El pasado 16 de marzo, la comisión que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos estaba dispuesta a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a nueve congresistas, al igual que a otras ex y actuales autoridades políticas. Pero se toparon con una pared impuesta por el propio Parlamento: las comisiones investigadoras no pueden indagar sobre los legisladores.
Con el mismo obstáculo se encontró la denominada Comisión Orellana en agosto del 2014, cuando el grupo quiso incluir a los congresistas Pedro Spadaro, Ángel Neyra, Heriberto Benítez y al parlamentario andino Hildebrando Tapia en su lista de investigados por sus conexiones con la presunta red criminal de Rodolfo Orellana.
Ello, debido a que el secretario de la comisión y legislador por Fuerza Popular, Héctor Becerril, solicitó al titular del grupo, Vicente Zeballos, pedir un informe legal a Oficialía Mayor del Parlamento sobre la posibilidad de realizar pesquisas sobre los congresistas. Dos miembros del partido de Becerril hubiesen sido investigados.
Así, en el informe N° 092-2014-OAJ-OM/CR de fecha 18 de agosto del 2014, elaborado por la Oficina de Asesoría del Congreso a pedido del oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles Íllmann, se concluyó lo siguiente: “Un congresista podría ser citado por la comisión investigadora, entendiéndose tal citación como una invitación a declarar, sin que el congresista citado esté obligado a asistir y declarar, pues le ampara, además de la inmunidad parlamentaria, la no sujeción a mandato imperativo”.
“En el caso consultado, la comisión investigadora (Orellana) no tendría competencia para investigar a los congresistas”, precisó el documento.
El mismo Spadaro remitió a la presidencia de la comisión un acuerdo del Consejo Directivo adoptado en el 2008 que dice que las “comisiones ordinarias no tienen competencia para investigar a los congresistas”.
De todas formas, el fujimorista decidió presentarse a la citación que, como “testigo”, le cursó dicha comisión. Para Zeballos, eso es un indicador de que, como autoridades políticas, algunos parlamentarios sienten la necesidad de brindar sus descargos. En una reciente entrevista con El Comercio, el titular de la Comisión Orellana advirtió: “Si encontramos indicios fuertes de vinculación en congresistas, derivaremos el caso a la Comisión de Ética y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.
Consultado por este tema, Spadaro sostiene que la decisión de no investigar a congresistas proviene de congresos anteriores, cuando la Comisión de Constitución determinó que los congresistas no pueden ser investigados por sus pares. “Se puede prestar a una venganza política”, acotó a este Diario.
Rosa Mavila, titular del grupo que investiga la narcopolítica, se ha mostrado incómoda con esta decisión parlamentaria, pero sostiene que no quiere “polarizar”. “Los vamos a convocar. Aquellos que decidan asistir y aclarar, bienvenidos serán. Los que no, se dará cuenta a la población”, dijo a este Diario.
Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.
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