Pedro Castillo: de prófugos a colaboradores eficaces ¿cuál es la situación de los implicados en la presunta red criminal? | INFORME

Desde el inicio de las investigaciones contra la presunta red de corrupción que habría liderado Pedro Castillo durante su gobierno, los principales personajes estrechamente relacionados con los actos de corrupción han decidido allanarse a la justicia, o luego de haber permanecido prófugos decidieron entregarse y narrar la verdad sobre los hechos, agravando así la situación legal del expresidente.

Otros, en contraparte, como el mismo Pedro Castillo utilizan cuanto medio legal han podido para anular las investigaciones o sus medidas coercitivas que le fueron aplicadas para evitar su fuga o puedan perturbar los procesos.

Desde la empresaria Karelim López y el sobrino presidencial Fray Vásquez, hasta el exministro Juan Silva y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, ¿Quiénes son los principales personajes, el impacto de sus declaraciones y su situación legal?

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Cuando Pedro Castillo llegó a la presidencia el 28 de julio del 2021, tras derrotar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su gobierno sería para los más necesitados y alejado de actos ilegales.

Sin embargo, a solo cinco meses de haber iniciado su gestión, los actos de corrupción fueron saliendo a flote y puestos en evidencia al ser denunciados por medios de prensa como El Comercio o por versión de los propios actores.

Las informaciones, en ese momento, daban cuenta que los presuntos implicados en los actos de corrupción no eran otros que la cúpula cercana al entonces jefe de Estado. Aquellos que lo apoyaron durante la campaña y que Castillo llevó a Palacio o los mantuvo cerca durante su gobierno.

Fueron cuatro hechos principales los que marcaron el inicio de las investigaciones del gobierno de Castillo Terrones, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Adicionalmente, cumple otros 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Según las pesquisas de la fiscalía, el vacado expresidente habría estado implicado en casos como “Los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, actos de corrupción en los ministerios de Vivienda y Transportes y Comunicaciones (MTC), así como Provías Descentralizado, PetroPerú, entre otros.

Los primeros indicios sobre el manejo irregular al interior del gobierno fueron puestos en evidencia en octubre del 2021, cuando el excomandante general del Ejército José Vizcarra denunció que Bruno Pacheco lo había presionado para modificar el cuadro de ascensos para beneficiar a militares cercanos a Castillo.

Luego, el exsuperintendente de la Sunat, Luis Vera Castillo, quien a través de Lima Gris denunció una vez más al exasesor presidencial por presionarlo para favorecer a una empresa que mantenía deudas con la entidad, así como designar a un amigo en un puesto de martillero.

Tras un allanamiento a Palacio de Gobierno, en noviembre del 2021, la fiscalía halló US$20 mil en un ambiente de la oficina de Bruno Pacheco, quien para entonces ya había renunciado al cargo.

Ese mismo mes, El Comercio puso en evidencia las visitas que realizó la empresaria Karelim López al despacho presidencial y de Bruno Pacheco, y cómo luego de esas reuniones el Consorcio Puente Tarata III -que era asesorado por López Arredondo- obtuvo la adjudicación para la “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga (San Martín)” por S/232,5 millones de parte de Provías Descentralizado.

Karelim López se convertiría entonces en la primera implicada en someterse a un proceso de colaboración eficaz luego de reconocer que Pedro Castillo operaba una red de corrupción al interior de su gobierno, junto a sus sobrinos Gianmarco Castillo y Fray Vásquez (quien acaba de entregarse a la justicia), el empresario Zamir Villaverde, el exministro Juan Silva y un grupo de congresistas apodados como “Los Niños”.

Y, por esos días, Cuarto Poder hizo público una serie de reuniones que Pedro Castillo había sostenido hasta altas horas de la noche o los fines de semana en la conocida “Casa de Sarratea” (Breña), con empresarios, funcionarios de su gestión y otros personajes que luego serían designados en puestos claves.

La fiscalía determinaría luego que dicho inmueble “habría sido utilizado como centro de operaciones criminales de la presunta organización criminal en el caso ‘Asesores en la Sombra’, como lugar para la designación de ministros y funcionarios de alta dirección”.

Luego más hechos calificados como ilícitos fueron trascendiendo y los implicados se definían entre someterse a la justicia o convertirse en prófugo de la justicia.

Zamir Villaverde, empresario vinculado al rubro de seguridad, y quien viene siendo investigado por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también se acogió a la colaboración eficaz. Tras pasar unos meses bajo prisión preventiva, fue excarcelado.

El empresario señaló haber entregado sumas de dinero al exministro Juan Silva, a cambio de favorecer a una empresa interesada en el proyecto Puente Tarata.

Bruno Pacheco, quien estuvo prófugo por más de tres meses, decidió entregarse a la justicia en julio del 2022 y someterse a un proceso de colaboración eficaz. Sus primeras declaraciones dieron más luces sobre la intervención de Castillo Terrones en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entre otros hechos. Hoy afronta sus investigaciones bajo comparecencia restringida.

Otros personajes como los exasesores Beder Camacho, Henry Shimabukuro y el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández Latorre, y Jorge Hernández Fernández “El Español”, también decidieron allanarse ante la justicia brindado detalles sobre cómo se habría destruido información que implicaba a Castillo o presuntos pagos irregulares que se realizaban con dinero del erario público. Hoy se encuentran con comparecencia.

Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda, fue otra pieza clave para la develación de los presuntos sobornos que habría pedido Castillo Terrones a empresarios como Sada Goray, a cambio de beneficiarlos con proyectos públicos. Tras permanecer siete meses en prisión preventiva, fue excarcelado en mayo del 2023.

La empresaria Sada Goray, exrepresentante de la empresa Marka Group e implicada en actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, también buscó someterse a la colaboración eficaz asegurando haber pagado S/4 millones a Marrufo Alcántara para la organización que lideraba Castillo Terrones.

Sin embargo, debido a las incongruencias de sus versiones, su procso quedó frustrado. Según trascendió la empresaria ha solicitado por segunda vez someterse a dicho proceso especial y afronta el proceso bajo prisión preventiva de 30 meses.

Similar situación afronta el periodista Mauricio Fernandini, quien habría participado de los actos de corrupción de Goray Chong en el Ministerio de Vivienda. El comunicador, que cumple prisión preventiva, se sometió a la figura de la confesión sincera al reconocer que actuó como intermediario de los que sería el pago de coimas entre Goray y Marrufo.

Fray Vásquez, el más reciente personaje y pieza clave para corroborar las presuntas actuaciones ilícitas de Castillo Terrones y sus brazos operativos dentro de la trama de corrupción en su gestión, se entregó a la justicia luego de permanecer prófugo de la justicia por casi dos años. El sobrino presidencial, también se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y el Equipo Especial de la Policía Nacional y asegura que dirá “la verdad”.

Es así que, a lo largo de dos años y tres meses desde que iniciaron las primeras investigaciones, aquellos personajes sindicados como de operadores o lobistas de la presunta organización criminal decidieron brindar información sobre la cadena de corrupción que se habría gestado y operado con Castillo Terrones a la cabeza.

"Pedro Castillo Terrones designó a Juan Silva Villegas como Ministro de Transportes y Comunicaciones, y con ayuda de sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez habrían direccionado los procedimientos de contratación del Puente Tarata, a favor de los empresarios que formaron parte de la organización criminal, habiendo contactado a Marco Antonio Samir Villaverde García para que se encargue de captar a los funcionarios afines a sus intereses; de esa manera Villaverde García habría influenciado en la designación de los directores, funcionarios de Provías Descentraliado además de haberse encargado con captar a los postores interesados en la licitación pública N°01-2021."

Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos,

Sin embargo, durante ese mismo período de tiempo, otros implicados y sindicados por la fiscalía como integrantes de la presunta organización criminal castillista, se niegan a colaborar con la justicia, permanecen en la clandestinidad y han interpuesto recursos para buscar el archivo de los casos o dilatarlos.

Empezando por el mismo Castillo Terrones, quien desde el inicio de las investigaciones por presunta corrupción trató de anular las pesquisas alegando que el Ministerio Público no podía investigarlo hasta que culminase su gestión. Luego, trató de archivar los casos PetroPerú y Puente Tarata (Provías descentralizado), sin éxito.

Su exministro del MTC, Juan Silva, permanece en la clandestinidad desde junio del 2022, cuando se ordenó su detención para que responda por los presuntos actos de corrupción en el Caso Puente Tarata y presunto favorecimiento a empresas chinas.

Desde la clandestinidad y a través de sus abogados, Silva ha buscado anular su orden de captura y prisión preventiva de 36 meses pendiente de ejecutar. También viene buscando, infructosamente, ser excluido de las investigaciones.

Geiner Alvarado, quien se desempeñaba como ministro de Vivienda en la gestión de Castillo, también ha buscado anular su prisión preventiva sin éxito. Y, durante todo el proceso ha negado los cargos imputados en su contra. Esto, pese a que su exfuncionario Salatiel Marrufo, asegura haber presenciado cómo Alvarado entregó dinero a Castillo.

Dentro de la presunta red criminal también han sido implicados los exministro de Justicia, Aníbal Torres y Félix Chero, quienes han negado los hechos. El primero fue señalado por Karelim López como la persona que habría buscado que Bruno Pacheco escape de la justicia; y el segundo, sindicado por Zamir Villaverde, alegando que Chero trató de contactarlo en prisión buscando que no diga nada sobre la red criminal.

Lilia Paredes y Yenifer Paredes, esposa y cuñada de Pedro Castillo, han rehuído de la justicia cuando esta buscó sujetarlas a las investigaciones por su presunta participación en el Caso Anguía. Ninguna de las dos ha reconocido los actos ilícitos que le atribuye la fiscalía.

La exprimera dama, quien es sindicada como la persona que intercedía ante Castillo Terrones -a pedido de algunos alcaldes que buscaban obtener de manera irregular presupuesto para ejecutar obras en sus provincias- logró salir del país luego de obtener un asilo político por parte del gobierno de México.

Mientras que, su hermana y cuñada, según información policial, huyó de Palacio cuando las autoridades fueron a detenerla por el Caso Anguía. A las pocas horas acudió a la fiscalía y luego de permanecer unos meses en prisión preventiva, fue liberada bajo comparecencia restringida.

José Nenil Medina, exalcalde de Anguía (Cajamarca), quien cumple prisión preventiva, tampoco se ha sometido a ninguna figura de colaboración con la justicia. Por el contrario, ha recurrido a la vía constitucional para anular la medida que lo mantiene en prisión, sin éxito hasta el momento.

Quien sí logró que la justicia constitucional ordene su libertad, fue el exgerente de PetroPerú, Hugo Chávez, implicado en las presuntas irregularidades de la adjudicación para la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum.

El dueño de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, es otro personaje cercano a Castillo Terrones, quien lejos de colaborar con la justicia decidió entrar a la clandestinidad en noviembre del 2022. Sin embargo, once meses después fue detenido en Estados Unidos cuando pretendía cruzar la frontera desde México.

El regreso de Sánchez Sánchez a Perú se ha retrasado debido a las acciones del amigo de Castillo: la solicitud de asilo que presentó en EE.UU y que ya fue negado en primera instancia.