Comisión de Fiscalización: “Existirían indicios razonables” que familiares de Pedro Castillo concertaron para beneficiarse

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República concluyó, en un resumen preliminar, que, según la información recogida hasta el momento, existen “indicios razonables” para indicar que el expresidente Pedro Castillo y sus familiares habrían concertado para beneficiarse con las obras públicas.

Por ello, la comisión, encargada de investigar los presuntos actos de corrupción en la ejecución de los proyectos financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín y otros, aprobó, este miércoles, solicitar al Pleno del Congreso una plazo de 30 días adicionales para concluir con las diligencias que aún están pendientes.

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En esta investigación se analiza la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por Castillo Terrones, e integrada por la ex primera dama Lilia Paredes Navarro, Yenifer Paredes, ministros, altos funcionarios, alcaldes y empresarios, orientada a la adjudicación ilegal de obras.

“Existirían indicios razonables que las personas de David Alfonso Paredes Navarro, Walter Enrique Paredes Navarro, Lilia Ulcida Paredes Navarro, Yenifer Noelia Paredes Navarro y Hugo Jhony Espino Lucana habrían concertado con el ex presidente de la República (Pedro Castillo) para beneficiarse con una licitación de obra ilegal”, remarcaron en el informe al que accedió El Comercio.

En el informe preliminar, aprobado por el grupo parlamentario, presidido por el congresista Héctor Ventura, se explica que los hechos y actos investigados revisten de interés público, toda vez que involucran presunta corrupción de funcionarios y empresarios, al igual que la dirección irregular presupuestaria para la ejecución de obras civiles en un estado de emergencia sanitaria.

Se advierte que el esquema delictivo en el que estarían involucrados los investigados (ministros, funcionarios públicos de primer nivel, empresarios, entre otros) se habría replicado en servidores adscritos a gobierno locales para la ejecución de obras públicas. Tal es el caso, menciona el informe, de la obra de recuperación y equipamiento del colegio Santiago Antúnez de Mayolo, ubicado en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, región Lima Provincias, adjudicada a la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., cuyo gerente general es el empresario Hugo Espino.

También se ha incluido en las investigaciones la elaboración de un expediente técnico de una obra de saneamiento en la provincia de Chachapoyas, Amazonas, en la que también estaría involucrada Lilia Paredes y otra obra de saneamiento en el distrito de Chadín, provincia de Chota, Cajamarca, en la que habría participado Yenifer Paredes.

Estructura vertical

Además, como conclusión previa, consideran que todo lo encontrado daría cuenta de “una presunta existencia de una organización criminal, cuya estructura habría sido de tipo vertical (piramidal), liderada por ex presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones”.

Entonces, desde su posición de jefe de Estado, habría planificado, organizado, dirigido y controlado las actividades criminales, nombrando a personas de su entera confianza, en los diferentes estamentos del Estado a fin de normar y ejecutar proyectos de inversión financiadas por las municipalidades por aplicación del Decreto de Urgencia N°102 – 2021.

Por ello, señalan, Castillo Terrones no tuvo en cuenta lo previsto en el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución, que señala que le corresponde al Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Dificultades detectadas

Además, la Comisión de Fiscalización detectó algunas dificultades durante las sesiones realizadas como que algunos “invitados solicitaban constantemente reprogramaciones” lo cual retrasaban la toma de las declaraciones pertinentes.

“Muchos de los invitados no residen en los domicilios declarados en RENIEC, en su defecto las declaradas y las direcciones averiguadas, no coinciden, dificultando mucho su pronta ubicación para su notificación, en virtud del cual se realizaron los edictos respectivos de acuerdo a ley, así como coordinaciones para el diligenciamiento de las notificaciones a los alcaldes de la ciudad natal de los invitados”, según el iInforme preliminar de la Comisión de Fiscalización sobre el Caso Anguía.

Además advirtieron la falta de personal suficiente para procesar la información y documentación.

Señalan que los 30 días adicionales que solicitarán al Pleno del Parlamento servirán para tomar la declaración testimonial de José Castillo Terrones. Recordaron que el exmandatario no acudió a la sesión del 01 de marzo del 2023, cuando fue citado como testigo.

“Su declaración es de suma importancia para poder ser comprendido en el informe final como líder de la organización criminal”, señalan.

La comisión, de igual forma, debe tomar la declaración de Lilia Paredes Navarro -quien se encuentra en calidad de asilada política en México, así como de sus hermanos.

Igualmente, está pendient el testimonio del ex elcalde de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta y de Abel Cabrera Fernández (financista de José Pedro Castillo).

Junto a ello, solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancarios del exministro Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo, Yenifer Paredes, entre otros.