Gobierno promulga ley del Congreso que establece que el Parlamento elige a su propio procurador público

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley, aprobada por el Congreso de la República, que establece que los procuradores públicos del propio Parlamento así como del Poder Judicial y otros organismos autónomos, ya no serán elegidos por la Procuraduría General del Estado (PGE) sino por cada una de sus respectivas entidades.

La ley 31778, publicada este miércoles 7 de junio en el boletín de normas legales de El Peruano, también señala que estos procuradores no responderán ante la PGE sino que dependerán de las entidades que los designaron.

Específicamente, modifica cinco artículos y otras disposiciones complementarias para precisar que el Consejo Directivo de la PGE se encarga del proceso de selección de procuradores públicos, con excepción del Congreso y el Poder Judicial, además de otros organismos constitucionales autónomos.

Los artículos 24 y 27 del decreto legislativo que crea la PGE ahora señalan que los procuradores públicos del Poder Legislativo, Judicial y organismos autónomos no responden administrativa ni funcionalmente ante la Procuraduría General del Estado.

También detallan que estos procuradores mantienen sus autonomías para dirigir sus respectivos procesos de selección.

La norma promulgada lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, quien está encargada de la PCM mientras dura el viaje de Alberto Otárola a Europa.

Cabe recordar que la PGE se pronunció en contra de esta ley porque vulnera la autonomía del Sistema de Defensa Jurídica y desconoce que los procuradores públicos hacen una labor técnica legal que debe ser uniforme, coherente e independiente.

La crítica señala que la ley es “una ruptura del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, además colisionaría gravemente con el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador público, así como a los principios de autonomía e independencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado”.