Casa de Sarratea: PJ registra incautación de vivienda donde operó Pedro Castillo

El Poder Judicial ejecutó la inscripción de la incautación judicial dispuesta sobre la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea 179 (Breña) propiedad del prófugo Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, investigado como parte de la red criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo.

El registro ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) se realizó el pasado 11 de enero, en atención a la orden de allanamiento e incautación del inmueble dispuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, ejecutada el 6 de enero.

LEE TAMBIÉN: Casa de Sarratea es incautada y pasa a manos del Estado: los argumentos para el allanamiento

“El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia, que despacha el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó registrar la medida cautelar de incautación efectuada sobre el presente inmueble en el proceso seguido contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y otros, sobre actos de corrupción”, señala la partida registral obtenida por El Comercio.

MIRA: Alberto Otárola rechaza adelanto de elecciones al 2023 porque no garantizaría requisitos de Ley Electoral

Las razones para incautar el bien, según la fiscalía, es fue uno de los lugares en los que se habría maquinado diversos actos de corrupción entre el entonces presidente Pedro Castillo, sus familiares, amigos y ministros.

Sánchez Sánchez es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en el despacho del Equipo Especial Fiscal Contra la Corrupción del Poder.

Según la fiscalía, el prófugo empresario sería “integrante, financista y coordinador” de la presunta organización criminal liderada por Castillo Terrones, con quien conjuntamente, habrían realizado diversos actos con la finalidad de beneficiarse económicamente.

Sánchez habría integrado el “buró político” del expresidente y como tal habría intercedido ante altas instancias del poder, incluso ante el mismo Castillo Terrones y el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, para lograr el direccionamiento de 34 obras públicas para su financiamiento irregular.

Apelación al voto

Segundo Alejandro Sanchez Sánchez a través de su abogado Paulo Díaz, presentó los argumentos de su apelación a la orden de prisión preventiva en su contra por 30 meses.

Díaz aseveró que los elementos no serían sólidos ya que se tomaron en cuenta versiones de personas no vinculadas Sánchez como ex viceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, y rechazó las afirmaciones del confesor sincero Hugo Espino, sobre un aporte millonario a la campaña de Castillo.

En esa línea, afirmó que el aporte de S/46 mil 800 a Perú Libre, en las elecciones del 2021 fue una “suerte de no saber qué era lo que podía suceder luego”.

Aseveró que Sánchez se presentó a todas las diligencias que en su momento programó la fiscalía y que tiene arraigo familiar. Además, que su patrocinado afirma que no ha cometido ningún delito por lo que solicitó que se revoque la medida de prisión preventiva por una “menos gravosa”.

Al ser consultado sobre su presencia en las reuniones donde se analizaron las obras con funcionarios del Ministerio de Vivienda, sostuvo que fue por una razón de “cercanía” y su vivienda estaba cerca. Agregó que prestó su vivienda a Castillo, porque era “su paisano”.

Por su parte, el fiscal superior James Reátegui Sánchez solicitó que se rechace el pedido de la defensa del prófugo dueño de la casa de Sarratea.

Recordó que el juez de primera instancia ha valorado adecuadamente los elementos que se presentaron en contra del investigado, como las declaraciones de colaboraciones eficaces, las acciones de obstrucción como la desaparición de pruebas (se quemaron libretas de registros) y las reuniones en las que participó Sánchez Sánchez para las coordinaciones a fin de incluir las obras que debían recibir financiamiento.

El fiscal recordó que el investigado no tendría arraigo y que no se le ubicó en los cuatro domicilios (Cajamarca, Suquillo, Breña y Asia) a los que es vinculado, cuando se ordenó su detención. Además, dijo Reátegui, era uno de los interesados en buscar la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba a la fiscalía.

“Lo importante es la pertenencia a la presunta organización criminal. Es importante lo que dice el juez, porque parte de la premisa de que para la obstaculización, en la organización criminal como peligro, no necesitas una actuación personal; sino de terceras personas que pueden estar vinculadas a él”, señaló.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones – Corte Superior Nacional integrada por los jueces Emérito Salinas Siccha (presidente), Víctor Enríquez Sumerinde y Yeny Magallanes Rodríguez dejaron al voto la apelación.