El Poder Judicial ordenó una medida de incautación con fines de decomiso sobre tres inmuebles vinculados al empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, investigado por presunto lavado de activos por el caso Lava Jato y sindicado como el “doleiro peruano” por la fiscalía en el caso Odebrecht.
La orden de incautación fue dictada por la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, tras un pedido del fiscal José Domingo Pérez. La medida busca cautelar los bienes propiedad de las personas jurídicas Isagon SAC, Inversiones Isagon SAC, Emprendimiento Transideral Arcamo SAC, Universo Arcamo SAC, Dimension Arcamo SAC, Emprendimiento Isagon SAC, Inversiones Arcamo SAC, Emprendimiento Arcamo SAC y Dominatrix Limited.
Dichas empresas tienen como apoderados a Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona. La jueza señaló en su resolución que “podemos advertir que sí existe vinculación entre las personas jurídicas titulares de los inmuebles materia del requerimiento con investigados (como socios o apoderados) y añade que “la teoría del caso de la fiscalía da cuenta de que entre las empresas vinculadas al imputado Gonzalo Monteverde, a través de las empresas habría realizado actos de ocultamiento y transferencia propios del ilícito de Lavado de Activos”.
A estas empresas se les imputa la recepción de depósitos provenientes de empresas vinculadas a Odebrecht, con el fin de blanquear dichos activos dentro del país y destinarlo al pago de sobornos y financiamiento de campañas políticas, según se lee en la resolución.
“Se advierte de estas que todas tienen como socios fundadores a la investigada Marcionila Cardoso Pardo y otros, con un capital inicial de S/. 2 000.00 soles; lo cual, no concuerda con el gasto que habrían realizado al adquirir los bienes materia del presente requerimiento de variación, lo cual supera el monto de 213 mil dólares; por lo que, el dinero con el cual se adquiere los bienes inmuebles resulta de dudosa procedencia”, indicó la magistrada.
La juez consideró que “de no procederse con la incautación de los bienes significaría se permita que los titulares- vinculados a los hechos investigados- continúen percibiendo los frutos de dichos inmuebles vinculados a activos ilícitos”.
Sobre Gonzalo Monteverde pesa una orden de prisión preventiva, dictada en marzo del 2019, que aún no se puede ejecutar. El empresario se encuentra prófugo de la justicia. En diferentes ocasiones su defensa ha rechazado las imputaciones de la fiscalía por presunto lavado de activos y ha solicitado el cese de prisión preventiva, pedidos que fueron rechazados por el Poder Judicial.
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