Martín Vizcarra tiene 16 denuncias constitucionales en trámite en el Congreso: ¿de qué se le acusa?

Del grupo de denuncias, cuatro -incluida la del ‘Caso Swing’- están pendientes de que la Comisión Permanente (CP) vote el informe final de fondo emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Otras cuatro tienen pendientes de que la misma comisión vote respecto a los informes que recomiendan declararlas procedentes (tres) o improcedentes (una).

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En tanto, la denuncia constitucional más reciente fue presentada el último lunes por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular). Es por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’ -el cual también ya es evaluado por el fiscal de la Nación-, relacionado a presuntos actos de corrupción durante su gobierno. El objetivo es levantarle el antejuicio y procesarlo a nivel judicial por los delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.

Denuncias constitucionales en trámite contra Martín Vizcarra

Las denuncias constitucionales pueden ser por infracción a la Constitución y/o por la presunta comisión de delitos por parte un alto funcionario con antejuicio o ‘inmunidad’. En el primer caso, resultan en juicio político, al final del cual el acusado puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.

En el segundo caso, su objetivo es levantar el antejuicio del que goza el denunciado por tener o haber tenido un alto cargo, para que puedan ser procesados a nivel judicial. Así, en lo referido a Martín Vizcarra, la fiscalía solo puede procesarlo por presuntos actos ilícitos cometidos durante su gobierno si el Congreso le da esta autorización.

Las denuncias deben seguir un trámite específico (acusación constitucional) desde que son presentadas por un ciudadano, un congresista o por la Fiscalía de la Nación. Dicho trámite puede durar desde meses hasta años. Por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra y el mencionado Caso ‘Richard Swing’, la denunciada fue presentado en mayo del 2021 y casi dos años después, aún no hay resolución.

El primer paso es que la SAC dé cuenta de la denuncia. Luego, se elabora un informe sobre su procedencia o improcedencia y se somete a votación. El informe se eleva a la Comisión Permanente para una nueva votación. Si también procede allí, el caso vuelve a la subcomisión y se designa a un delegado para el caso, quien deberá recoger la evidencia y los testimonios requeridos, y luego se realizará una audiencia para ver la denuncia.

Denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra archivadas o terminadas en el actual Congreso

A modo de conclusión, el delegado presenta su informe final, en el que puede recomendar que el investigado sea acusado o que el caso se archive. Esto se somete a voto dentro de la SAC y luego se envía a la Comisión Permanente para que esta también vote. Luego, el caso es finalmente elevado al pleno del Congreso, que tendrá la decisión final respecto a la acusación constitucional.

Según el reglamento del Congreso, hay plazos máximos dentro de la investigación: tres días hábiles como máximo para notificar la denuncia al investigado, cinco días para que el delegado determine los hechos y las pruebas el caso, cinco días para realizar la audiencia y cinco dias más para elaborar el informe final. Luego, hay dos días útiles para que la Comisión Permanente también evalúa el informe. Sin embargo, en la práctica, los plazos pueden ser mucho más amplios.

A nivel de la Fiscalía de la Nación, las demoras en el procedimiento congresal de la denuncia constitucional han provocado que los casos contra Martín Vizcarra se estanquen. El principal ejemplo es el de ‘Richard Swing’: la fiscalía terminó su indagación preliminar y solicitó al Congreso levantar el antejuicio del expresidente para poder seguir investigándolo. Esto fue hace más de dos años y medio.

La denuncia constitucional por este caso fue presentada en mayo del 2021 por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. El objetivo era obtener la autorización del Congreso para formalizar la investigación penal al expresidente e iniciarle un proceso judicial por los delitos de tráfico de influencias y peculado.

El caso aborda los contratos a favor del cantante Richard Cisneros a través del Ministerio de Cultura, durante la gestión de Martín Vizcarra. El origen es la investigación preliminar que dirigió Zoraida Ávalos contra el exmandatario al día siguiente de que este fue vacado, en noviembre del 2020.

A pesar de lo sonada que fue esta indagación durante los últimos meses del gobierno vizcarrista, la denuncia siguió un lento trámite a nivel del Congreso. La Comisión Permanente la declaró procedente en julio del 2021; pero recién en mayo del 2022, la SAC aprobó el informe final que recomienda acusar el expresidente y lo envió de vuelta a la Comisión Permanente.

Este grupo recién programó votar el informe en la segunda mitad del año pasado. Sin embargo, la decisión se fue postergando. Finalmente, la actual presidenta de la SAC, Lady Camones, informó en una sesión de enero que la Comisión Permanente votará el informe final este jueves 15 de febrero desde las 5:00 p.m.

Si la Comisión Permanente aprueba la acusación, está podrá ser elevada al pleno del Congreso para que este ratifique la decisión y se levante el antejuicio al expresidente. Con ello, el caso regresaría a la fiscalía para iniciar el proceso judicial contra Martín Vizcarra e iniciarle una investigación preparatoria, etapa en la que se pueden pedir medidas como una prisión preventiva.

Desde el año pasado hay otras dos indagaciones de la fiscalía contra Martín Vizcarra que deben seguir el mismo trámite en el Congreso. Se trata de las denuncias constitucionales por el ‘Vacunagate’ y la del presunto nombramiento irregular del suspendido procurador general del Estado, Daniel Soria. Patricia Benavides presentó ambas como fiscal de la Nación.

La primera, que es por el delito de concusión, es de abril del 2023. En mayo, la SAC la declaró procedente y al mes siguiente, la Comisión Permanente dio 15 días para investigar el caso. No obstante, a la fecha no hay resultados. Más bien, a mediados de enero, la SAC accedió a acumularla con otras dos denuncias por los mismos hechos.

En el caso de la última denuncia, que es por los delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal, fue presentada en noviembre del 2023, durante los últimos días de la gestión de Patricia Benavides. También se declaró procedente por la SAC en enero. Con ello, el caso se elevó a la Comisión Permanente.

Si el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decide investigar preliminarmente a Martín Vizcarra por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’ conocido en los últimos días y luego denunciarlo constitucionalmente, su indagación también deberá pasar por este mismo procedimiento.

Martín Vizcarra ya tiene dos inhabilitaciones por infracción a la Constitución a partir de dos denuncias constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso. En paralelo a la investigación penal de la fiscalía, en abril del 2021, el anterior Congreso determinó que había infringido la Carta Magna por vacunarse con dosis de vacunas de Sinopharm contra la COVID-19 en octubre del 2020. También por haber dispuesto que también sean inoculados su esposa y su hermano. Por ello, le impusieron 10 años de inhabilitación.

Esa primera inhabilitación es una muestra de que las denuncias constitucionales sí puede ser procesadas en menor tiempo. Martín Vizcarra admitió haber recibido las dosis, según él como “voluntario”, el 11 de febrero del 2021. Luego, las denuncias constitucionales Martín Vizcarra que acabarían en su inhabilitación fueron declaradas procedentes en la SAC el 22 de ese mes y por la Comisión Permanente el 1 de marzo.

A inicio de ese mes se eligió el congresista delegado para el informe que propondría la sanción. Este fue aprobada el 31 de marzo por la SAC y el 8 de abril por Comisión Permanente. Después de eso, el informe su sustentó y se votó en el pleno ocho días después. El 17 de abril, el decreto de la inhabilitación de Martín Vizcarra fue publicado en el diario oficial El Peruano. Todo ocurrió en dos meses.

En mayo del 2022, ya durante el actual Congreso, el pleno aprobó una segunda inhabilitación por cinco años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones. Ambos sanciones no se suman, sino que corren en paralelo: la primera expira en el 2031 y la segunda, en el 2027.

El expresidente ha recurrido al Poder Judicial para intentar anular sus sanciones, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Su inhabilitación, que se acerca al tercer año de vigencia, hace inviable que sea candidato en el 2026, posibilidad deslizada por el partido que impulsa y en el que milita: Perú Primero. Además, está impedido de ocupar el cargo de fundador o presidente en esa agrupación. En cambio, Vizcarra se presenta como su “presidente honorario”.