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En junio del 2020, tras un polémico debate, el Congreso aprobó una resolución legislativa para que los parlamentarios tengan la obligación de presentar ante la Contraloría General de la República una declaración jurada de intereses (DJI) en la que se consignen todas las empresas en las que tengan o hayan tenido participación. La finalidad era prever posibles conflictos de intereses en la gestión legislativa.
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Con el objetivo de detectar potenciales conflictos de interés en el Legislativo, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó la información sobre participación en empresas consignada en todas las DJI presentadas hasta el momento. Como resultado, se encontró que más de un tercio de los congresistas (36%) tiene o tuvo participación en empresas hasta el año 2021.
Asimismo, se detectó que por lo menos 10 legisladores son accionistas de empresas relacionadas al sector de las comisiones parlamentarias que integran.
El caso más notorio es el de María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso, Lambayeque), hermana del líder apepista César Acuña. Según su DJI, la congresista tiene participación en cuatro empresas inmobiliarias –dos como accionista única y dos como mayoritaria– mientras es vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción.
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En esa comisión congresal se registra el mayor número de potenciales conflictos de intereses. Víctor Seferino Flores Ruiz (Fuerza Popular, La Libertad), secretario del grupo de trabajo, tiene acciones en dos empresas relacionadas al sector construcción.
En tanto, los parlamentarios Manuel García Correa (APP, Piura), Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular, Puno), Nilsa Chacón Trujillo (Fuerza Popular, Áncash), Raúl Doroteo (Acción Popular, Ica), todos accesitarios de la Comisión de Vivienda y Construcción, también consignaron tener participación en compañías relacionadas a ese rubro.
Otra comisión en la que se detectó un posible conflicto de intereses es la de educación. José Luis Elías Ávalos (Podemos Perú, Ica), miembro titular de dicho grupo de trabajo, tiene participación en dos empresas educativas. Una de ellas es la Universidad Privada San Juan Bautista, de la cual es fundador.
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En una sesión de la Comisión de Educación, Elías presentó una cuestión previa para solicitar que se sometiera a votación el proyecto de ley que amplía el bachillerato automático hasta el año 2023, propuesta que ha sido cuestionada por debilitar la reforma universitaria.
No obstante, en la deliberación el pasado 19 de octubre –que resultó en la aprobación de la iniciativa– el parlamentario votó en abstención.
En el 2014, Elías Ávalos, entonces representante de Fuerza Popular, fue uno de los principales opositores de la Ley Universitaria. Asimismo, suscribió una demanda para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la reforma.
En diálogo con El Comercio, Elías Ávalos negó que exista conflicto de intereses por su presencia en la comisión. ”No tengo ningún conflicto de intereses porque no voto. Lo he demostrado en las últimas votaciones, cuando algo podría beneficiar mi actividad privada”, indicó.
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Asimismo, afirmó que luego de ser electo para el periodo 2021-2026, la Oficialía Mayor del Congreso, en respuesta a una solicitud suya, le ratificó que no existía incompatibilidad para conformar dicho grupo de trabajo a pesar de sus vinculaciones empresariales.
Por otro lado, Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado, Lima), miembro titular dela Comisión Agraria, es propietario dos empresas del sector agrario. El parlamentario también consignó haber sido tenido participación en la empresa Ganadería El Pircal S.R.L, dedicada al criado de ganado y búfalos, hasta julio del 2021. En el portal de Sunat, Valer figura como gerente general de la compañía.
En tanto, Diego Bazán (Avanza País, La Libertad) es miembro titular de la Comisión de Comercio Exterior de Turismo y, a la vez, tiene acciones en tres empresas relacionadas el sector turismo.
Otros casos de potenciales conflictos de intereses están en la Comisión de Salud. Uno es el de la congresista Silvana Robles (Perú Libre, Junín), titular de dicho grupo de trabajo. Según su DJI, es accionista en una empresa dedicada a actividades médicas y odontológicas. El otro caso es el de Mery Infantes (Fuerza Popular, Amazonas), integrante accesitaria de la comisión, quien en su DJI consigna que es dueña de una botica.
En entrevista con El Comercio, Infantes aclaró que la propiedad de la botica ya ha sido trasladada a su hija.
Por último, Wilson Quispe (Perú Libre, Puno), titular de la Comisión de Transportes, tiene una empresa dedicada al transporte de carga.
El Comercio buscó comunicarse con todos los congresistas mencionados en el texto. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no obtuvo respuesta.
Control
Para el exoficial mayor del Congreso José Cevasco no es necesariamente negativo que congresistas con empresas en determinado sector conformen las comisiones relacionadas al mismo. Esto debido a que son finalmente quienes más conocimiento técnico tienen sobre asuntos ligados al rubro. Sin embargo, advirtió que actualmente no existe un control efectivo para evitar que los parlamentarios promuevan leyes a favor de sus intereses particulares.
“No existe un órgano en el Congreso que controle esto. Entonces, si un congresista está legislando para beneficiarse, ¿quién lo advierte? Al final, queda en la consciencia de cada uno”, señaló.
Según Cevasco, un mecanismo para evitar esta situación sería que los parlamentarios se abstengan de votar en asuntos que afecten sus intereses empresariales.
Para Martin Cabrera, exgerente de la contraloría que lideró el equipo promotor de la reforma del sistema nacional de control ante el Congreso de la República, lo ideal sería que los parlamentarios –en sus intervenciones en los debates– hagan un ‘disclaimer’ para transparentar sus intereses. Sin embargo, reconoció que la práctica es poco común.
Cabrera considera que a partir de la nueva obligación de presentar la DJI ante la contraloría, la Comisión de Ética del Congreso debería idear algún mecanismo para identificar y evaluar los potenciales conflictos de intereses en Legislativo.
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Grupos de interés
Tras revisar las DJI presentadas por los legisladores, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio identificó 11 grupos de interés en el Congreso 2021-2026 [ver infografía].
De estos, el más numeroso es el de construcción, inmobiliario y arquitectura: 15 congresistas declararon tener participación en empresas de dichos rubros actualmente o haberla tenido hasta el año 2021. Le siguen salud (7) y educación (6). En cuanto a los sectores agrario, jurídico y transportes, hay tres parlamentarios con participación en empresas de cada uno de esos rubros.
El deber de transparencia en el Código de Ética Parlamentaria
A partir del año 2020, la Contraloría General de la República es la entidad encargada de fiscalizar las declaraciones juradas de los legisladores. El artículo 23 del Reglamento del Congreso señala que es obligación de los parlamentarios presentar el documento ante esa institución.
Al cierre de este informe, en el portal de la contraloría aún no figuran las DJI de siete congresistas. Estos son: Alex Paredes (Perú Libre), Janet Rivas (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP), Óscar Zea (Perú Libre), Jorge Alberto Morante (Fuerza Popular), Germán Adolfo Tacuri (Perú Libre) y Luis Raúl Picón (APP).
Este último es accionista de la empresa Picón S.A.C., que fue sancionada en el 2016 por la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por haber contratado con el Estado pese a que estaba impedido de hacerlo.
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El ‘disclaimer’
Pero entregar la DJI no es el único deber que tienen los congresistas para evitar posibles conflictos de intereses. Según el artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, en el caso de participar en la discusión de temas que puedan favorecer sus intereses económicos, personales o familiares, los legisladores tienen la obligación de haber explícitas tales vinculaciones.
En el 2012, el Congreso suspendió por 90 días al fallecido parlamentario Javier Diez Canseco, luego de que este presentó un proyecto de ley de canje de acciones de inversión por acciones comunes, el cual hubiese beneficiado a sus familiares.
Según el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, la hija y la exesposa del legislador, que tenían acciones en la empresa Backus, hubieran incrementado su patrimonio bursátil con la norma. La comisión determinó que Diez Canseco no cumplió con el deber de hacer explícita tal vinculación.
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En el Parlamento actual hay congresistas que han suscrito propuestas relacionadas directamente con sus actividades privadas. Este el caso, por ejemplo, de David Jiménez (Fuerza Popular), accionista de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. El parlamentario firmó el proyecto de ley que extiende el bachillerato automático hasta el 2023.
Asimismo, hay casos de legisladores que promueven medidas favorables al gremio al que pertenecen, como la facción de docentes de Perú Libre, que se ha mostrado en contra de la carrera pública magisterial.
En agosto pasado, el programa dominical “Punto Final” informó que varios de los legisladores de la bancada del partido de gobierno habían reprobado la evaluación docente.
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