A Javier León Mancisidor (izquierda) hace 10 años se le abrió investigación por presunto fraude. Fernando Zevallos (derecha), el ‘Lunarejo’, fue condenado por narcotráfico y lavado de activos. (Foto: El Comercio)
A Javier León Mancisidor (izquierda) hace 10 años se le abrió investigación por presunto fraude. Fernando Zevallos (derecha), el ‘Lunarejo’, fue condenado por narcotráfico y lavado de activos. (Foto: El Comercio)
Víctor Reyes Parra

El presidente ordenó dar por concluida la designación de como titular de la Procuraduría General del Estado (PGE). En su lugar, nombró a Javier Wilfredo León Mancisidor, un abogado que fue investigado por la fiscalía como parte de un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.

La resolución que cesa a Caruajulca y la que designa a León fueron publicadas el jueves pasado en el diario oficial “El Peruano”, con las firmas del mandatario y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, . En el caso de la primera, se argumenta la “pérdida de confianza”, mientras que sobre el segundo se indica que su nombramiento se dio a propuesta del titular del Minjus.

En su edición del 25 de enero del 2013, El Comercio informó que la fiscalía estaba investigando a León Mancisidor por un presunto fraude a favor de Zevallos, quien por entonces cumplía una condena de 20 años por narcotráfico y hoy tiene otra de 27 años por lavado de activos. En la fecha de esa publicación, León trabajaba como asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino.

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La investigación se abrió en abril del 2012 por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal. Se le imputó –de acuerdo con el referido informe– ser el supuesto autor de un fraude que facilitó a Zevallos frustrar el desalojo de su familia de una residencia en Las Casuarinas, Surco, valorizada en US$1 millón. En sus descargos, León dijo que su accionar fue legal y que solo conocía a Zevallos porque tuvo que hacer “una transacción extrajudicial con él”.

Luego de la publicación de ese informe, Tubino informó que había decidido cesar a León como su asesor.

El 10 de agosto del 2013, otra publicación de este Diario dio cuenta de que el Decimotercer Juzgado Penal de Lima ya estaba procesando a León y a otras personas. El caso siguió en marcha al menos hasta abril del 2019, según se desprende de un edicto judicial publicado en “El Peruano” el 2 de ese mes. Allí se notificó a León y a otros tres procesados sobre la programación de una audiencia de informe oral sobre el caso.

El Comercio consultó a la Corte Superior de Justicia de Lima sobre el estado del caso, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Defiende designación

León Mancisidor es un abogado de 45 años nacido en Lima. Según los registros de la Sunedu, es bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres.

Además de su rol como asesor en el Congreso, ocupó cargos como subgerente de abastecimiento y soporte técnico de la Municipalidad de Punta Negra, asesor en la Municipalidad de Ventanilla y jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Municipal de Los Olivos.

Su declaración jurada de intereses, disponible en el portal de la PGE, no da cuenta de otros puestos de trabajo previos a su actual cargo.

El procurador general del Estado, como titular de la entidad, es miembro del Consejo Directivo de la PGE.

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El decreto legislativo que creó la PGE establece que para ser miembro del consejo directivo se requiere, entre otras cosas, no haber sido condenado por delito doloso ni estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública; no tener procesos pendientes con el Estado, salvo procesos por derecho propio; gozar de idoneidad profesional y experiencia en gestión pública o políticas públicas; y en el caso del procurador general, tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado”.

El Comercio consultó al ministro Félix Chero sobre si conocía de la investigación a León por presunto fraude a favor de Zevallos y qué criterios consideró para proponerlo –según lo que indica la resolución en “El Peruano”– como procurador general. Su respuesta fue que “toda designación se realiza cumpliendo requisitos de ley”. Cuando se le preguntó si León les informó o si desde el Ejecutivo averiguaron sobre este proceso vinculado a Zevallos, que era noticia pública desde el 2013, Chero replicó: “Lo que se verifica es que no tenga antecedentes penales y del registro oficial, no los tiene”.

Ante preguntas similares, desde la PGE comentaron que a León aún no se le había hecho la entrega del cargo.

Según el Minjus, León tiene título de abogado y estudios de maestría y cuenta con experiencia en la defensa jurídica del Estado, pues trabajó en una procuraduría del Ministerio del Interior.

Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, el exprocurador José Ugaz consideró que la designación de León es “lamentable y sumamente preocupante”.

“Lo que busca el presidente, porque él es quien firma la disposición, es protegerse y evitar que se le generen, desde el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, situaciones complicadas como las que está padeciendo del lado del Ministerio Público”.

Ugaz señaló que el procurador general debe tener “autonomía y legitimidad ética” para conducir denuncias y participar en casos que involucran a altos funcionarios. “¿Con qué legitimidad alguien que está vinculado a investigaciones del ‘Lunarejo’ y a delitos contra el patrimonio va a poder promover investigaciones en defensa de los intereses del Estado?”, cuestionó.

Ugaz también incidió en que, como ocurrió antes con Daniel Soria, la “pérdida de confianza” no está establecida en la ley como una causal para destituir a un procurador general. La misma crítica hizo Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

Sobre la respuesta que dio Chero, Rotta la calificó de “legalismo”. “El Gobierno no ha dado señal de intentar corregir las decisiones que, vistas en conjunto, muestran una estrategia de abusar del poder para protegerse de las investigaciones”, indicó.

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