Jorge Flores Ancachi es el décimo caso de recorte de sueldos investigado en Ética. (Foto: Congreso)
Jorge Flores Ancachi es el décimo caso de recorte de sueldos investigado en Ética. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La del Congreso recién evaluará el informe preliminar sobre el caso del legislador de Acción Popular , adelantó la presidenta de este grupo de trabajo, Karol Paredes.

En declaraciones a Andina, la legisladora recordó que el caso de Flores Ancachi es el décimo de este tipo que ingresa a Ética para que se elaboren informes y se sometan a votación sanciones.

“El lunes 31 vamos a tener una sesión ordinaria de la Comisión de Ética para ver el caso de la señora (María) Cordero Jon Tay. También vamos a informar posiblemente para esa fecha el informe preliminar del caso del señor (Jorge) Flores Ancachi”, detalló.

Paredes informó que actualmente el área técnica de la comisión está elaborando el informe ya que están tomando como punto de partida la denuncia presentada por María del Carmen Alva (Acción Popular).

Si el informe preliminar es aprobado por el pleno de Ética, se procederá a iniciar la investigación correspondiente, la cual podrá recomendar el archivo del caso o una sanción que puede ser desde una amonestación hasta una suspensión de 120 días.

La titular de la Comisión de Ética, en este sentido, aseguró que ella a la cabeza del equipo técnico ha cumplido con su labor de plantear sanciones contra otros parlamentarios acusados de recorte de sueldos. Sin embargo, señaló que la decisión final la toman los votos del resto de integrantes.

“Hay cosas que ya no dependen del equipo técnico que presido, sino depende directamente de la Comisión de Ética y eso se basa en votos. Yo cumplo con mi trabajo, respondo como debe ser, adecuadamente, considero. Pero ya no depende de mí la votación para que justamente se diga que esto va a la suspensión de 120 días o simplemente va con otra sanción”, aseveró.

A pesar de esto, Paredes se mostró en contra la posibilidad que la Comisión de Ética sea integrada por miembros externos al Congreso en lugar de parlamentarios. A su parecer, esto no garantiza que se puedan emitir o aprobar sanciones adecuadas.

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