:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HSYEZW6KSFAQZBSYREEC5U5FTU.jpg)
Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
La Comisión Permanente del Congreso pondrá al voto el próximo miércoles 11 de enero el informe final que recomienda acusar a Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión que fue aprobado por la subcomisión a fines de diciembre del 2022.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, precisó que la sesión iniciará a las 11 a.m. y ha incluido en su agenda el informe emitido luego que se procesara en su grupo de trabajo la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La denuncia también incluye a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.
El informe final que recomienda procesar penalmente a todos los exfuncionarios arriba mencionados fue elaborado por Diego Bazán, de Avanza País, y fue aprobado por 16 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.
Luego de que la Comisión Permanente debata y vote este caso, de ser aprobado por mayoría, pasará al pleno del Congreso donde se volverá a brindar la oportunidad a los abogados de los acusados, incluyendo a Pedro Castillo, para que ejerzan su derecho de defensa. Todo esto antes de votar por última vez si procede o no la acusación.
El 11 de octubre, el Ministerio Público presentó la denuncia constitucional N° 307 contra Castillo y dos de sus exministro teniendo en cuenta que les corresponde la prerrogativa del antejuicio político (artículo 99 de la Constitución).
La denuncia alcanza a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y el prófugo Juan Silva (Transportes) por los presuntos actos de corrupción en los casos Petro-Perú, Provías Descentralizado- MTC y Ministerio de Vivienda.
Pedro Castillo está cumpliendo actualmente 18 meses de prisión preventiva, solicitados por la Fiscalía de la Nación como parte de sus investigaciones por los delitos de rebelión y conspiración que habría cometido por su golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022.
