Después de debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el Congreso parece tener en la mira su siguiente objetivo: la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Dos iniciativas han causado alerta en el sector porque buscan reducir las facultades del ente técnico y allanarían aumentos en las tarifas de agua.
Las iniciativas buscan reducir dos potestades de Sunass: la de fiscalización y regulación. El primer proyecto fue presentado en junio pasado por María Acuña (APP) y plantea suspender la facultad de la Sunass de imponer multas a las empresas prestadoras de servicios de agua. Para el 2023, estas empresas fueron multadas por más de 13 millones de soles por inacciones en su gestión.
Consultada respecto a su iniciativa, Acuña no emitió respuesta a este Diario.
La otra iniciativa se encuentra en borrador y es de Kira Alcarraz (Podemos) donde propone un fraccionamiento de hasta siete años para las empresas sancionadas, además de que ya no se imponga multas, sino solo amonestaciones. Sumado a esto, plantea la reestructuración de Sunass y la creación de un “tribunal” superior integrado por miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Vivienda.
Esto último es lo que más alerta genera en Sunass, puesto que ya no solo abarca una reducción de competencias, sino que en la práctica le otorgaría al Ministerio de Vivienda la última palabra en todo, en especial en los aumentos de tarifas de agua. Desde junio pasado, la entonces ministra Hania Pérez de Cuéllar pidió que Sunass “sincere” las tarifas de agua. En 2023, se emitió un decreto y una ley que abrieron el camino para ‘tarifazos’, pero Sunass se opone.
Este Diario buscó la versión de Alcarraz sobre su borrador, pero en su despacho nos dijeron que se encontraba fuera de Lima participando en un foro sobre agua. El pasado 27 de agosto, Alcarraz también realizó un foro de agua, donde habló de su iniciativa.
Heber Campos, abogado constitucionalista, indicó que ambos proyectos implican un debilitamiento de Sunass. “Sobre todo el caso del proyecto [de Alcarraz] prácticamente se diluye su rectoría a través de la intervención de otras entidades”, afirmó tras explicar que el Congreso no debería tomar decisiones sobre la labor de órganos autónomos.
Iniciativas de Podemos y APP apuntan a debilitar al ente técnico de Sunass.
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Por Sandro Huamaní Antonio, director de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass
El problema del acceso a servicios de agua potable
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. A pesar de los esfuerzos, la brecha en el acceso a este recurso se mantiene amplia. Al respecto, de acuerdo con el ENAHO, solo el 88% de la población tiene cobertura del servicio. Las causas son múltiples y complejas, pero se pueden agrupar en dos categorías principales: baja productividad de las empresas prestadoras y factores externos que han debilitado la regulación.
Las empresas encargadas de suministrar agua enfrentan serias deficiencias operativas, como altos niveles de agua no facturada y una ejecución limitada de inversiones. Esto se traduce en un servicio deficiente que afecta especialmente a los más vulnerables. Por otro lado, normativas recientes han condicionado las funciones del regulador.
Las decisiones en materia tarifaria tienen que ser técnicas debido a que deben buscar la sostenibilidad en la prestación de los servicios y, al mismo tiempo, que las tarifas sean equitativas y que no limiten el acceso a los ciudadanos. Solo componentes eficientes y no, como por ejemplo multas, deben ser reconocidas en las tarifas. La asignación de los subsidios cruzados debe ser desarrollada bajo criterios estrictos y objetivos de equidad por el regulador. Resulta necesario que los incrementos tarifarios estén condicionados al cumplimiento de metas, por lo que se requiere revisar el Decreto Legislativo 1620.
Si bien hay necesidad de mejorar el esquema de incentivos para el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, propuestas legislativas que limitan el ejercicio de la función reguladora, fiscalizadora y sancionadora del regulador resulta contraproducente al tratarse de un servicio esencial para las personas.
