Reforma electoral a paso lento en el Congreso

La reforma electoral parece no tener prioridad en el actual periodo legislativo. La Comisión de Constitución del Congreso tiene más de 20 proyectos en carpeta y el pleno solo aprobó una ley para otorgarse más tiempo a fin de introducir cambios en las reglas electorales. En una semana se vence el plazo reglamentario para emitir dictámenes de al menos cinco iniciativas.

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La primera ley aprobada por los actuales congresistas, un día después de instalados, fue sobre un tema electoral. La norma otorgaba seis meses -hasta setiembre- al Parlamento para realizar cambios en las reglas electorales. El plazo les dio un amplio margen y eso pareció relajar las prioridades.

La primera traba de la reforma electoral fue la demora en la instalación de la Comisión de Constitución. Este grupo, presidido por Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), recién arrancó el 20 de abril, poco más de un mes después de la instalación del propio Parlamento. A eso se sumó de que los proyectos recién fueron derivados al grupo 11 días útiles después, el 5 de mayo.

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Sin embargo, los proyectos habían sido presentados desde el inicio de la gestión. El 31 de marzo, la legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado, Lima) fue la primera en ingresar una iniciativa sobre paridad y alternancia, y el legislador Luis Roel (Acción Popular, Lima), en impulsaar un proyecto para corregir la norma del periodo disuelto que no contempló a los peruanos en el extranjero en la circunscripción de Lima.

Desde aquella fecha, han pasado 70 días y ninguna de las dos propuestas tiene un dictamen listo para aprobarse en el pleno. En el caso de la paridad se tiene un predictamen, pero en la sesión pasada no se lograron los votos necesarios para su aprobación y en la sesión de hoy se espera volver a tocar el tema.

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Antes de ello, el 17 de marzo, el legislador Rennan Espinoza (Somos Perú, Lima), presentó una iniciativa que establece el impedimento de postular a personas condenadas en primera instancia. Desde ese aquel momento han pasado más de 80 días.

Hasta la fecha, la Comisión de Constitución solo aprobó el dictamen que suspende las elecciones primarias, el pasado 26 de mayo. El texto final fue votado 21 días después de que la comisión recibió el proyecto, y 42 días después de su presentación. Han pasado 14 días y dos sesiones plenarias, pero el dictamen no fue agendado por la Junta de Portavoces.

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Otras dos propuestas -paridad y alternancia, y peruanos en el exterior e impedimentos para condenados- fueron presentados cuando el pleno tuvo una seguidilla de exoneraciones de proyectos del trámite de comisiones. Pero tampoco tuvieron prioridad en la Junta de Portavoces.

El predictamen sobre paridad y alternancia se presentó la semana pasada y se sometió dos veces a votación, pero en ninguna logró mayoría. Mientras que el predictamen de peruanos en el exterior, recién fue presentado este lunes 8 de junio. Ambos textos serán debatidos en la sesión de hoy martes.

Pleno temático

El artículo 77 del reglamento del Congreso estipula que las comisiones tienen un máximo de 30 días útiles para expedir el dictamen respectivo.

Si tenemos en cuenta que, cinco de los seis proyectos pendientes, fueron derivados a Constitución el 5 de mayo, el plazo para dictaminarlos vence el próximo 16 de junio. Hasta la fecha, solo se tiene dos predictámenes. Así que lo más probable es que el resto sea aprobado fuera de plazo.

Pero este incumplimiento de los plazos es algo que se ha vuelto común en los últimos periodos legislativos.

Rennan Espinoza (Lima), vocero de Somos Perú e integrante de la comisión, explicó que la demora respondía a que se planea tener todos los dictámenes listos y aprobarlos en conjunto en un pleno temático.

“Queremos tener todos los dictámenes listos para sacar un pleno temático, se está avanzando para llegar a consensos”, refirió a este Diario.

Pese a ello, Espinoza mostró malestar porque se vienen introduciendo otros temas que retrasan el trabajo de la comisión. “No me cuadra que se haya metido la suspensión del pago de pensión de expresidentes o la calificación del tema de salud en una reforma constitucional”, acusó.

Núcleo duro

Gino Costa (Partido Morado, Lima), también integrante de la Comisión de Constitución, expresó su preocupación debido a que la legislatura termina el 26 de junio. Es decir, en 17 días. El problema, recordó Costa, es que algunos proyectos son reformas constitucionales y requieren votaciones en dos legislaturas consecutivas.

Para que apliquen al proceso 2021, estas deberán ser aprobadas en esta legislatura -que acaba el 26 de junio- y la próxima que arranca el 6 de julio.

“Vemos que se están reviviendo varios proyectos del Congreso disuelto para ser debatidos y votados en el pleno. Los proyectos del paquete de reforma política están también disponibles, se han podido resucitar, pero han preferido tomarse su tiempo”, refirió.

Lo que dice Costa es cierto. El mes pasado, el pleno agendó la normativa sobre los “taxi colectivo”, cuyo texto el periodo disuelto 2016-2018 había dejado pendiente la segunda votación. La Junta de Portavoces de este nuevo periodo lo agendó en el pleno, donde se elaboró un nuevo texto sustitutorio y se aprobó.

“Si queremos que los proyectos de reformas constitucionales en el marco de reforma entren en vigencia para el próximo proceso electoral, debe terminar antes de la legislatura y esta termina el 23 de junio. En el hipotético caso que se extienda, solo podrá ser hasta el 5 de julio. Si al 4 de julio, de acá a un mes, no tenemos inmunidad aprobada e impedimentos para ser candidatos, no se aplicarán”, apuntó Costa.

El proyecto sobre impedimentos para que postulen candidatos con sentencias en primera instancia fue aprobado a finales de julio del año pasado, a poco del final de dicha legislatura. Su segunda votación debió darse en la legislatura que empezó en agosto y terminó en setiembre con la disolución del Parlamento.

La actual Comisión de Constitución determinó que no se puede interpretar que esta legislatura es una continuación de la que se interrumpió con la disolución. Ante ello, el proyecto vuelve a fojas cero.

Aunque esto tiene una ventaja, según el legislador Costa. El proyecto inicial de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política planteaba la prohibición para personas condenadas por delitos dolosos con sentencias de cuatro años de cárcel a más. Lo que terminó aprobando la Comisión de Constitución del periodo disuelto fue un marco general donde se disponía que los alcances sean precisados a través de otra ley desarrollo.

“Con eso tenias que aprobar la reforma y además otra ley de desarrollo que, si no se hacía, no aplicaba la ley”, anotó el parlamentario del Partido Morado.

Para Costa existe un núcleo duro que se debe aprobar antes del cierre de legislatura: democracia interna, paridad y alternancia, impedimentos para candidatos sentenciados, inmunidad parlamentaria y financiamiento. Esto último requiere de una ley de desarrollo para que la ONPE tenga facultades de cobranza coactiva.

“Una ley de democracia interna organizada ONPE con un militante, un voto, y la paridad y alternancia, ya sería un logro. Debimos ver todo el paquete, porque todo está conectado. Al desagregar el paquete nos enfrentamos a problemas como el de paridad, donde varios se abstuvieron pidiendo la eliminación del voto preferencial”, explicó Costa.

Mientras los congresistas esperan por un pleno temático, el Jurado Nacional de Elecciones continúa a la espera de la una ley que oficialice la suspensión de las elecciones primarias, para así poder elaborar el cronograma electoral. Los tiempos apremian, pues las elecciones están a la vuelta de la esquina y las reglas aún no están definidas.

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