(FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA / GRUPO EL COMERCIO)
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Alexander Villarroel Zurita

Periodista

alexander.villarroel@comercio.com.pe

La Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial ratificó el lunes último la condena impuesta al congresista de Alianza Por el Progreso (APP), , y dispuso que cumpla 5 años de prisión por el Caso 'Gasolinazo'.

La sala ratificó el extremo de la condena vinculada al delito de peculado por apropiación. Sin embargo, dispuso reformar la sentencia de 5 años y medio a 5 años.

Edwin Donayre había presentado recurso de nulidad frente a la condena a cinco años y seis meses de cárcel efectiva, emitida el 27 de agosto de 2018, al ser hallado culpable, junto a otros nueve imputados, del delito de peculado en el denominado caso ‘Gasolinazo’.

Al igual que otras 40 personas, Edwin Donayre fue procesado en este expediente por un presunto robo de combustible, al estar a cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano, entre enero y agosto de 2006. Es decir, diez años antes de que asuma como parlamentario.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que es dirigida por la congresista Luciana León (Apra), admitió el pedido del Poder Judicial para ejecutar la sentencia. Este informe será debatido hoy por el Pleno del Congreso.

─ Un caso complejo ─
Según la Acusación Fiscal N°17-2013, la conducta del hoy legislador de APP –y los otros implicados– “tuvo como finalidad la apropiación del combustible que supuestamente estaba destinado para el funcionamiento de los vehículos de las diferentes unidades de la Región Militar Sur, apropiación que realizaron dentro de las funciones que les competían” al interior de la institución militar.

Los involucrados, indica la fiscalía, tanto pertenecientes a la Región Militar Sur como el de la Brigada de Fuerzas Especiales, habrían solicitado y/o autorizado una dotación de combustible extraordinaria “sin que exista justificación” alguna. Todo con el único propósito de beneficiarse económicamente en prejuicio del Ejército Peruano.

(FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA / GRUPO EL COMERCIO)
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¿Y de cuánto fue la pérdida para las arcas del Estado? En total, entre enero y noviembre 2006, fueron 44,200 galones de gasolina de 84 octanos y 129,800 de petróleo D2. Durante el proceso, se determinó que esto equivalía a S/1’807,574.

Si bien este combustible no llegó a su destino (las unidades militares), luego se comprobó que fueron transportados en algunos casos por empresas que no habían ganado la buena pro, y que por tanto no se encontraban autorizadas para su traslado desde la plata de Petro Perú en Mollendo (Arequipa) hacia los puntos de abastecimiento.

“Lo que corrobora las irregularidades en la dotación del combustible”, se refiere en la acusación fiscal.

Ante las investigaciones, los responsables de este hecho ilícito trataron de justificar el incremento y pérdida de gasolina y petróleo a través de documentación fuera de fecha y hasta falsificada, tal como consta en la acusación. Incluso, se llegó a crear una “comisión incineradora”, la cual sin motivación legal quemó vales de combustible de ese mismo año sin autorización del Archivo Central de la Nación.

─ La participación de Edwin Donayre ─
De acuerdo con la acusación, Edwin Donayre y quien lo sucedió en el cargo en setiembre de 2006, “tenían la facultad de gestionar a través de su canal de comando la asignación de combustible para cada mes”; y suscribieron oficios “con la finalidad de sustentar un incremento de combustible que no fue entregado a las subunidades de dicha Región Militar”.

“Asimismo […], en su calidad de presidente de la Comisión de Entrega y Recepción de combustible de la Región Militar Sur, suscribieron las actas de Entrega y Recepción de Combustible en las cuales se consignaban datos falsos”, se indica.

(FOTO: MALU CABELLOS / GRUPO EL COMERCIO)
(FOTO: MALU CABELLOS / GRUPO EL COMERCIO)

Ahora bien, además de la mencionada región militar, este caso también comprende a la Primera Brigada de Fuerza Especiales y otros departamentos del Ejército. De los 10 sentenciados en este caso, todos por peculado, siete fueron a prisión efectiva (los tres restantes a suspendida).

De ellos, según conoció El Comercio, tan solo el ex comandante Edwin Donayre no viene cumpliendo su pena, debido a la inmunidad de arresto que adquirió como congresista.  [VER CUADRO]

(Fuente: El Comercio)
(Fuente: El Comercio)

Todos los condenados también deberán pagar, de forma solidaria, 2’500,000 como reparación civil.

─ La defensa ─
El abogado de Edwin Donayre, César Nakazaki, quien este miércoles participará en la audiencia de la Corte Suprema, manifestó a este Diario que, a su juicio, en el expediente “no hay pruebas que demuestren que la gasolina asignada a la Región Militar Sur ha salido para beneficiar a algún particular”.

Según consideró, en el caso de la Brigada de Fuerzas Especiales existen declaraciones de los propios militares que señalan que consignaron datos falsos, “eso no vas a encontrar una sola en la Región Militar Sur”.

(Foto: Miguel Bellido / Grupo El Comercio)
(Foto: Miguel Bellido / Grupo El Comercio)

“Vamos a pedir la absolución porque la prueba de cargo no demuestra que por parte del general Edwin Donayre o la Región Sur se ha producido algún tipo de apropiación de combustible. Por el contrario, toda la documentación demuestra que lo entregado ha sido utilizado a favor del Ejército”, sostuvo.

También se insistirá en la nulidad de la sentencia y un nuevo juicio ─añadió─ “porque no se ha hecho la valoración de una sola prueba de descargo de defensa”.

─ En el Congreso ─
Por este caso, el Poder Judicial ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de arresto de Edwin Donayre, a fin hacer cumplir la sentencia en su contra. Algunos legisladores indicaban que, para quitarle esta prerrogativa, debía contarse con un pronunciamiento de la Corte Suprema, hecho que sucedió hoy.