La fiscalía investiga a Susana Villarán por la presunta comisión de cuatro delitos por el caso de la revocatoria. (Foto: USI)
La fiscalía investiga a Susana Villarán por la presunta comisión de cuatro delitos por el caso de la revocatoria. (Foto: USI)
Redacción EC
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Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron ayer sobre el informe difundido en la víspera por este Diario, en el que se señalan los nexos del uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros con la campaña por el No a la revocatoria de .

Juan Sheput, congresista de Peruanos por el Kambio (PPK), consideró que este vínculo no solamente complica la situación de la ex alcaldesa de Lima, sino también de su ex gerente municipal José Miguel Castro. Sheput consideró, además, que “es extraño que la fiscalía y el juez no actúen con la firmeza que han actuado en otros casos”.

Por su parte, el legislador no agrupado Alberto de Belaunde afirmó que es un tema que debe investigarse, pues la sensación que existe es que el caso no avanza al mismo ritmo que otros. Consideró que “es muy importante conocer la ruta del dinero”.

El parlamentario de Acción Popular Yonhy Lescano opinó que, en temas de la lucha contra la corrupción, se están tomando buenas acciones. “Yo creo que estamos en un buen lineamiento de lucha contra la corrupción. Ya no tienen corona algunos personajes”, agregó.

Sanguinetti, quien es conocido como ‘Betingo’, era la persona que manejaba las cuentas de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay.

Según reveló este Diario, el hermano del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti se reunió con Gabriel Prado, ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. Prado afirmó, además, que en dicho encuentro participó José Miguel Castro.

Según Prado, ‘Betingo’, quien ingresó al Perú el 28 de junio del 2013 según su registro migratorio, se habría reunido con él y con Castro en un ambiente privado en el Novotel, separado por la concesionaria Rutas de Lima, a cargo de Odebrecht.

Raúl Ribeiro Pereira Neto, ex gerente de dicha concesión, declaró a la fiscalía peruana que él estuvo presente cuando Castro le solicitó a Barata el apoyo de US$3 millones para la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán.

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