Ocho visitantes del congresista Edgar Tello ganaron contratos con el Estado por S/244 mil

Personas cercanas y visitantes recurrentes del congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial), defensor del expresidente Pedro Castillo y a quien la fiscalía investiga por el Caso ‘Los Niños’, obtuvieron contratos –vía órdenes de servicio– por primera vez en ministerios y entes públicos tras ir a su despacho.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

MIRA: Fuerza Popular pide reconsiderar votación de la sanción contra congresistas del caso ‘Los Niños’

El Comercio revisó el registro de ingresos a la oficina de Tello, docente y sindicalista que acompañó a Castillo en la huelga del 2017, y constató que el patrón se repite con por lo menos ocho personas que estuvieron en el despacho del parlamentario por Lima. Por los contratos, casi todos durante el gobierno de Castillo, recibieron S/244.300 en total.

Entre esas personas está Sonia Suárez Fernández, esposa de Tello, como señala en su declaración jurada de intereses. Hasta hace unos meses, Suárez, visitante frecuente de la oficina del congresista, no había ganado contratos con entidad estatal alguna vía órdenes de servicio. Sin embargo, en julio del 2022 la docente fue contratada para labores contables en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, por S/9 mil.

Cuatro meses después, en noviembre del año pasado, obtuvo otra orden de servicio por el mismo monto, esta vez en el Ministerio de Justicia, donde debía cumplir funciones de “asistencia técnica académica”.

Suárez se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores, requisito para contratar con el Estado, días antes de ganar su primera orden de servicio.

Hasta agosto del 2022, Hernán Rodríguez Antón fue asesor principal de Tello. En setiembre del año pasado, inmediatamente después de dejar la oficina de Tello, logró órdenes de servicio en el Ministerio de Educación (Minedu) para “asistencia administrativa”.

Los dos primeros contratos fueron durante la gestión de Rosendo Serna, quien apoyó al Fenate Perú, gremio magisterial que Castillo y Tello fundaron en el 2017. Rodríguez recibió S/34.800 entre setiembre del 2022 y enero último.

Una de las primeras reuniones que Serna tuvo como ministro fue con congresistas de la ahora bancada del Bloque Magisterial (en ese momento estaban en Perú Libre), el 4 de enero del 2022. Tello asistió.

Lucy Díaz Huamanlazo, quien no registra información en Sunedu, se reunió con Tello en setiembre del 2021. Días después, ganó contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para elaborar informes sobre “acciones administrativas” por S/71.000. Se inscribió como proveedora del Estado un día antes de obtener su primera orden de servicio.

Situación similar es la de Marilyn Vega Gamboa, abogada que visitó cinco veces el despacho del legislador entre agosto y diciembre del 2021. Luego fue contratada en el MTC bajo la misma modalidad. Entre agosto y noviembre del 2022, recibió S/28 mil.

Rolando Oscco Solórzano, quien tiene un doctorado en Educación, sostuvo varias reuniones con Tello. Una fotografía de un almuerzo –publicada en redes sociales– muestra la cercanía entre ambos. Tras sus visitas, Oscco obtuvo órdenes de servicio para la “validación de expedientes” en el Programa Educación Básica para Todos, que depende del Minedu, por S/38.500.

La figura se repite con otras tres personas: Francisco Medina Heredia, Eugenio Córdova León y Valeria Mendoza Rodas.

Medina no registra información en Sunedu, pero ganó contratos por primera vez con el Estado tras visitar a Tello. Fue contratado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por S/21 mil.

En enero del 2022, Córdova, licenciado en Educación, fue contratado en el Programa Nacional Cuna Más por S/21 mil. Meses antes había estado en la oficina del legislador.

Mendoza, quien egresó de la carrera de periodismo el año pasado, visitó varias veces el despacho. El 21 de marzo del 2022, se reunió con Tello. Ese mismo día, ganó una orden de servicio en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por S/6 mil. En junio también fue contratada.

Para Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, los contratos mencionados guardan relación con la investigación del Caso ‘Los Niños’.

Sobre la orden de servicio de la esposa, dijo: “No se trata de que pueda estar permitida, se trata de un modus operandi de una organización criminal que tenía por habitualidad apropiarse de los recursos públicos y copar el Estado”.

El congresista Edgar Tello negó que hubiese intervenido en alguna de las contrataciones mencionadas. “No creo que sea delito que visiten mi oficina y luego puedan tener alguna convocatoria laboral [...]. Mi despacho es de puertas abiertas”, contestó a El Comercio.

“Como bancada de gobierno respaldábamos al gobierno sin ningún condicionamiento”, agregó.

Respecto al caso de la esposa de Tello, David Mujica, abogado del congresista, afirmó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional (03150-2017) sobre las contrataciones de familiares de funcionarios: “El TC ya dejó zanjado el tema. Las esposas de los congresistas o de determinados funcionarios sí pueden contratar con el Estado. […] comenzando por la esposa del señor Tello, ahí no habría ninguna irregularidad”.

Remarcó que Tello “está colaborando con las investigaciones”.