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La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que ha ordenado que la institución que preside resuelva con celeridad las investigaciones en curso, entre ellas las que alcanzan a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
“Hemos dispuesto que todas las investigaciones sean céleres. [...] El rol del Ministerio Público es investigar. [...] Estamos yendo con fuerza, avanzando”, dijo en diálogo con “Punto Final”.
Benavides añadió que se están reforzando los equipos especializados en derechos humanos, a raíz de las investigaciones por los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso, que se iniciaron en diciembre pasado.
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En esa línea, se refirió al equipo especial de la fiscal superior Marena Mendoza Sánchez, coordinadora de las fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad.
“Se han creado 29 despachos a nivel nacional y el equipo especial se ha fortalecido con seis despachos más. [...] Quiero que se esclarezca la verdad y que la población conozca de resultados, pero de resultados que tengan los elementos de convicción necesarios para determinar quiénes son los responsables y se sancionen”, dijo.
En julio pasado, la Fiscalía de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento de revelación de información para que la Policía y las Fuerzas Armadas entreguen sus planes de operación para el control de manifestaciones sociales.
En tanto, el último viernes, el programa “La Encerrona” reveló informes reservados de las Fuerzas Armadas que señalan que el Ejército no estuvo preparado para enfrentar las protestas de diciembre pasado en Ayacucho.
Según información a la que accedió el citado programa, el Ejército no tenía equipos disuasivos no letales para controlar las manifestaciones, por lo que empleó otro tipo de armas.
