Wilson Soto, de Acción Popular, presentó el proyecto con respaldo de colegas de su bancada. (Foto: Congreso)
Wilson Soto, de Acción Popular, presentó el proyecto con respaldo de colegas de su bancada. (Foto: Congreso)
/ Congreso de la República /
Redacción EC

Congresistas de la bancada presentaron formalmente un proyecto de ley que busca declarar como interés nacional el procedimiento para que el Perú abandone la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos () y deje también la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

El fue presentado por Wilson Soto y cuenta con las firmas de otros miembros de Acción Popular como Luis Aragón, Raúl Doroteo, Hilda Portero, José Arriola, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi.

Cabe precisar que algunos de ellos como Espinoza y Doroteo están implicados en la investigación del caso “Los Niños” por supuestas negociaciones para favorecer al gobierno de Pedro Castillo. Mientras tanto, Arriola y Flores Ancachi están involucrados en acusaciones por presuntos recortes de sueldos a trabajadores de sus despachos.

Acción Popular presenta proyecto contra la Corte IDH.
Acción Popular presenta proyecto contra la Corte IDH.

El único artículo de la propuesta plantea que se declare de interés nacional la denuncia contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abandonar la jurisdicción de la Corte IDH “conforme lo establece el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 57 de la Constitución Política del Perú.

También se incluye como única disposición complementaria final que el presidente de la República realice las acciones correspondientes para materializar la salida del Perú de la convención y la corte internacional.

Como justificación, Soto y los otros miembros de Acción Popular señalan que el país atraviesa una crisis de seguridad ciudadana que atenta contra derechos como la vida, libertad sexual, integridad física, entre otros.

“Nuestra permanencia bajo los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana no nos permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país, como una medida disuasiva ante la comisión de delitos que evidentemente causan terror y zozobra a la población, como la extorción, el sicariato, asesinato, violación de menores, etc”, señala el documento.

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