La Comisión de Ética del Congreso aprobó indagación preliminar de oficio a la legisladora Rosio Torres (Alianza para el Progreso) por el caso del presunto recorte de los sueldos de sus trabajadores.
La votación fue de 15 congresistas a favor de iniciar la indagación preliminar, es decir, fue unánime. Torres integró, hasta el pasado 4 de abril, integró ese grupo junto a su colega de bancada Magaly Ruiz, también acusada de apropiarse de parte del salario de sus colaboradores.
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Como se recuerda, según reveló “Punto Final”, al menos cinco empleados o exempleados del despacho de Torres depositaron parte de sus salarios a dos cuentas bancarias a nombre del sobrino de la congresista, Juan Daniel Pérez Guerra.
El registro de los movimientos de una de las cuentas de Pérez muestra que al menos siete retiros ocurrieron a solo cinco cuadras de dos direcciones que la legisladora reportó en Lima durante el 2021 y el 2022, uno en la avenida Olavegoya y otro en la calle Huáscar, en el distrito de Jesús María, según el dominical
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Otros retiros ocurrieron en Iquitos cuando la congresista se encontraba en esa ciudad cumpliendo con la semana de representación parlamentaria, el 21, 22 y 24 de febrero del 2022 y el 26, 27 y el 29 de septiembre de ese mismo año.
Por último, otra serie de retiros se realizó en una agencia ubicada a solo tres cuadras de la oficina de la legisladora, en el Centro de Lima. La información está en manos de la fiscalía, que investiga a la congresista por el presunto delito de concusión.
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El pasado 29 de marzo, las cámaras de “Punto Final” grabaron a la congresista mientras borraba el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino mediante WhatsApp, minutos después de ser consultada por el mismo programa por los depósitos.
Cabe indicar que Rosio Torres solicitó licencia temporal a la bancada y se ausentó de la última sesión del pleno del Congreso, realizada el pasado martes 4 de abril.
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