Capturan a Geiner Alvarado luego de dictarle prisión preventiva: el caso del exministro y lo que se sabe de su detención

Horas después de conocerse la decisión judicial, Jorge Angulo, comandante general de la policía, informó que el exministro había sido capturado en La Molina tras un operativo. La policía precisó que la detención se realizó a las 7:30 p.m. cuando Geiner Alvarado “pretendía ingresar a un vehículo” en ese distrito limeño.

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Fuentes ligadas a la PNP manifestaron que el exministro fue detenido cuando intentaba escapar. Sin embargo, su defensor legal, Humberto Abanto, declaró luego a la prensa que el exministro estaba regresando de “comprar las cosas que necesitaba para permanecer privado de su libertad”.

“Estaba dejando encargos porque se iba a ir a entregar conmigo. Uno debe dejar todo ordenado en esas circunstancias”, afirmó el abogado a El Comercio. Agregó que hasta el viernes por la noche, no le habían notificado la resolución judicial.

Humberto Abanto también refirió que se comunicó con el teniente que ejecutó la detención y le dijo que en ese momento no podía acceder a la orden judicial. Por ello, indicó que pedirá que se investigue si la policía tenía la orden al momento de la intervención.

Imágenes a las que accedió El Comercio muestran al exministro siendo intervenido el viernes por la noche por agentes en un condominio de La Molina. También se ve que tenía dos celulares, tarjetas y dinero en efectivo al momento de su intervención, y que fue esposado antes de ser trasladado a bordo de su vehículo.

Geiner Alvarado fue llevado a la dependencia del equipo especial de la PNP, ubicado en sede central del Ministerio Público, a donde llegó a las 8:56 p.m. Desde allí indicaron que sería trasladado a Medicina Legal. Por la orden judicial, corresponde su internamiento en un penal.

La medida fue solicitada originalmente en febrero contra Castillo, Alvarado y Juan Silva, el prófugo exministro de Transportes. Para la fiscalía, el expresidente encabezó una red criminal dentro de su gobierno, supuestamente dedicada a lucrar con licitaciones y otros procesos; mientras que los exministros fueron parte de esa red en sus respectivos sectores.

El 9 de marzo, Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, dictó prisión preventiva para Castillo y Silva. La medida contra el expresidente –ahora ratificada en segunda instancia– es paralela e independiente a la orden de 18 meses de prisión preventiva que cumple desde diciembre en su proceso por rebelión en torno a su golpe de estado.

Sobre Alvarado, Checkley resolvió entonces que había elementos de sospecha grave de la comisión del delito de organización criminal, pero que no había riesgo de fuga para darle prisión preventiva. Según el juez, su conducta ante la investigación había sido “adecuada”.

Por ello, optó por darle libertad con restricciones, como la de no ausentarse de Lima y Callao sin permiso judicial, no comunicarse con testigos y coinvestigados, y el pago de S/35 mil de caución. La fiscalía apeló la decisión respecto a Alvarado para insistir en que se le dicte prisión en segunda instancia. Las defensas del expresidente y de Juan Silva hicieron lo propio para que se les revoque la prisión.

La audiencia de apelación fue el último miércoles. Allí, la fiscal Sylvia Sack dijo que Alvarado no tiene arraigo domiciliario, familiar o laboral, lo que suma a un peligro de fuga.

También indicó que en su paso por el Ministerio de Vivienda se contrató a 233 personas como personal de confianza y a 2.090 por locación de servicio, por lo que desde el sector se podría “permitir la posibilidad de destruir, inutilizar u ocultar documentos o dispositivos que puedan contener información relevante para la investigación”, sostuvo. Con ello, pidió le impongan 36 meses de prisión preventiva.

Humberto Abanto, abogado del exministro, replicó que la fiscalía no acreditó ningún riesgo concreto de fuga o de obstaculización de su defendido. Así, pidió que se confirme la comparecencia. Alvarado también participó para reafirmar que su conducta ha sido “correcta” durante el proceso y que está dispuesto a colaborar con las pesquisas; mientras que Castillo volvió a negar que haya dirigido una red criminal.

Luego de dos días, la sala informó de su decisión: variar la comparecencia de Alvarado por 36 meses de prisión preventiva, así como ratificar esa misma medida contra Pedro Castillo, la cual expirará el 8 de marzo del 2026, y contra el prófugo Juan Silva.