Decisiones y consecuencias: la herencia que deja el Congreso tras el agitado 2020

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El politólogo Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, señala que el nivel de consenso entre actores que no comparten nada en común en el Congreso desafía cualquier teoría de acción colectiva. Pese a las decisiones que tomó el Parlamento, para él hay dos puntos importantes para entender la relación del último año.

El primero de ellos es que el 30 de setiembre del 2019 significó una oportunidad para que la ciudadanía reevaluara si el Gobierno debía estar en minoría. Pero el Ejecutivo no presentó una lista que compitiera en las elecciones de enero ni sostuvo una alianza con alguna agrupación. Eso, en su momento, no fue criticado y se vio como un gesto de independencia.

El segundo punto es la pandemia. Para Awapara, varios de los consensos alcanzados hubieran sido muy difíciles de lograr en otras épocas, especialmente porque la representación estaba atomizada.

En marzo, los 130 legisladores electos dos meses antes iniciaron sus labores de una forma inusual, en medio de las restricciones por la pandemia. Si bien la mayoría de congresistas eran inexpertos, fueron tomando protagonismo al aprobar leyes que buscaban acercarse a la ciudadanía. Pero estas generaron confrontaciones que incluso llegaron al Tribunal Constitucional (TC) y produjeron crisis políticas que derivaron en tener tres presidentes en menos de diez días. Algunas de las consecuencias de estas decisiones recién se verán en el futuro cercano.

Un rápido acomodo

Dieciocho días después de su instalación, el 3 de abril, el pleno aprobó dos normas que empezaron a marcar una línea catalogada de populista en un escenario, además, preelectoral. En primer lugar, dieron luz verde a una ley que suspendió el cobro de peajes en vías concesionadas. El Ejecutivo respondió planteando una demanda de inconstitucionalidad, la cual fue acogida por el TC. Luego, aprobaron el retiro del 25% de fondos de las AFP. El gobierno de Martín Vizcarra se opuso aunque sin tomar acciones concretas, pues fue finalmente promulgada por el Legislativo.

No fueron pocas las medidas que generaron disputas [en la infografía, los casos más sonados]. Los protagonistas fueron las principales fuerzas políticas: Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú (PP) y Alianza para el Progreso (APP), a las que se sumaron en distintos momentos Frepap, Fuerza Popular (FP) y el Frente Amplio (FA). El Partido Morado (PM) jugó su propio desenlace.

Otras iniciativas tuvieron incidencia en el proceso de los comicios generales del 2021. Se dejaron sin efecto las elecciones primarias, lo que dio pie a la realización de unas elecciones internas –a fines de noviembre e inicios de diciembre– en que la gran mayoría de partidos políticos participantes presentó listas únicas de candidaturas presidenciales, con mínima competencia y muy baja participación de los propios militantes.

En algunas ocasiones, el Congreso coincidió con el entonces presidente Vizcarra: la reforma constitucional sobre los impedimentos para postular, la ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura, la norma para reprogramar deudas de personas naturales y mypes, el voto de confianza al Gabinete que encabezó Walter Martos tras el rechazo a Pedro Cateriano y la ley que establece un concurso público para la elección de magistrados del TC. Aunque en cuanto a este último punto, se desarrolló un cuestionado proceso, cuya continuidad ha quedado en manos del pleno.

La previa del año electoral

Los apretones de manos cambiaron por una estocada final a Vizcarra: la vacancia presidencial. Luego de esta decisión, el país vivió días de tensión, incertidumbre y protestas que dejaron dos muertos y decenas de heridos, y que llevaron a la renuncia de Manuel Merino (Acción Popular) a una presidencia en la que estuvo solo cinco días.

Ahora, con la presidencia de Francisco Sagasti (Partido Morado) y diversos conflictos aún por resolver, el Congreso cierra su segunda legislatura. La tercera y última comenzará el 1 de febrero, mientras se calienta la campaña electoral rumbo al 11 de abril.

La segunda votación necesaria para la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la recomposición o desactivación de la comisión especial de selección de miembros del TC o el retorno a la bicameralidad son algunos de los temas pendientes. A ellos se sumarían más iniciativas de orden económico, que se agregarían a otras que ya impactaron negativamente.

Sin límites en el ámbito económico

(*) Por Paola Villar S.

Una norma más que contraviene la Carta Magna fue aprobada por el pleno del Congreso ayer, a pesar de las críticas que recibió de diversos especialistas en los últimos meses y sin considerar las posiciones técnicas de entidades del Ejecutivo. Se trata, pues, de una reforma constitucional que busca establecer que el Estado deba invertir no menos del 6% del PBI año tras año en el sector educación, un propósito que puede sonar bien, pero que en la práctica es inviable.

“Estamos de acuerdo en que necesitamos invertir más en educación. Pero decretar que debería ser 6% del PBI no es la solución ni la mejor métrica. Un papel aguanta todo”, remarca Hugo Ñopo, investigador de Grade. Añade que hay otras maneras más relevantes de medir una mayor inversión en Educación, como la inversión educativa por estudiante por año o la inversión educativa como porcentaje del presupuesto público nacional.

“Por más que se quiera aumentar la inversión educativa del 3,7% [del PBI] en el que nos encontramos hoy al 6%, de la noche a la mañana no se puede hacer”, detalla Ñopo.

Más allá de estos ámbitos que también han sido refutados por el MEF y Minedu, pareciera que de nuevo surge una ley que podría llevar al Ejecutivo y Legislativo a enfrentarse ante el Tribunal Constitucional (TC); y, nuevamente, los expertos apuntan que el Congreso es el que ignora los principios de la Constitución que debería defender.

Así, en el corto período que tiene, este Parlamento parece estar en camino a batir el récord de leyes declaradas inconstitucionales, luego de que esta semana el TC decidiera –por unanimidad– poner luz roja a la ley de ascensos automáticos en el sector salud. A esta se suman la ley que suspendió el cobro de peajes, declarada inconstitucional; y la norma sobre el retiro de aportes de la ONP, que aún será analizada en el TC.

“Casi todos los proyectos que se están aprobando en el Congreso y se refieren a materia económica tienen, sobre todo, iniciativa de gasto. Son inconstitucionales porque justamente las constituciones tanto de 1979 como de 1993 han querido corregir lo que antes existía en la Constitución de 1933, que era una iniciativa de gasto que distorsionaba las finanzas públicas”, señala Óscar Urviola, expresidente del TC.

Urviola remarca que antes de la Constitución de 1979, los congresistas tenían iniciativa en el gasto a través de diversas propuestas congresales, que eran sumas de dinero que se designaba a cada congresista, diputado, o senador, para atender obras en sus respectivas jurisdicciones. “Eso se acabó. Tenía una finalidad política, pero eso generaba un gran desorden no solamente en la priorización de obras de utilidad, sino además en el control mismo de las obras”, precisa.

El constitucionalista Aníbal Quiroga, en tanto, resalta que el crecimiento económico no se maneja con una ley, sino a través de los poderes del Ejecutivo, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Este intento de reforma del 6% del PBI en Educación es absurdo, porque no se puede regular el presupuesto del Estado de esta manera”, detalla.

“[A este Congreso] no le interesa para nada el tema constitucional ni el económico, sino la imagen que dejan ante el electorado de cara a su futuro en política”, asevera.

¿Qué nos espera? Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, pareciera que el Congreso “ha tomado el liderazgo de la política económica no para bien, sino para mal”. “No vamos a ver los efectos sino hasta más adelante, a partir del 2022”, comenta.

“Creo que los proyectos más duros y donde ha contribuido el Gobierno, para ser sinceros, es en la contrarreforma laboral. Lo estamos viendo ahorita con la Ley de Promoción Agraria. Hemos rigidizado tremendamente nuestro mercado laboral al punto de que queda la duda de si realmente todos estos puestos de trabajo, de subempleo que se están creando ahora, en algún momento se van a convertir en empleos adecuados. Tendería a decir que no”, puntualiza Thorne.

El panorama no es positivo, considerando que el Congreso deja una serie de leyes que generarían costos por miles de millones de soles –en el caso de algunas como la de ONP, dependerá del resultado del TC–. Y si llegara a corresponderle al país asumir esa carga financiera, ellos ya no estarán para pagar los platos rotos.

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