El equipo especial precisó que realizaron peritajes, declaraciones y diligencias para recabar documentación que corroborasen lo dicho por Jorge Barata, quien señaló que las firmas socias en Perú sabía de los actos ilícitos..  (Foto: Andina)
El equipo especial precisó que realizaron peritajes, declaraciones y diligencias para recabar documentación que corroborasen lo dicho por Jorge Barata, quien señaló que las firmas socias en Perú sabía de los actos ilícitos.. (Foto: Andina)
Karem Barboza Quiroz

No son sopranos, pero vienen cantando ante el Ministerio Público en sol mayor. En los últimos meses, los colaboradores eficaces se han convertido en el foco de la atención mediática por las declaraciones que han brindado al Equipo Especial Anticorrupción de la fiscalía a cargo de la megainvestigación del Caso en el Perú (como parte del proceso para convertirse en colaboradores eficaces).

Hace un año, el Ministerio Público inició una investigación tras conocerse que admitió ante autoridades de Estados Unidos que había pagado aproximadamente US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

Desde entonces, se han allanado más de 50 inmuebles, hay seis personas con prisión preventiva, tres con orden de captura internacional y otras cinco con impedimento de salida del país.

Esas medidas son sobre todo consecuencia del papel de los aspirantes a colaboradores eficaces: peruanos y empresarios extranjeros que se han allanado a las investigaciones de la fiscalía y que han admitido sus delitos y se han convertido en una de las principales fuentes de información para los casos de corrupción que se indagan.

(Gráfico: El Comercio)
(Gráfico: El Comercio)

Si bien no se conoce el número exacto de colaboradores eficaces que tiene el equipo liderado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro –desde que se inició el caso en noviembre del 2016–, sí se sabe que hay más de diez.

“Lo que puedo decir es que las personas que están colaborando siguen haciéndolo y son más de diez”, dijo sobre el Caso Lava Jato el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en una entrevista con El Comercio.

Proyectos como la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, de la vía expresa del Callao, los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima y la vía evitamiento del Cusco se investigan debido a los ‘delatores premiados’.

Además, se conoció, por los mismos delatores, sobre los presuntos aportes o los supuestos pagos de publicidad para diversas campañas electorales: la del ex presidente Ollanta Humala; la de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; la realizada contra la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán; la de la reelección del gobernador del Callao Félix Moreno; y hasta la de Pedro Pablo Kuczynski.

—Los ya conocidos—
En los últimos días, las diferencias que hubo entre la fiscalía y la procuraduría del Caso Lava Jato, por la exclusión como investigado del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata de la pesquisa del caso de la Interoceánica Sur, pusieron en vilo varios acuerdos que ya tiene en curso el equipo especial del Ministerio Público con otros colaboradores.

El impasse fue superado y Barata ya se alista a contar todo lo que sabe, informaron fuentes fiscales a este Diario.

Lo último que ha requerido el empresario brasileño es que la Fiscalía de Lavado de Activos levante el congelamiento de sus fondos previsionales, valorados en US$13 millones.

Barata sabe mucho. Sus declaraciones han comprometido al ex presidente Alejandro Toledo, a la ex alcaldesa Susana Villarán, al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, al ex viceministro Jorge Cuba, así como a los ex funcionarios Edwin Luyo y Miguel Navarro.

Otro colaborador eficaz es el brasileño Ricardo Boleira. Este ex directivo de Odebrecht en el Perú ya declaró sobre la investigación que se sigue al gobernador del Callao, Félix Moreno. En el mismo caso, el empresario israelí Gil Shavit optó por la ‘delación premiada’ a cambio de no ir a prisión.

El empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien fue muy cercano al ex presidente Alejandro Toledo, fue uno de los colaboradores más esperados desde que se conoció sobre el escándalo de Lava Jato. Finalmente, decidió allanarse a la justicia y contó cómo usó las cuentas bancarias de sus empresas para lavar el dinero que el ex líder de Perú Posible habría recibido de Odebrecht.

Las declaraciones del publicista brasileño Valdemir Garreta, publicadas por El Comercio, dieron cuenta de cómo las empresas Odebrecht y OAS habrían ayudado a la ex alcaldesa Susana Villarán para que esta no fuera revocada del cargo en el 2013. Ella también habría solicitado apoyo para su campaña a la reelección realizada un año después.

En el caso del ex gobernador regional de Cusco Jorge Acurio, los delatores brasileños han jugado un papel importante. Sin embargo, en su contra también se suma la delación del abogado peruano José Francisco Zaragozá Amiel.

Finalmente, Odebrecht –que firmó un convenio preliminar con el Ministerio Público y entregó S/30 millones– es otra de las principales delatoras con las que cuenta la fiscalía.

La última decisión de los fiscales, producto de la información de los colaboradores eficaces, fue la de incluir como investigados del caso de la Interoceánica Sur a los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

La información obtenida de los colaboradores eficaces requiere un alto nivel de corroboración y en esa tarea se encuentran los fiscales Sergio Jiménez, Javier López, Marcial Páucar y Hamilton Castro.

En palabras del ex fiscal supremo Avelino Guillén –quien trabajó los casos más complejos de corrupción de Fujimori y Montesinos–, el rol de los colaboradores eficaces es “importantísimo para tener victorias judiciales”.

El objetivo central, agregó el ex fiscal, en estos casos es lograr que el Poder Judicial dicte sentencias condenatorias y de allí los procuradores puedan cobrar los montos de la reparación civil.

“Al Estado Peruano le conviene que se dicten sentencias condenatorias, que se descubra la verdad, que se identifique a los que recibieron las coimas y beneficios ilegales”, comentó Guillén.

El abogado Diethell Columbus consideró que en estos casos complejos se tiene que realizar un análisis de “costo-beneficio”.

“La procuraduría debe sopesar el cobro de la reparación versus el que Jorge Barata pueda ahora colaborar con la justicia y que de una vez haga una especie de ‘karaoke’ y comience a cantar todo lo que sabe”, indicó.

MÁS EN POLÍTICA...