Darwin Espinoza: las contradicciones, enredos e imprecisiones en su defensa ante nuevo escándalo

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) cayó en contradicciones, enredos e imprecisiones el martes último, cuando intentó desmentir que esté utilizando recursos públicos y trabajadores del Congreso para lograr la inscripción de su agrupación política, el movimiento regional Adelante Áncash.

Entre otras afirmaciones, Espinoza aseguró que tres de los trabajadores parlamentarios grabados por “Punto Final” mientras recolectaban firmas a favor de Adelante Áncash se encontraban suspendidos de sus funciones.

“En el mes de marzo solicito al oficial mayor la suspensión de sus haberes por 15 días. Y ellos indican que dentro de esos días de suspensión han hecho otras actividades. Por eso es que cuando se le filma ellos están haciendo algo del cual no deben darme explicaciones. Lo que sí me han dicho es que son actividades fuera del horario de trabajo”, señaló.

Espinoza mostró un documento donde se lee que solicitó “descanso sin goce de haber” por 15 días para tres de sus trabajadores: Juan Vidal Paroy, Kevin Haro Rodríguez y Wilfredo Valencia Sánchez. El documento tiene como fecha el 6 de marzo, y - según se lee - el “descanso” debía correr desde el día siguiente.

No obstante, la sección Transparencia del Congreso muestra que ninguno de los involucrados sufrió el recorte de sus remuneraciones ese mes.

Valencia cobró en marzo último S/ 3.046, el mismo monto que recibió en enero y febrero por desempeñarse como coordinador parlamentario. Lo propio pasó con Haro, que ha cobrado S/ 7.106 mensuales hasta marzo, sin recortes; Vidal, S/ 7.208.

Otros dos involucrados, Héctor Camacho Aguilar y Franco Mora Contreras, también cobraron la totalidad de sus sueldos en marzo.

“Punto Final” los grabó mientras recolectaban firmas en Áncash entre marzo y abril. Además, según el testimonio de un extrabajador de Espinoza, cuya identidad se mantiene en reserva, viajaban “aproximadamente 17 días, incluso hasta un mes entero” para conseguir firmas.

Espinoza añadió el martes último que sancionó a sus trabajadores “por algo similar”. Y ante la insistencia de la prensa, precisó que fue por realizar “algunas acciones que no competen al despacho”.

No obstante, no supo explicar por qué los mantiene en el cargo.

“Tengo el documento [de la suspensión]. Los suspendí por algunas irregularidades que había visto”, insistió.

En un primer momento, el congresista aseguró a “Punto Final” que conoció de la existencia de Adelante Áncash mediante los medios de comunicación. “Por temas periodísticos me enteré que había la formación de un movimiento Adelante Áncash”, dijo.

Luego, cuando se le señaló que esa agrupación le pertenece a su hermano, Renato Espinoza Vargas, respondió: “Hace mucho que no converso con mis hermanos. Mi familia es política. [...] Yo he usado siempre esa frase, así que si la están usando en otro lado, será coincidencia”.

Espinoza volvió a referirse al tema el martes último. Esta vez dijo: “El promotor es mi hermano, yo no tengo nada que ver. Es más, posiblemente postule a la reelección [en el Congreso]”.

No obstante, en enero último presentó un proyecto de ley para que los congresistas puedan ser candidatos en las elecciones regionales y municipales si solicitan licencia sin goce de haber 120 días antes de los comicios. La propuesta se encuentra en la Comisión de Constitución.

Consultado por el proceso disciplinario que la abrió el partido Acción Popular, el legislador señaló: “Me vienen expulsando desde el 2015. Yo no voy a renunciar”.

Espinoza es acusado de utilizar el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.

En un primer momento, negó ante “Punto Final” tener acceso al sistema. “No paro ahí [en el despacho parlamentario], no tengo acceso. Es algo que me está sorprendiendo. Yo no tengo acceso a Reniec, no he entrado nunca a Reniec”, aseveró.

No obstante, el martes último ensayó otra respuesta. Según dijo esta vez, utiliza el sistema del Reniec para optimizar la entrega de ayuda social.

“En los años 2021, 2022, 2023, mi despacho y yo personalmente hemos realizado diferentes actividades sociales. Hemos entregado frazadas, útiles escolares, víveres. Y cuando íbamos y entregábamos, salía una sola persona con cinco frazadas en la mano [...] y es por eso que hemos querido segmentar a quiénes vamos a apoyar, porque ya se viene la campaña de friaje en la sierra. No será la entrega en la calle, sino casa por casa. Yo necesito saber a quiénes, dónde viven, para que podamos identificarlos y luego no se quejen”, aseguró.

El Reniec informó a “Punto Final” que solo en marzo último, desde la cuenta del congresista se realizaron 1.851 consultas. Y en lo que va de este mes, la cifra superó las 1.150.

Luego informó que suspendió la cuenta del congresista y otros 70 usuarios de diferentes instituciones públicas y privadas por realizar un mal uso de la información.

Consultado por los pronunciamientos de esa entidad, el congresista señaló: “Lo que Reniec ha confirmado es que hay un registro de personas dentro de las consultas. Dentro de esas consultas se está identificando a personas para llevar ayuda social”.

El congresista reconoció que su despacho parlamentario solicitó 10 millares de papel bond al Congreso, pero negó que los utilice para imprimir fichas de afiliación a la agrupación política Adelante Áncash.

“Tengo entendido que a veces se piden 5 millares y te dan 2 millares, pides 10 millares y te dan cuatro. Nosotros solicitamos archivadores completos para que podamos hacer la fiscalización a diferentes municipalidades”, aseveró.

“Punto Final” difundió un video donde se ve que se utiliza una impresora instalada en el despacho del congresista para abasterce de fichas de afiliación.

Sobre ese video, el legislador señaló que una persona no identificada realizó las impresiones y grabó el hecho, presuntamente para perjudicarlo. “Quien graba el video y se va a la impresora está solo en la oficina. No tiene ningún compañero ahí. Esa persona que ha filmado es la que ha mandado a imprimir”.

Por último, señaló que la fiscalía no allanó su oficina parlamentaria el martes último, sino que realizó una “constatación” de la ubicación de esta. “No ha habido ningún allanamiento. No es verdad. Ha habido una constatación. Eso es lo que ha dicho el fiscal. [Fue] para que verifiquen cuál es mi oficina porque el día de ayer [lunes 15] han querido allanar la oficina del congresista Doroteo y tenían otra dirección”, afirmó.

Para el procurador general del Estado, Javier Pacheco, se trataría de un “típico caso” en el que un congresista abusa de su poder para obligar a personas a su cargo a realizar actividades ajenas al Parlamento.

Señaló que los posibles delitos serían concusión y peculado de uso. Por este último, la pena es de entre 2 y 12 años de cárcel, precisó en diálogo con Canal N.

“La posición de la procuraduría es defender los intereses del Estado y cautelar los recursos. [...] Hasta el momento habría un testigo. [...] Posteriormente se establecerá si hubo un uso irregular de recursos del Estado para un fin personal del congresista”, dijo.

A nivel parlamentario, la Comisión de Ética debió ver una denuncia de oficio contra Espinoza el lunes pasado, pero no sesionó por falta de quorum.