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El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, defendió la ley que permite al Congreso elegir a su propio procurador público, la cual fue promulgada este miércoles por el Ejecutivo a pesar de las críticas en contra desde la Procuraduría General del Estado.
“Hemos tenido malas experiencias con los procuradores que hemos tenido en el Congreso, donde no han hecho la defensa correcta y hemos perdido los casos”, comentó en declaraciones a RPP.
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley 31778 que señala que estos procuradores no responderán ante la PGE sino que dependerán de las entidades que los designaron.
Específicamente, modifica cinco artículos y otras disposiciones complementarias para precisar que el Consejo Directivo de la PGE se encarga del proceso de selección de procuradores públicos, con excepción del Congreso y el Poder Judicial, además de otros organismos constitucionales autónomos.
El portavoz de Renovación Popular señaló que antes, el Ejecutivo tenía influencia en el nombramiento del procurador público del Parlamento, a pesar que la entidad encargada de su designación antes era la Procuraduría General.
“La procuraduría no está manejada de manera imparcial totalmente. No puede ser manipulada desde el Ejecutivo. Para evitar que sea manipulada desde el Ejecutivo se le ha dado esa autorización al Congreso pero se va a hacer de la mejor manera”, aseguró.
Montoya señaló que el proceso para designar a su propio procurador público debería ser a través de un concurso público, para que sea lo más transparente.
La PGE se pronunció en contra de esta ley porque vulnera la autonomía del Sistema de Defensa Jurídica y desconoce que los procuradores públicos hacen una labor técnica legal que debe ser uniforme, coherente e independiente.
La crítica señala que la ley es “una ruptura del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, además colisionaría gravemente con el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador público, así como a los principios de autonomía e independencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado”.
