Los otros prófugos de la justicia que fueron entregados al Perú

El presidente Martín Vizcarra se mostró hoy seguro de que España no protegerá al ex juez supremo César Hinostroza, quien ingresó a ese país tras fugarse del Perú pese a tener impedimento de salida.

"Los delincuentes que huyeron tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático, no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana", enfatizó.

Otra voz del Ejecutivo en esa línea fue del primer ministro César Villanueva, quien afirmó hoy que el Perú buscará que España expulse al sindicado por la fiscalía como el presunto cabecilla de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". 

¿Cuántas veces el Gobierno peruano ha solicitado a algún país extranjero que expulse a procesados que fugaron para evadir la justicia?

–Martín Belaunde Lossio, entregado–
Martín Belaunde Lossio pidió refugio en Bolivia el 16 de diciembre de 2014, después de pasar la frontera sin que la justicia ni la policía lo advirtieran.

Cuando ocurrió, el entonces presidente Ollanta Humala le pidió a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, que "expulse prontamente" al empresario, quien había sido jefe de su primera campaña presidencial, para que pueda ser juzgado por los tribunales peruanos. 

La justicia boliviana dictó un arresto domiciliario para él mientras se resolvía su pedido de refugio y la solicitud de extradición que tramitó el gobierno peruano. Sin embargo, Belaunde Lossio se fugó y después de meses fue capturado. 

Finalmente, el ex asesor de Humala fue extraditado y entregado en la frontera de Desagüadero, zona ubicada en la frontera con Bolivia, por el propio Evo Morales a las autoridades peruanas. 

–Rodolfo Orellana, expulsado–
​En noviembre del 2014, también durante la admistración del ex presidente Ollanta Humala, el Gobierno colombiano expulsó de su país al entonces prófugo Rodolfo Orellana, cabecilla de una presunta organización dedicada a la estafa y al lavado de activos.

En este caso, el gobierno no solicitó su expulsión ni extradición. Fue Colombia, presidida en aquella época por Juan Manuel Santos, quien lo expulsó y no lo extraditó por haber ingresado ilegalmente a ese país. 

Una llamada telefónica rastreada permitió determinar que se encontraba en Cali. En la operación conjunta para su captura participaron policías colombianos, agentes de la policía antidrogas de Estados Unidos, la fiscal peruana Marita Barreto y miembros de la unidad de inteligencia Orión de la Dirandro.

El abogado dijo que fue a Colombia buscando conseguir asilo porque se consideraba un perseguido político. Finalmente, fue expulsado y no extraditado por haber ingresado ilegalmente a ese país.

–Vladimiro Montesinos, deportado–
​El 25 de junio del 2001, el ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, llegó a Lima, tras ser deportado desde Venezuela. 

El ministro del Interior de ese entonces, Antonio Ketín Vidal, regresó a Lima en un avión Antonov junto con el ex asesor presidencial, quien había estado prófugo ocho meses. 

Ketín Vidal confirmó que su homólogo venezolano, Luis Miquilena, le había entregado al ex asesor en una zona militar del aeropuerto Maiquetía, ubicado al norte de Caracas.

Aquella vez, el titular del Interior suscribió con su colega venezolano un acta de entrega bajo la figura de la expulsión.

–Alejandro Toledo, el prófugo pendiente–
Tres días después de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara la prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo,  se conoció que no se encontraba en el Perú sino en San Francisco, California, en Estados Unidos. 

En ese momento, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que su Gobierno "hacía lo posible" para regresarlo al Perú por vías legales. 

La cancillería confirmó que PPK solicitó al presidente estadounidense Donald Trump que, "en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar a Toledo hacia el Perú, para que sea sometido a la justicia peruana". Ello no ocurrió. El ex mandatario, además, ingresó a territorio norteamericano de forma regular: no tenía impedimento de salida del país. 

Finalmente, se optó por la vía de la extradición que –casi dos años después– aún no es respondida por las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, Toledo continúa movilizándose libre en EE.UU.