La Contraloría General de la República inició un servicio de control tras el informe de la Unidad de Investigación de este Diario que reveló que al menos 14 personas, nacidas o con domicilio en Tacna, obtuvieron contratos (vía órdenes de servicio) o cargos en los ministerios que la hoy primera ministra Betssy Chávez dirigió, así como en otras entidades públicas. Ello luego de que realizaran labores para ella o visitaran su despacho del Congreso o del Ministerio de Trabajo.
Según pudo conocer El Comercio este lunes, la acción consiste inicialmente en la recopilación de información para corroborar si las referidas personas cumplen con los respectivos perfiles para contratar con el Estado o acceder a puestos públicos.
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El fin es verificar la legalidad de los procedimientos para esas contrataciones. La acción está a cargo de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, que encabeza el abogado Luis Robas Sánchez.
Como dio cuenta este Diario, las órdenes de servicio se emitieron a nombre de ocho personas: cuatro visitantes de Betssy Chávez y cuatro extrabajadores. El monto total asciende a S/287.500.
Varios de ellos no habían contratado antes con el Estado, vía órdenes de servicio, y consiguieron su registro de proveedores días antes o incluso en la misma fecha en que los pagos fueron autorizados.
También se conoció que, de las ocho personas que se beneficiaron con órdenes de servicio, cinco son naturales de Tacna. Las tres restantes nacieron en otras zonas del país, pero residen en la región.
En tanto, las otras seis personas, que lograron ser designadas en puestos del Estado, reciben o percibieron remuneraciones que oscilan entre los S/3.000 y S/20.000 al mes, de acuerdo a información oficial.
Cabe recordar que, el último 14 de noviembre, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar a Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado a raíz de la presunta contratación de allegados en cargos del Estado.
La indagación preliminar a Chávez se inició cuando era ministra de Cultura, después de que se conociera la contratación en entidades públicas de familiares del comerciante Abel Sotelo, con quien la también congresista de Perú Democrático tiene un vínculo sentimental. Hasta el momento, las pesquisas arrojan indicios sobre los casos del padre y dos hermanos de Sotelo.
El caso está a cargo de Karen Vásquez Espinoza, fiscal adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
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