No vi a Francisco, ni veré a Xi Jinping. Crónica de Fernando Vivas

Eoe, OEA

Recorramos el círculo de la OEA, que en el caso del Perú comenzó virtuoso pero podría tornarse perverso. Les cuento la historia con la ayuda del embajador en retiro, Hugo de Zela, que no solo ha sido nuestro embajador ante la OEA sino jefe del gabinete técnico de los secretarios generales (SG), Joao Baena Soares y José Miguel Insulza, predecesores de Luis Almagro. De Zela resume así el proceso que llevó a que la OEA puliera sus mecanismos de intervención hasta llegar a la Carta Democrática Interamericana (CDI): En 1985 se modificó la carta de la organización para dar mayor margen de intervención al SG. En una asamblea en Chile se aprobó la resolución 1080 que permitió enviar misiones y mediar en mesas de diálogo en países con situaciones críticas.

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¿Saben dónde se aplicaron por primera vez los mecanismos de la Res. 1080? En Haití tras el golpe de Jena Baptiste Aristide en octubre de 1991 y en el Perú, cuando Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. La OEA promovió un diálogo que ayudó a encontrar una salida política, que fue convocar al Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1993. Con el paso de los años, la OEA vio que necesitaba una herramienta que le permitiera intervenir preventivamente ante situaciones complejas, sin esperar a que llegara un golpe. En la cumbre de las Américas en Quebec en el 2000 (las asambleas son de cancilleres, las cumbres de presidentes), se decidió preparar tal herramienta. Sin embargo, antes de que ella existiese, en le mismo 2000, la OEA promovió en el Perú, lo que llamó un ‘diálogo democratizador’ entre oposición y gobierno. Esa vez, la organización sí fue sensible a las denuncias sobre la corrupción en el gobierno (esta vez parece no serlo). Se lograron acuerdos como la desactivación del SIN y la renuncia de Montesinos y, sobre todo, se consolidó la alianza entre los opositores que poco más tarde apoyaron la sucesión de Valentín Paniagua cuando Fujimori huyó aprovechando una cumbre de la APEC en Brunei (otro círculo a la vez virtuoso y perverso).

Sigamos con la OEA. Tras el trance del 2000, Lima fue sede de la asamblea de cancilleres en setiembre del 2001, ya con Toledo de presidente y Diego García Sayán de canciller. El país anfitrión tenía que preparar ese documento central con los principios que estaban implícitos en el mandato de Quebec y se le llamó CDI. Nuestro embajador ante la OEA, Manuel Rodríguez Cuadros fue el principal encargado de su elaboración y se aprobó por aclamación (consenso), precisamente ‘el 11 S’, el día en que terroristas de Al Qaeda derrumbaron las torres gemelas del World Trade Center. El secretario de estado (canciller) de EE.UU., Colin Powell, tuvo que abandonar la cumbre para volar a Washington. Rodríguez Cuadros ha recordado su autoría de la CDI en una columna publicada en la página de RPP el 22 de agosto y ha destacado su aplicación en la crisis de Bolivia del 2001. Entrelíneas, alentaba su invocación en el Perú. Le hicieron caso.

Volvamos a esta historia a la carta. En el 2018, PPK, jaqueado por una primera moción de vacancia, quiso pedir la activación de la CDI. Le pidió a su canciller y amigo Ricardo Luna, haver la gestión, pero este se puso trejo y se negó a hacerlo. Eso le costó el cargo y la suspensión por algunos años, de su amistad; pero ese es otro cuento. El propio PPK tuvo que llamar al secretario de la OEA, Luis Almagro, que, dentro de su margen de maniobra, y teniendo en cuenta el apuro, envió una misión con dos delegados. La organización, por cierto, permite al SG intervenir directamente en las crisis. Para la segunda moción de vacancia, vino el propio Almagro, delatando cierta simpatía ante la precariedad de PPK. Ahora, con Rodríguez Cuadros en la órbita del gobierno como embajador ante la ONU y Harold Forsyth de embajador ante la OEA, la cancillería ha pedido que se active la carta que se aprobó en Lima.

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La OEA, simplemente, recibe y tramita el pedido que hace el país miembro. Nombra a la misión, que será autónoma y hará un informe con recomendaciones. La oposición, cerrando un pequeño círculo dentro del más grande, conoce los límites de la OEA desde que una delegación que creía en la tesis del fraude electoral, tocó su puerta, sin éxito, en julio del 2021. Almagro no los recibió personalmente. Quedó el resquemor y una lección: ni politizar ni hacer gran caso a lo que estos entes multilaterales –y ‘caviares’ a entender de los más radicales- digan o hagan. Con espíritu práctico, José Williams, el presidente del Congreso y otros congresistas, han optado por asumir la visita con una ‘respetuosa indiferencia’.

Así las cosas, a Castillo se le fue el entusiasmo por lo que anunció el 19 de octubre en circunspecto mensaje a la nación, flanqueado por sus ministros que miraban al techo y a los lados, preocupados por si estaban dando respaldo simbólico al presidente o poniéndose en la mira de alguna arremetida fiscal. Presumo que, en ese momento, no se percató de que en el camino estaba la cumbre de la APEC en Tailandia (del 18 al 19 de noviembre) y la visita podía chocar con su pretensión viajera. Pregunté a una fuente de la OEA si hubo alguna gestión del gobierno para modificar la fecha de llegado de la misión, que será el 20. Me aseguraron que no la hubo, pues una vez formado el grupo de 5 cancilleres, 2 vicecancilleres y, como coordinador de la secretaría general, el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga; nadie, ni Almagro, se impone sobre él. El tiempo es el que manda, porque en dos días, poco podrá recabar esta gente que tiene asuntos más apremiantes que atender en sus países. Tiene razón el amigo ex canciller con su escepticismo sobre el resultado de la misión en nuestros lares.

Es el propio grupo el que fija su agenda. Es probable, que este mismo buscó hacerlo o antes o después de la cumbre de la APEC, en previsión de que Castillo querría asistir a ella. Fue una fatal coincidencia, que puso al gobierno en situación vulnerable. Si Castillo pedía una misión con argumentos tales como que peligraba la democracia ante “una nueva modalidad de golpe de estado”, ¿cómo así pedía al Congreso permiso para irse 6 días a Tailandia?. Si el Congreso, con buen cálculo, lo dejaba ir, le arruinaba el discurso quejumbroso ante la misión. Muy probablemente, las bancadas que amenazaron con negarle el permiso iban a entrar en razón y desearle buen viaje. Pero nos quedamos sin saberlo pues el viernes en la tarde, Castillo abortó el viaje –según se puede intuir en este relato- en buena parte para dejar al Congreso como un ente obstruccionista. En rigor, el Congreso no decidió nada, pero al darle largas a la solicitud, contribuyó a la cancelación del viaje. Williams no tiene reflejos y Castillo no tiene consistencia: pedir que se active la carta, querer irse de viaje cuando viene la misión, desistir del viaje porque el Congreso no lo atendió de inmediato, es mucho tumbo. Sumen a los tumbos, que el canciller Landa anunció la intención de solicitar una reunión bilateral con Xi Jinping. Pregunté si esta ya estaba coordinada, pero una fuente diplomática me dijo que ello no se podía hacer, sin estar seguros del viaje.

Pregunté a mi fuente de la OEA si se buscó un equilibrio de orientaciones políticas de los gobiernos de los integrantes de la misión. Me dijeron que esta se formó de acuerdo al interés de los integrantes de la comisión permanente y que se trata de cancilleres, algunos de ellos, políticos de fuste, como el argentino Santiago Cafiero o el ecuatoriano Juan Carlos Holguín, que difícilmente van a molestar a sus respectivos presidentes pidiéndoles indicaciones al elaborar un informe sobre el Perú que será decisión colectiva del grupo.

Hay un detalle que pasó poco percibido fue la visita del guatemalteco Stuardo Ralón, comisionado de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Perú. Este, acompañado de la relatora de temas económicos y ambientales, nos visitó entre el 10 y el 13 de octubre, habló con mucha gente e hizo un informe que la OEA presentó en Comunicado de Prensa el 19 de octubre con este título: “CIDH observa riesgos a la institucionalidad democrática y llama a las instituciones a ejercer su mandato con apego a la legalidad y debido proceso”. De hecho, aunque mis fuentes de gobierno no me lo precisan, podemos sospechar que el informe de Ralón, difundido ese día, fue clave para que en esa misma noche, el gobierno metiera a la CDI en un desproporcionado mensaje a la nación.

¿Qué dice Ralón?. Pues lo más serio es que encuentra que hay tres figuras –la acusación constitucional, la vacancia por incapacidad moral y la disolución del Congreso ante dos denegatorias de confianza- que entrañan riesgos a los derechos políticos de elegidos y electores. La disolución congresal es la figura más perversa y recomienda que desaparezca del orden jurídico, así de simple. Sobre acusación y vacancia dice: “Se reitera que, si bien en algunos casos los órganos legislativos pueden ejercer funciones jurisdiccionales para garantizar el equilibrio de poderes, sus restricciones deben observar el principio de legalidad y que las conductas a ser sancionadas estén preestablecidas”.

O sea, a Ralón le preocupa, como a tantos, que la indefinición o vaguedad de la incapacidad moral permanente colisione con el principio de legalidad; pero hace la salvedad de que ‘en algunas ocasiones’ el Congreso puede ejercer estas ‘funciones jurisdiccionales’. Le sorprende, al comisionado, que el Tribunal Constitucional no haya intervenido para definir lo indefinuido. Su “falta de pronunciamiento ha contribuido a la situación de incertidumbre jurídica sobre la interpretación de dicha figura constitucional [la vacancia]”. Y eso que no machaca que Vizcarra pidió al TC esa definición, y este se lavó las manos. También, sostiene Ralón, es el TC y no al Congreso, a quien la fiscal Liz Benavides, debió dirigirse para procesar si su denuncia constitucional contra Pedro Castillo tiene viabilidad a pesar del Art. 117 de la Constitución que establece las causales por las que puede ser acusado, y entre ellas no figuran los cargos de corrupción.

Todo esto -no se alarmen- no es vinculante. Son opiniones y alertas del comisionado encargado del Perú por la CIDH y que la misión que llega el 20, probablemente lea sin sentirse obligada a tenerlas en cuenta al elaborar su informe, que tampoco será vinculante. En el texto de Ralón, además, no se enfatiza la preocupación por las denuncias de corrupción sino por debidos procesos, principios de legalidad y equilibrios de poderes. Esa omisión podría no repetirse en el informe de la misión.

Misión e informe, repito, no harán conclusiones vinculantes y cuidarán los sesgos favorables a Castillo o a las fuerzas de oposición. Promoverán diálogos que dependen que los que se quieran sentar en la mesa. El gobierno no ganará el respaldo efectivo de la OEA ni de los cancilleres vecinos, solo ganará tiempo.

Adiós Tailandia

Al enterarnos del propósito viajero de Castillo, reparamos en una noticia que pasó desapercibida. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció, en nota de prensa del pasado 10 de febrero, que Perú será sede de la cumbre de APEC del 2024 (en el 2023 será Estados Unidos). La sorpresa es cronológica: Perú ya fue sede en el 2008 y el 2016 y vimos desfilar a Putin, Barak Obama, Xu Jintao. Seríamos sede por tercera vez; como sucederá con Tailandia este noviembre.

¿Por qué el anuncio lo hizo le Mincetur y no la cancillería? Porque el Asia-Pacific Economic Cooperación o Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, está concebido como una cumbre de economías nacionales, antes que de estados. En realidad, el ministro Roberto Sánchez ha mostrado más interés que la actual cancillería en el asunto; pero fue el ex canciller Óscar Maúrtua quien propuso, en setiembre del año pasado, a Castillo y a los ministros, plantear a Perú como sede. Lo anunció el 17 de noviembre en una conferencia de prensa tras el consejo de ministros. Y recién en febrero, APEC oficializó a Perú como sede para el 2024. El pasado 10 de julio, el decreto supremo 042-2022 RE, declaró de interés nacional esa cumbre. El lirismo declarativo no solo se da en normas del Congreso, también en el Ejecutivo.

No sabemos si Castillo se perderá la cumbre del 24, por vacancia, renuncia o lo que fuera; pero ya decidió perderse la de Tailandia. ¿Será el primer presidente peruano que, por propia voluntad (aunque le achaque la culpa al Congreso) decida no asistir a una? No, pues Alan García, en el 2006, primer año de su segundo gobierno, envió a su vicepresidente Luis Giampietri en su nombre. Luego se arrepintió, y estuvo puntualmente en las cumbres que siguieron. En la del 2008, en Lima, promovió una visita de Estado de Xu Jintao, entonces presidente chino, y lo paseó en auto descapotable por el centro histórico. En el 2016, PPK, recién estrenado, se codeó con Putin y con Obama.

Pedro se quedó sin conocer a Francisco cuando le negaron el permiso para viajar a Roma en octubre y no volverá ver a Joe Biden, con quien se abrazó en Los Angeles y Washington; aunque esto último no es un drama, pues está prevista a ausencia de Joe, que, según varios pronósticos, será aprovechada por Putin. A quien no conocerá es a este último ni a Jinping. En su lugar recibirá a cancilleres vecinos, suerte de oidores del siglo XXI, que se estarán preguntando si sabe qué quiere de ellos, del Perú, de la oposición, de las circunstancias extraordinarias que le ha dado la vida y lo exceden.