Caso Lava Jato: ¿cuáles son los plazos de las investigaciones del equipo especial?

Ante las revelaciones de grandes actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en diciembre de 2016, el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde vio la necesidad de crear un equipo de fiscales ad hoc para el caso Lava Jato con el fin de investigar hechos vinculados a favorecimientos a las empresas y exfuncionarios en el país.

En julio de 2018, el equipo especial Lava Jato quedó en manos del fiscal superior Rafael Vela. Desde entonces se han continuado investigaciones iniciadas por un anterior equipo de fiscales y se ha dispuesto comenzar otras, a diferentes políticos, empresarios y exfuncionarios del país del más alto nivel, como exmandatarios.

El Comercio pudo conocer que el equipo especial tiene a su cargo más de 70 investigaciones: 32 en etapa preparatoria y 42 en preliminar. Desde que asumieron las investigaciones, los fiscales del caso Lava Jato han llevado 6 de estos casos a etapa intermedia; es decir, se cerraron las investigaciones y se presentó acusación fiscal.

En el caso de las investigaciones en etapa preparatoria estas se encuentran en una fase de la investigación en donde los fiscales cuentan con mayores elementos en sus tesis del caso, y donde deben corroborar los indicios obtenidos en las pesquisas.

Si hablamos de plazos procesales, muchos de los casos del equipo han sido adecuados a la Ley de Crimen Organizado y, de acuerdo a la norma, esto permite un plazo de hasta 3 años de investigación preparatoria, antes de formular una acusación ante el Poder Judicial.

Luego de concluir con las investigaciones, el fiscal a cargo del caso tendrá hasta un mes para elaborar el requerimiento, donde expone los elementos de prueba y pide los años de pena para los acusados.

Hasta la fecha el equipo especial ha presentado acusaciones en los casos: Aportes al Partido Nacionalista, Metro de Lima, Interoceánica, Vía Evitamiento Cusco y Ecoteva. El pasado 22 de diciembre, el fiscal Germán Juárez, presentó una acusación en el caso Bonos Soberanos. Juárez investigó la presunta entrega de S/500 mil de Odebrecht para que se interceda ante el Ministerio de Economía y emita bonos soberanos por la obra Vía Evitamiento Cusco.

Sin embargo, quedan otros casos emblemáticos en investigación. En los primeros meses del próximo año se tendría previsto presentar otras dos acusaciones: caso Aportes a Fuerza Popular y caso Costa Verde Callao, indicaron fuentes de este Diario.

Caso aportes a Fuerza Popular

El caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori es uno de los más grandes que tiene el equipo especial Lava Jato. No solo por la complejidad del caso (adecuado a la Ley de Crimen Organizado), sino por el número de investigados, un total de 62, y testimonios recabados por los fiscales para el progreso de las investigaciones por presunto lavado de activos, obstrucción a la justicia, entre otros delitos.

El fiscal a cargo, José Domingo Pérez Gómez, comenzó a dirigir el caso en setiembre de 2017, aunque fue iniciado unos pocos meses atrás por el fiscal Germán Juárez. La investigación preliminar duró poco más de un año y en octubre de 2018 pasó a etapa preparatoria.

Con esta decisión de continuar con las investigaciones, solicitó al Poder Judicial prisión preventiva contra Keiko Fujimori, medida que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó en contra de la lideresa de Fuerza Popular y luego fue ratificada en segunda instancia y confirmada en la Corte Suprema. Después, el Tribunal Constitucional decidió fallar a favor de Fujimori y ordenar su excarcelación.

De acuerdo al plazo que le otorga la ley, el fiscal Pérez cuenta con varios meses más para terminar con la investigación: hasta octubre de 2021, mes en el que se cumplirán los tres años de investigación preparatoria. Sin embargo, Pérez ha anunciado que estima cerrar el caso en las próximas semanas. Luego de ello, vendría la acusación.

Actualmente, ninguno de los investigados afronta el proceso en prisión, y sobre Keiko Fujimori pesa una comparecencia con restricciones. La fiscalía investiga el financiamiento de US$1 millón entregado por Odebrecht para la campaña de Fuerza Popular. Además, ha atribuido responsabilidad penal al empresario Dionisio Romero Paoletti por la entrega de US$3′650,000 a Fujimori, señalando que dicho monto tendría procedencia ilícita, según la fiscalía.

A través de sus redes sociales, Keiko Fujimori ha criticado una reciente disposición fiscal que amplía la investigación preparatoria e incorpora nuevos elementos. “Una vez más el fiscal dilata la investigación y vuelve a incumplir su palabra de pasar a la etapa de acusación. La razón es muy simple. Las pericias realizadas por el Ministerio Público a mí y a mi esposo Mark han confirmado que no tenemos desbalance patrimonial”, dijo.

Caso Westfield Capital

En diciembre de 2017, el equipo especial abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables por los pagos que hizo Odebrecht a las empresas Westfield y First Capital, vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento el caso estuvo a cargo del fiscal provincial Hamilton Castro.

En marzo de 2018, poco después de que PPK renunciara a la presidencia, el fiscal solicitó una medida de impedimento de salida del país contra el exmandatario. El mismo día en que el Poder Judicial evaluaba la medida, se ejecutaron allanamientos en diferentes inmuebles que eran propiedad de Kuczynski, como parte de la investigación.

Las investigaciones preliminares continuaron, pero en julio de 2018, Castro fue retirado del equipo especial. Así, el caso quedó en manos del fiscal José Domingo Pérez, quien en abril de 2019 formalizó la investigación y pasó a etapa preparatoria. Al mismo tiempo solicitó una orden de prisión preventiva contra PPK, el empresario Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra PPK, pero después la medida varió a arresto domiciliario y viene siendo cumplida hasta la fecha. Desde entonces el equipo especial ha desarrollado una serie de diligencias, como los interrogatorios al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien permaneció en nuestro país entre febrero y diciembre de este año, con un impedimento de salida del país. La Fiscalía tiene hasta abril de 2022 para concluir con la investigación, y presentar una acusación, si así lo decide.

César Nakazaki, abogado de PPK ha rechazado las imputaciones de la fiscalía contra el exmandatario. Ha sostenido que Pedro Pablo Kuczynski ha indicado que se aplicó la “figura de la muralla china” y que no tenía conocimiento de las coordinaciones al interior de Westfield.

Caso aportes al Partido Nacionalista

La investigación al financiamiento que el Partido Nacionalista recibió para las campañas 2006 y 2011 inició en enero del 2015, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias por US$216 mil en las cuentas de la exprimera dama Nadine Heredia.

Meses después de que Ollanta Humala dejó de ser presidente de la República, en octubre de 2016, fue incluido en la investigación. Ante el Ministerio Público peruano, Odebrecht reconoció haber entregado US$3 millones a la campaña electoral del 2011. La tesis fiscal también incluye la recepción de dinero del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para la campaña de 2006.

En julio de 2017, el fiscal Germán Juárez solicitó una orden de prisión preventiva contra la expareja presidencial, medida que fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho y luego revocada por el Tribunal Constitucional.

En enero de 2019, el fiscal cerró la investigación y en abril presentó la acusación, desde ese mes, el Poder Judicial viene desarrollando audiencias en la etapa de control de acusación, fase previa al inicio del juicio oral. El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia tiene más de un año en etapa intermedia.

En una reciente entrevista el expresidente Humala señaló que “la acusación (de la fiscalía) es de haber recibido aportes, cuando no éramos funcionarios, del presidente Lula y el partido de los Trabajadores y en el cual la empresa Odebrecht es el delivery, es el que operativiza el aporte a la campaña, el partido de los Trabajadores ha rechazado semejante acusación. ¿El fiscal Juárez tiene alguna prueba? Lo que tiene es el testimonio del colaborador Jorge Barata”.

Metro de Lima

El caso inició en enero de 2017, y estuvo a cargo del fiscal Hamilton Castro. Jorge Cuba, Edwin Luyo y otros exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García Pérez cumplieron con prisión preventiva al ser sindicados como los beneficiarios de las presuntas coimas que entregó Odebrecht a cambio de la adjudicación del Metro de Lima.

En junio del año pasado, el fiscal José Domingo Pérez los acusó por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Pérez pidió 25 años y 10 meses de prisión para el exviceministro de Transportes, así como para Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, exintegrantes de los comités para el proceso de selección. También fue acusado Miguel Navarro, exfuncionario del MTC. Víctor Muñoz y Jessica Tejada son otros de los acusados.

El requerimiento acusatorio de la fiscalía fue presentado ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho a fines del año pasado, pero hasta la fecha no inicia el control de acusación.

Todos los acusados permanecen en libertad. En diciembre del año pasado, Jorge Cuba y Edwin Luyo fueron excarcelados de los penales Ancón I y Ancón II y luego puestos bajo el sistema de vigilancia electrónica con grilletes. La fiscalía había solicitado ampliar la orden de prisión preventiva de forma que se pueda cautelar el proceso.

La campaña del No a la revocación de Villarán

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán fue excarcelada este año por decisión judicial, luego de que su defensa alegara peligro de contagio ante la COVID-19. Antes pasó cerca de un año en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en medio de la investigación por el caso Lava Jato.

Susana Villarán es sindicada como la receptora de US$10 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, para las campañas de reelección en el 2014, y contra la revocatoria en el 2013.

La investigación a la exburgomaestre tiene su inicio en noviembre de 2017, cuando el equipo especial comenzó con las diligencias preliminares. En mayo del año pasado, el fiscal Carlos Puma solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán.

A través del requerimiento fiscal se conoció que tanto Odebrecht como OAS aportaron a las campañas de Villarán, algo que la exalcaldesa admitió ante el juez durante las audiencias. A cambio de los aportes de campaña, Susana Villarán habría favorecido a Odebrecht con el proyecto Vías Nuevas de Lima y a OAS con la firma de la adenda a la concesión del proyecto Línea Amarilla.

La exalcaldesa admitió que estuvo enterada que las constructoras brasileñas aportaron dinero a sus campañas.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo en una entrevista en Exitosa.

Hoy el caso se encuentra en manos del fiscal José Domingo Pérez. La investigación fue formalizada por el Ministerio Público en julio de 2018, por lo que el equipo especial cuenta con unos meses más para cerrar la investigación: hasta julio de 2021.

En setiembre de este año, el fiscal Rafael Vela indicó que el objetivo principal es concluir con la investigación a la ex alcaldesa de Lima en mayo del 2021.

Martín Vizcarra

El fiscal Germán Juárez investiga al expresidente Martín Vizcarra por la presunta recepción de S/2 millones en sobornos a cambio de la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la Construcción del Hospital Regional de Moquegua.

En noviembre pasado, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde resolvió que sea el equipo especial el encargado de continuar con las investigaciones al exmandatario. Así, Sánchez dirimió la contienda competencial entre el equipo especial Lava Jato y las Fiscalías Anticorrupción.

La investigación preliminar inicio en octubre de este año. El fiscal Juárez abrió el caso en contra de Vizcarra, el dueño de la empresa Obras e Ingeniería S.A. (Obrainsa), Elard Tejeda Moscoso y otros por el presunto delito de corrupción de funcionarios.

Hace unos días, el fiscal del equipo especial sostuvo que el caso de Martín Vizcarra “es un caso sólido”, pues viene obteniendo información que permite corroborar las declaraciones de los aspirantes de colaboradores eficaces en torno a los presuntos sobornos que habría recibido.

“Me podría ir incluso, de acuerdo a las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta a un acusación directa”, señaló. Es decir, pasaría directamente de investigación preliminar a un requerimiento acusatorio

En declaraciones a la prensa, Martín Vizcarra ha rechazado las acusaciones de los aspirantes a colaboradores eficaces y ha señalado que continuará colaborando con las investigaciones. “Creemos que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas”, dijo.

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