Alejandro Toledo: Juez de EE.UU. suspende decisión para detenerlo y enviarlo a prisión preventiva

El juez Thomas H. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California de Estados Unidos, decidió suspender su resolución respecto al pedido de levantar la fianza, detener y ordenar la prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo, para ejecutar su extradición al Perú, tal como lo solicitó el Departamento de Estado de dicho país.

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En una audiencia pública, el magistrado anunció que esperará a que el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU. resuelva la apelación que presentó el expresidente y sus abogados cuestionando -vía un recurso de hábeas corpus- su extradición.

El pasado 23 de febrero, el Departamento de Estado norteamericano anunció que, tras analizar el caso en la vía judicial y a nivel político, había decidido proceder con la extradición de Toledo al Perú.

En esa línea, el Departamento de Estado solicitó ante el juez Hixson que anule la libertad bajo fianza de Toledo, para que sea arrestado y recluido en un penal de dicho país hasta que sea entregado a las autoridades peruanas. Esto, debido a que existía un riesgo de fuga mayor tras decidirse su extradición.

“Mi pensamiento tentativo es no tomar medidas sobre la moción del gobierno (para su detención) hasta que el noveno circuito se pronuncie sobre esto”

Juez Thomas S. Hixson, en la audiencia de este jueves

La fiscalía de EE.UU insistió en que el expresidente debía pasar a custodia de la policía de dicho país (Marshall), mientras que la defensa de Toledo afirmó que cuando se resuelvan otros procesos judiciales interpuestos en defensa de su patrocinado, se entregará (de ser el caso).

En la audiencia, el juez también pidió conocer el tiempo que le tomaría que las autoridades peruanas llegar a Estados Unidos para trasladar a Toledo si decide detenerlo y enviarlo a prisión preventiva.

Reiteró entonces que en caso el tribunal superior niegue el pedido de Toledo de suspender su extradición se pronunciará.

“Si lo hicieran, concedería la moción (de detención) y luego ordenaría que Toledo se entregue”, dijo Hixson.

Agregó que para ello, no sería necesaria una nueva audiencia; sino que solo procedería con emitir la orden de arresto y prisión preventiva para el expresidente.

Ante el pedido de la defensa de Toledo, de no colocarlo en confinamiento solitario de ser detenido y encarcelado, el magistrado fue enfático al señalar que no iba a “microgestionar” una cárcel especial para el expresidente, pues al ser un tema delicado debe ser responsabilidad de los Marshall de arresto.

No obstante, consideró que, por cuestiones de seguridad y diplomáticas, no podía ser enviado con la población general penitenciaria.

En la audiencia participaron Toledo Manrique -quien estuvo acompañado de su esposa Eliane Karp-, sus abogadas públicas Mara Goldman y Tamara Crepet, los fiscales federales Kyle Waldinger y Rebecca Haciski, así como el oficial de arresto domiciliarios Anthony Granados.

El magistrado también indicó que había tomado conocimiento de que el exmandatario había presentado un nuevo recurso de “acción civil” o medida cautelar en otra corte diferente a la suya y donde cuestiona la violación de sus derechos constitucionales debido a la extradición que busca concretar el gobierno norteamericano.

En efecto, tal como lo revelóEl Comercio, Toledo Manrique recurrió ante la Corte del Distrito de Columbia para demandar al Departamento de Estado y la vice secretaria de Estado, Wendy Sherman, por autorizar su extradición.

Hixson solicitó que lo mantengan informado sobre el proceso las acciones en dicha sede judicial.

El nuevo recurso

En el nuevo recurso planteado ante la Corte del Distrito de Columbia, Toledo y sus abogados buscan que dicha judicatura declare inconstitucional la decisión del Departamento de Estado para extraditarlo alegando la violación a la “quinta enmienda” de la Constitución de Estados Unidos sobre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Además, ha requerido que dicha corte ordene, a través de una resolución cautelar, que se suspenda temporalmente su extradición, algo que ya había pedido ante la magistrada Laurel Beeler de la Corte del Distrito Norte de California.

Junto a ello, también buscan que se ordene al juez Thomas S. Hixson, suspender la audiencia para evaluar el levantamiento de su libertad bajo fianza a fin de que sea detenido.

El documento, que rescata 59 puntos argumentativos, se orienta a demostrar que el Departamento de Estado no había revisado adecuadamente la información que le proporcionó la defensa de Toledo para contrarrestar los argumentos del Estado Peruano.

Otro cuestionamiento que menciona es que no se le había informado sobre cuáles fueron los argumentos o hechos por los que el gobierno de EE.UU. consideraba que debía ser deportado y que no se le había permitido informar oralmente los argumentos ante los funcionarios de dicha oficina gubernamental.

"El hecho de que el Departamento no le haya brindado al Dr. Toledo estas garantías mínimas bajo la Cláusula del debido proceso lo priva de la libertad sin el debido proceso legal y, por lo tanto, viola la quinta enmienda de la Constitución”.

Alejandro Toledo, a través de sus abogados

En esta nueva demanda, Toledo Manrique es asistido por los abogados privados David Bowker y Kelsey Quigley de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP.

En su recurso, además, alegan que “la vida y la libertad” de Toledo están en juego pues, si es entregado a Perú enfrentará una prisión preventiva prolongada, “posible abuso u otro trato ilegal, falta de debido proceso y un sistema judicial que carece de independencia e imparcialidad”.

Por ello, señalan, los daños irreparables para el exmandatario no solo pasaría por la pérdida de su libertad, sino también su riesgo de muerte.