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La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto bancario de la excongresista fujimorista Yesenia Ponce en el marco del proceso judicial que se le sigue por presuntos delitos de corrupción.
La medida fue solicitada ante el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, que programó la audiencia para el próximo 7 de marzo del 2024, a las 10 de la mañana.
Según el requerimiento fiscal, el levantamiento del secreto bancario deberá aplicarse a las fechas comprendidas entre el 07 de agosto de 2017 hasta el 12 de agosto de ese año, fecha en que Ponce Villarreal de Vargas se desempeñaba como congresista de la República.
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La excongresista es investigada como presunta autora del delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios, cohecho activo aenérico y, delitos contra la fe pública, en las modalidades de falsificación de documentos - uso de documento público falso y falsedad genérica, respectivamente; todos en agravio del Estado.
Según los hechos, Ponce Villarreal habría falseado certificados escolares para poder postular como candidata al Congreso de la República por la región Ancash, en la lista del partido político “Fuerza Popular” en las elecciones generales del 2016.
Lapiceros por voto
El requerimiento de la fiscalía para levantar el secreto bancario de la parlamentaria, tiene como finalidad corroborar judicialmente la compra de lapiceros de alta gama que habrían sido obsequiados por la excongresista al entonces presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para que no proceda la denuncia en su contra.
Según la investigación, Ponce Villarreal de Vargas habría ordenado a su asesora Candy Ojeda Amayo, adquiera dos lapiceros de la marca Montblanc, por un valor total de S/ 722; para cuyo efecto, la referida exparlamentaria habría proporcionado a la servidora en mención, “su tarjeta de débito en físico, la clave respectiva y el número de su documento de identidad”, estos dos últimos datos a través de WhatsApp, a efectos pueda cubrir el gasto de dichas adquisiciones.
La parlamentaria, además le habría proporcionado los nombres del entonces congresista de la República Juan Carlos Gonzales Ardiles (entonces presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria) y de su asesor Marco Antonio Campos Márquez, para que sean grabados (personalizados) en dichos artículos.
Luego de haber adquirió los lapiceros encomendados, conforme a las indicaciones que le habría proporcionado la entonces parlamentaria Ponce Villarreal de Vargas; Ojeda Amayo habría entregado los mismos el 9 de agosto del 2017 -en instalaciones del Congreso- a Campos Márquez, para que a su vez proporcione uno a Gonzalez Ardiles.
“La entrega de los lapiceros de alta gama antes señalados, habría tenido por objeto que el entonces congresista de la República Juan Carlos Gonzales Ardiles, en su condición de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, ante la cual se tramitaba por aquel entonces el procedimiento disciplinario instaurado en contra de Ponce Villarreal de Vargas, emita su voto a favor del archivo de la denuncia de parte formulada”.
El 14 de agosto del 2017, al llevarse a cabo el debate y votación del informe final sobre el proceso de la excongresista, concluía “declarar infundada” la denuncia contra Ponce Villarreal, por haber consignado información falsa en la declaración jurada de hoja de vida 2016, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el rubro “formación académica”.
Gonzales Ardiles (entonces presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria) emitió su voto a favor de la aprobación del informe, conforme así se plasmó en el Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria.
El otro pago por certificados
En la hipótesis de hechos, el Ministerio Público también consideró otro presunto pago por parte de Ponce Villarreal. Y es que, para poder acreditar haber cursado el 4to y 5to año de secundaria, indica la fiscalía, la excongresista habría pagado S/10 mil soles a Daniel Eduardo Soto Rivera.
A inicios del 2017, la excongresista habría solicitado a Soto Rivera, entonces exdirector de la institución educativa particular “Mariscal Toribio Luzuriaga”, le expida el certificado de estudios que requería. Por ello, Soto Rivera habría expedido el certificado oficial de estudios N.° 191591, con fecha 10 de marzo del 2017 consignando que la investigada había cursado el 4to y 5to año de secundaria durante los años 1995 y 1996, respectivamente, en dicha institución.
Código Penal
Presuntos delitos cometidos
Cohecho activo genérico
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Falsificación de documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años.
Falsedad genérica
El que comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Posteriormente, sostiene la fiscalía, Ponce Villarreal de Vargas se habría reunido con su conocido Aldo Nolberto Rodríguez Uceda, en la vivienda del padre de este último (Aldo Gilberto Rodríguez Sánchez), ubicada en el distrito de Los Olivos; para encargarle que realice el pago de los S/10 mil a favor de Soto Rivera.
La operación bancaria se concretó el 27 de abril del 2017 a la cuenta de ahorros del banco de la Nación N.° 40-033-906612, a nombre de Daniel Eduardo Soto Rivera, pero la realizó Aldo Gilberto Rodríguez Sánchez, padre de Aldo Nolberto Rodríguez Uceda.
“De esa manera, Ponce Villarreal de Vargas habría otorgado una contraprestación a favor de Daniel Eduardo Soto Rivera, consistente en un donativo económico por la suma de S/10 mil, a fin éste expida un certificado de estudios a su nombre así como las actas consolidadas de evaluación integral, por cuarto y quinto de secundaria, además de haber brindado falsamente su declaración a favor de la misma ante la Comisión de Ética Parlamentaria.”
Fiscalía
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