Consejo Nacional de la Magistratura
Consejo Nacional de la Magistratura
Gustavo Kanashiro Fonken

Diversas autoridades, entre ellas el presidente Martín Vizcarra, se han pronunciado sobre las conversaciones telefónicas entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (), difundidas por IDL-Reporteros y Panorama.

Vizcarra solicitó al Congreso que aplique el artículo 157 de la Constitución para que investigue y remueva de sus cargos a los magistrados hallados responsables de irregularidades.

En paralelo, el CNM y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) iniciaron investigaciones internas, mientras que el Ministerio Público ha procedido a realizar sus primeras indagaciones.

Estas cuatro vías, según el constitucionalista Raúl Ferrero, son necesarias, pero requieren ser coordinadas para que puedan llevarse a cabo en paralelo de manera efectiva.

“No debe haber una precipitación, sino coordinación para que los procesos internos que están llevando la OCMA y el CNM terminen aportando al trabajo del Ministerio Público y para que el Congreso pueda proceder rápidamente con las investigaciones que permitan la remoción de los magistrados, en caso los encuentre responsable de irregularidades”, señaló a El Comercio.

-La vía rápida-
Ferrero recordó que, a estas cuatro indagaciones, el Congreso podría añadir una comisión investigadora una vez que vuelva a trabajar con normalidad en las próximas semanas.

Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, indicó que el camino que puede obtener resultados con mayor rapidez es la aplicación del artículo 157 de la Constitución desde el Congreso, tal y como ha pedido el presidente Martín Vizcarra.

"El procedimiento que se lleve a cabo en el Congreso es el más importante de todos, porque son los parlamentarios los que tienen en sus manos el proceso más sumario. Podría tener resultados en 15 o 20 días", señaló García Toma.

Sin embargo, recordó que primero se deberá llevar a cabo una investigación, que podría ser presidida por una comisión especial que deberá ser nombrada por la Comisión Permanente debido al receso parlamentario.

-El caso Hinostroza-
César Hinostroza, según Víctor García Toma, tiene derecho de antejuicio debido a su condición como juez supremo, por lo que su caso deberá ser analizado de manera obligatoria por el Congreso antes que pueda ser investigado por el Ministerio Público.

El artículo 99 de la Constitución señala que los jueces supremos pueden ser acusados por la Comisión Permanente.