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El primer despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima recogió la declaración de seis personas, entre funcionarios y extrabajadores del Congreso de la República, implicados en el trámite que terminó por aprobar una pensión vitalicia para Alberto Fujimori.
Según documentación a la que accedió El Comercio, el fiscal anticorrupción Carlos Nivin Valdiviezo dispuso diversas diligencias, entre las que figuran las declaraciones de presuntos involucrados entre el 5 y 6 de setiembre.
Como dio a conocer este Diario, el Ministerio Público abrió una investigación por 60 días contra los resulten responsables por el supuesto delito contra la administración pública por el beneficio otorgado al exmandatario.
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El pasado 10 de mayo, durante la gestión de Alejandro Soto (Alianza Por el Progreso) como presidente del Congreso, el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento declaró “procedente” otorgar la pensión al exmandatario, concluyendo que cumplía con los requisitos de la Ley Nro. 26519, el Congreso procedió a iniciar los depósitos de dicho beneficio económico (S/10,920) a Fujimori Fujimori.
Fue citado al despacho fiscal José Antonio Rubio Preciado, quien hasta hace poco se desempeñaba como Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República; y a los pocos días de declarar procedente la pensión para Fujimori Fujimori, renunció a su cargo.
Según se reseña en el documento fiscal, mediante el Informe Nro. 049-2024-OLCC-OM-CR del 3 de mayo del 2024, José Antonio Rubio Preciado, en su calidad de Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República -concluyó- que luego de la verificación de la solicitud presentada por Alberto Fujimori, sobre su pensión , éste “resultaría procedente”.
“En ese sentido, se deberá citar al señor Rubio Preciado a fin de que narre sobre los fundamentos de emisión del informe acotado, y demás datos que coadyuven con la presente investigación”, señaló el fiscal.
En el documento también precisa que, posterior al informe emitido por Rubio Preciado, con otros documento Nro.0225-2024-OPPM-OM-CR, el jefe de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Congreso, William Federico Alcántara Infantes, pidió un informe sobre la opinión de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, respecto a la solicitud del exmandatario para que se le otorgue la pensión.
De ello, indicó el fiscal Nivin Valdiviezo, se advertía que el director general de Administración, Carlos Luis Pais Vera, se dirigió a la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Janette Figueroa Valdez, con Oficio Nro.737-2024-DGA/CR, a efectos de que se dé curso al trámite correspondiente.
Según trascendió, tanto Rubio Preciado como Figueroa Valdez tenían vínculos con el partido Alianza Por el Progreso (APP) de César Acuña. El primero trabajó en el Gobierno de La Libertad en 2016 bajo la gestión de Luis Valdez Farías (APP) ; mientras que la segunda estuvo afiliada a dicho partido según Infogob del Jurado Nacional de Elecciones.
“Por lo cual, corresponderá citar a los funcionarios señalados a efectos de que brinden información en relación a los informes emitidos y demás datos que resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.”
Carlos Nivin Valdiviezo, fiscal anticorrupción
En último aspecto, explicó el fiscal, de la documentación que recibieron se verificaba que la abogada Claudia Fuente Lozano, en su calidad de Jefa de Asesoría Laboral del Departamento de Recursos Humanos, remitió el Informe Nro. 1269-2024-AAL-DRH-DGA/CR dirigido a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Janette Figueroa Valdez.
Ese “documento consiste en remitir el proyecto de carta con el que se cumple con notificar al señor Alberto Fujimori Fujimori, las conclusiones del Informe de Nro.049-2024″, el mismo que es visado por el asistente legal de Asesoría Laboral, Alberto Balbuena Reccio.
“En ese sentido, corresponderá recabar la declaración testimonial de las personas señaladas, a efectos de que brinden detalles del proceso de asignación de pensión al notificado y demás datos que coadyuven con la presente investigación”, acotó el fiscal.
Fuentes de El Comercio confirmaron que los citados Rubio Preciado, Figueroa Valdez, Alcántara Infantes, País Vera, y Fuentes Lazo, concurrieron a declarar el 5 de setiembre ante la fiscalía anticorrupción y la procuraduría anticorrupción. Mientras que, Balbuena Reccio, hizo lo propio este viernes 6 de setiembre.
El jueves 5 de setiembre, en declaraciones para Canal N, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la decisión de otorgarle la pensión vitalicia a Fujimori, pese a los cuestionamientos y a las pesquisas de la fiscalía. “Creemos que hemos actuado correctamente”, puntualizó.
“En cuanto a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, los funcionarios están asistiendo. Inclusive hay parlamentarios incluidos en esta investigación. Estamos cumpliendo como corresponde a cualquier ciudadano. Vamos, responderemos, creemos que hemos actuado correctamente”.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso 05/09/2024
Defensa de Fujimori indica que aún no han sido citado, pero ya se les notificó procesos de embargo
Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori dijo a El Comercio que la fiscalía no ha citado a su patrocinado, como beneficiario de la pensión aprobada por el Congreso de la República.
“Como señala, la denuncia es dirigida contra los que resulten responsables, la fiscalía solo convoca a los que considera pertinente, ya que aún no ha identificado el sujeto denunciado. Entonces, por el momento no hemos recibido ninguna notificación sobre el tema.”
Elio Riera, abogado del expresidente Fujimori.
De otro lado, explicó que su intensión era que, una vez que se autorizara la pensión otorgada a su patrocinado, iban a viabilizar los canales respectivos con la Procuraduría para llegar a un acuerdo “respecto a los montos indemnizatorios para que se pueda cobrarse de la pensión”.
Sin embargo, indicó que a la fecha le han llegado notificaciones de procesos de embargo iniciados en contra de su patrocinado para el cobro de las reparaciones civiles. Explicó que en dichas demandas, “están solicitando que se cumpla el pago, pero como no se puede (embargar toda la pensión), lo más probable es que se está solicitando un monto, probablemente sería a través de una medida cautelar”.
“Son casos antiguos, vinculados a los 57 millones, caso de las CTS, el del exasesor (allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos y la compra irregular de Cable Canal), casos antiguos donde Procuraduría ha solicitado el pago del monto total”, informó.
