La Comisión Permanente revisará este lunes el informe de calificación de las denuncias presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Archivo de GEC)
La Comisión Permanente revisará este lunes el informe de calificación de las denuncias presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Archivo de GEC)
/ ERNESTO BENAVIDES
Redacción EC

La Comisión Permanente revisará en su sesión de este lunes 1 de marzo, los informes de calificación de las denuncias constitucionales aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el expresidente y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería) por el caso ‘Vacunagate’.

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Se trata de las acusaciones acumuladas 422 y 424, la primera presentada por la congresista María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú) contra Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, entre otros delitos.

En el caso de la 424 fue formulada por Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos contra Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

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Además, están las denuncias 423 y 427, acumuladas por infracción a la Constitución Política del Perú. La primera contra el exmandatario por la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 118 (inciso 1), mientras que en el caso de las exministras Mazzetti y Astete, por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna.

Finalmente, la denuncia 427, que plantea que Martín Vizcarra habría infringido los artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución.

La Comisión Permanente también tiene agendado revisar el informe final de la denuncia constitucional 371, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excontralor y actual congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado. Este recomienda acusar por antejuicio político al legislador.

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