La agenda legislativa pendiente (y encarpetada) por el Congreso disuelto que debe retomar el nuevo Parlamento

La agenda del actual periodo estará centrada principalmente por la revisión de los decretos de urgencia dados por el gobierno durante el interregno parlamentario. Se trata de 68 decretos de urgencia, los cuales ya fueron revisados por la Comisión Permanente del periodo disuelto. Pero conforme se vayan instalando las comisiones y se defina el mecanismo de sesiones para el pleno (presencial o virtual), el Parlamento deberá organizarse para determinar de qué forma retomarán la agenda pendiente del anterior mandato.

Plazos contra la cuerda

Quizás los temas más inmediatos a tocar en la agenda sean los dos temas constitucionales que quedaron del paquete de reformas política.

Para modificar la Constitución, se requieren 87 votos en dos legislaturas consecutivas. La primera votación se dio antes de disolverse del Congreso, y la segunda votación correspondería en este nuevo periodo.

Las dos reformas listas son: la que establece impedimentos para que puedan postular candidatos sentenciados en primera instancia; y la modificación sobre el proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

El actual Congreso ha mostrado consenso sobre el primer punto de impedimentos electorales, e incluso algunas bancadas -como Somos Perú- que han presentado iniciativas con la misma propuesta normativa.

En lo que respecta al segundo punto, sobre la inmunidad parlamentaria, el consenso es para rechazar la propuesta pendiente, aunque no existe una definición sobre los cambios que se introducirán. Frepap y Somos Perú han presentado proyectos para eliminar la prerrogativa, pero en el resto de bancadas hay posturas variadas.

También se encuentran en cola los proyectos que ya fueron aprobados en el pleno y remitidas sus autógrafas para que el Poder Ejecutivo las publique en el diario oficial El Peruano.

El problema es que ya se venció el plazo del Ejecutivo para promulgar todos estos pendientes. El más controversial es la autógrafa, que acumula seis proyectos de ley, para otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú. El plazo para su promulgación venció el 2 de octubre del 2019.

Otras dos autógrafas, cuyo plazo venció en 18 de octubre del 2019, están referidos a temas de salud. Uno que propone la sanción del uso y aplicación de sustancias de relleno inyectables. para fines estéticos, y otro para que la sociedad civil organizada participe en la elaboración del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

La última autógrafa, vencida el 18 de noviembre pasado, buscaba la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura a través de núcleos ejecutores.

Aunque no tienen plazo, existe otro paquete legislativo de 3 proyectos que fueron dispensados de segunda votación y están listos para que el presidente del Congreso ponga su firma y remita las autógrafas al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación en El Peruano. Acá tenemos iniciativas como la que fomenta la inversión en plantaciones forestales; la referida a los estatutos laborales de los trabajadores del sector agrario comprendidos en la Ley 27360 (que aglomera 11 proyectos); y la que excluye normas obsoletas del ordenamiento jurídico.

Reformas urgentes

Los proyectos más importantes están aún a nivel de comisiones, y fueron encarpetados por el periodo anterior pese a su relevancia. En este paquete se encuentran los seis proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, y que fueron elaborados por la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política liderada por el politólogo Fernando Tuesta. Todas estas iniciativas están encarpetadas en la Comisión de Constitución desde el 12 de abril del año pasado.

Otros proyectos que requieren una atención prioritaria del Congreso vienen desde otras entidades del Estado. El Nº 4267, por ejemplo, busca restituir la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República a través de la tipificación de las infracciones sujetas a responsabilidad administrativa funcional en una norma con rango de ley. Este proyecto cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Fiscalización.

La contraloría también tiene en agenda el dictamen del proyecto Nº 1297, el cual busca otorgar a la entidad la potestad sobre la declaración jurada de intereses. Actualmente esto está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Un tercer proyecto es el Nº 3574 busca la expansión del modelo de control concurrente a los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras. Este último estaba en la orden del día, lo cual significa que estaba en la agenda para ser debatido en el pleno.

La semana pasado, el presidente del Congreso Manuel Merino sostuvo una reunión con el contralor Nelson Shack. “Si hay necesidad de un pleno, por pedido del propio presidente, por una urgencia, ahí tendríamos que aprobar los instrumentos que necesita la contraloría para hacer el control concurrente [a las compras], que ahora solo se puede aplicar a las obras por la reconstrucción con cambios. Estamos en el camino de buscar viabilizar las mejores condiciones tanto de apoyo como de control”, dijo Merino en una entrevista con El Comercio.

“Heredamos una carga que debemos avanzar”

El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), indicó a este Diario el arranque del trabajo dependerá de las instalaciones de las comisiones ordinarias. Pese a ello, apuntó algunos de los temas a priorizar.

“Este es un congreso complementario, en ese sentido heredamos una carga que debemos avanzar. En un congreso ordinaria se empieza de cero y no se asume cargas. Por ejemplo de la reforma política van a tener que ser vistos con prioridad sin perjuicio de la propia carga de este nuevo periodo”, explicó.

Los grupos ordinarios tendrán como carga prioritaria de este periodo la revisión de los decretos de urgencia. Aliaga explicó que, para no sobrecargar el trabajo de Constitución, se dividirá la revisión entre los otros 23 grupos de trabajo, según la especialidad.