Representación del Perú ante la OEA a la CIDH: “Estado actúa conforme a sus obligaciones internacionales”

La representación permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) recordó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte.

Fue al pronunciarse tras el comunicado de la CIDH sobre la investigación sumaria abierta por la Comisión de Justicia del Congreso de la República a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por falta grave.

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“Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y velar por que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso, entre ellos, los principios del derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros”, señaló.

Asimismo, la representación peruana ante la OEA indicó que ha proporcionado información detallada a la CIDH sobre el desarrollo de la investigación a la JNJ en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

Como se recuerda, la CIDH expresó este lunes su preocupación por la investigación iniciada en el Congreso de la República contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

“La eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, afirmó en un comunicado.

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Si bien señaló que reconoce la importancia de los controles políticos de “un poder público sobre otro en el sistema de pesos y contrapesos”, advirtió que éstos “basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”.

“Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso. Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. Asimismo, que las personas operadoras sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa”, acotó.

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El pasado 7 de setiembre, el pleno del Parlamento aprobó una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) para que la Comisión de Justicia investigue a los siete miembros de la JNJ, Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.

Esto debido a que, según la acusación, el JNJ habría incurrido en una presunta causa grave, lo que podría derivar en la remoción de sus miembros, al haber emitido un comunicado, en mayo último, en el que exhortaron al Congreso a una mayor reflexión sobre la situación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien en ese momento afrontaba un juicio político.

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También se le imputa haber ejercido presión sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros jueces supremos para que respalden a Ávalos, quien finalmente fue inhabilitada, entre otros.