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Con un solo voto en contra y pese a que expertos e instituciones advirtieron que significa un golpe en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el miércoles 15 -por insistencia- la norma que afecta la figura de la colaboración eficaz.
Instituciones como la Procuraduría General del Estado y Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y Proética habían mostrado su oposición a la norma.
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El cuestionado texto establece, entre otros cambios, que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación se dará un plazo máximo de 8 meses.
La autógrafa de ley había sido aprobada por el pleno del Congreso en junio pasado, pero fue observada por el Ejecutivo (aunque solo en un aspecto) y devuelta al Parlamento en julio.
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Sin embargo, la comisión, presidida por Janet Rivas (Perú Libre), decidió insistir en el texto inicial, que ahora deberá ser debatido por el pleno del Congreso. Si logra la mayoría de votos, la cuestionada norma será promulgada por insistencia directamente por el Parlamento.
Votaron a favor congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Perú Bicentenario, Podemos y Acción Popular. Solo Cambio Democrático-Juntos por el Perú se opuso.
En julio, El Comercio reveló que al menos 200 procesos de colaboración eficaz actualmente en marcha en casos de corrupción y crimen organizado corren riesgo de caerse por dicha norma. Entre estos expediente están las colaboraciones en los casos ligados al expresidente Pedro Castillo que investigan el equipo especial contra la corrupción en el poder y la Fiscalía de la Nación.
