, la sala superior constitucional recordó que en su fallo a favor de la abogada, se acreditó la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación, ocasionado su inhabilitación para seguir ejerciendo el cargo de Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público.
Por ende, “con la medida de actuación inmediata solo se le estaría restableciendo el ejercicio y garantías de los derechos vulnerados; lo cual es claro que no ocasiona algún daño desproporcionado” al demandado, es decir al Congreso.
Cabe precisar que el Congreso ya interpuso un recurso de apelación que deberá ser aún analizado para ser derivado a una instancia superior.
En otra de las razones explicadas por la Tercera Sala Constitucional de Lima, se precisa que, de mantenerse en suspenso la reincorporación de Ávalos a su cargo como fiscal, no se haría más que extender el tiempo de la lesión a su derecho reclamado.
Sumado a ello, de no atenderse su pedido de ejecución inmediata y si se llega a confirmar la sentencia a su favor, “podría generar una situación irreversible para la demandante” dado el tiempo que podría durar este proceso.
Sobre todo, precisaron, atendiendo a que próximamente cumplirá 68 años de edad, y el límite de edad para trabajar como funcionario del Estado es hasta los 70 años. Siendo así, de no ser atendida, haría irreparable la lesión del derecho reclamado, por lo que al hacer una ponderación, la medida de ejecución inmediata tiene mayor peso.
“De no actuarse en forma inmediata la sentencia, sin duda no solamente tendría incidencia en el aspecto laboral de la demandante, sino también en su desarrollo profesional y proyecto de vida, siendo evidente que esto podría causar daños irreparables.”
Tercera Sala Constitucional de Lima
¿Qué sucederá con la Fiscalía de la Nación?
La orden dispuesta por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que ha sido notificada a las partes este jueves, ordena también oficiar a la Fiscalía de la Nación para que se dé cumplimiento a la reincorporación inmediata de Zoraida Ávalos.
Al cierre de este informe (la noche del jueves) Fuentes del Ministerio Público, habían señalado a El Comercio que estaban a la espera de la notificación oficial que debe realizar la sala constitucional, para que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pueda emitir la respectiva resolución de reincorporación.
Este viernes fue publicada la resolución que reincorpora como fiscal suprema titular a Zoraida Ávalos y se le designa en la Segunda Fiscalía Suprema Penal. La norma fue firmada por el titular del Ministerio Público.
Una vez se oficialice el retorno de Ávalos Rivera, señalaron las fuentes, se convocará a la elección de la nueva o el nuevo fiscal de la Nación.
Esto, debido a que Villena Campana fue designado para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación de manera interina, durante los seis meses de suspensión que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aplicó a la ex fiscal de la Nación y ex fiscal Suprema Titular.
Juan Carlos Villena Campana, Fiscal de la Nación (i).
Sin embargo, indicaron fuentes del MP, al haber sido destituida Benavides Vargas, lo que corresponde es que se elija a un nuevo titular para la Fiscalía de la Nación para un período de tres años, como señala la ley.
Bajo este escenario, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público procederá a elegir al próximo fiscal de la Nación entre: Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Juan Carlos Villena Campana y Delia Espinoza Valenzuela.
Sánchez Velarde, quien ya ha declinado en varias oportunidades a ocupar nuevamente el cargo de FN, actualmente tiene una investigación en curso ante la JNJ, por su mención en presuntos actos irregulares vinculados al proceso que se sigue contra Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal al interior del MP.
Pablo Sánchez fue fiscal de la Nación y actualmente es fiscal supremo. (Foto: Andina)
Ávalos Rivera, por su parte, aún debe esperar la confirmación de la decisión del Poder Judicial respecto a la vulneración de sus derechos por haber sido inhabilitada, ya que el Congreso apeló la decisión que ordena su reincorporación.
Villena Campana ha venido ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación interino por casi seis meses y durante este período ha interpuesto diversas denuncias constitucionales contra congresistas y abrió investigaciones contra la presidente Dina Boluarte por presuntos actos de corrupción.
Espinoza Valenzuela, por su parte, tiene a su cargo la investigación penal contra Benavides Vargas y varios implicados en su presunta red criminal.
Fiscal suprema titular, Delia Espinoza.
Defensa de Benavides acudirá al Poder Judicial
De otro lado, la defensa de la destituida fiscal Patricia Benavides, adelantó a este Diario que acudirán al Poder Judicial, vía un recurso de amparo, para cuestionar la decisión de la Junta Nacional de Justicia.
Como se recuerda, el último miércoles, la JNJ decidió por unanimidad destituir a la exfiscal de la Nación, por haber utilizado su cargo y atribuciones para remover a la exfiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides.
Por unanimidad también se destituyó a la fiscal Azucena Solari y, por mayoría, a la jueza Enma Benavides.
Juan Peña, abogado de Benavides, explicó que se encuentran esperando la notificación de la resolución por parte de la JNJ, a fin de poder interponer un recurso de reconsideración ante la misma instancia.
Señaló que, una vez notificados, tendrán un plazo de 3 días para presentar la reconsideración y la JNJ tendrá un plazo de 10 días para emitir una respuesta.
Sin embargo, recordó que no esperan tener una respuesta dentro del plazo legal, ya que en el proceso disciplinario inmediato, apelaron la suspensión que se le aplicó a su patrocinada y no han tenido respuesta pese a que ya transcurrieron 150 días.
“Creo que tenemos que presentar la reconsideración, esperar los diez días, y si no resuelven ir a la vía constitucional, porque no puedo esperar sentado dos años, cincuenta días o cien días. O en todo caso, si la van a confirmar (la destitución), lo hagan de una vez para poder irme ante un ente imparcial como el Poder Judicial.”
Juan Peña, abogado de Patricia Benavides
Sobre las razones de la destitución, Peña objetó como uno de actos más lesivos para su patrocinada, el que la JNJ no haya aceptado realizar una pericia al informe que presentó el ex gerente del MP, Abel Cartolín, donde se señalaba una presunta baja productividad de la fiscal Revilla Corrales.
“Algo grave es que no se hizo una pericia para determinar si el documento del señor Cartolín era falso o no. Porque si el documento era verdadero y la conclusión era verdadera ¿de qué falso documento para sacar a la doctora Revilla estamos hablando?”, cuestionó.
Insistió en que lo más adecuado y justo para el procedimiento era realizar una pericia, ya que se tenían dos documentos. Uno que determinaba una baja productividad y otros que contradecía ello.
(Foto: El Comercio)
Así también, deslizó la posibilidad de que la votación en contra de su patrocinada por parte de integrantes de la JNJ, haya sido por miedo a represalias.
“Entiendo el interés de manchar el nombre de la doctora Benavides, de sacarla antes del 5 de junio, ya lo lograron. Yo creo que algunos miembros de la junta han votado por miedo a ser denunciados o allanados, ya que eso pasó con el doctor (Juan Carlos) Checkley, que declaró infundado un impedimento de salida del país (contra Benavides) y terminó denunciado”, alegó.
De otro lado, indicó que la decisión de la JNJ no afectaría a los procesos penales contra Benavides Vargas; y que en todo caso, lo que ocurriría es que el pedido de suspensión en las funciones que la fiscalía solicitó al Poder Judicial, caería en una “sustracción de la materia” (desaparición de los supuestos alegados), ya que su patrocinada dejó de ser funcionaria del MP.
Peña aseguró que pese a su destitución, Benavides Vargas aseguró la presencia de esta para continuar colaborando con la investigación.
