Zoraida Ávalos: Así fue la votación del Congreso para inhabilitarla de la función pública

El Congreso de la República inhabilitó de la función pública por cinco años a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por haber suspendido en enero del 2022 las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo.

La decisión se tomó con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones. Con ello, Ávalos debe dejar su cargo de fiscal suprema de manera inmediata. Su reemplazo en la Junta de Fiscales Supremos estaría entre los fiscales Gianina Tapia Vivas, Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas.

La medida fue respaldada por los bloques de izquierda y derecha. En todas las bancadas, excepto la de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, hubo votos a favor de la inhabilitación.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN PARA INHABILITAR A ÁVALOS:

Por tratarse de una acusación constitucional, los miembros de la Comisión Permanente no participaron de la votación.

El Congreso cuestionó que en enero del 2022, Ávalos decidiera abrir investigaciones contra Castillo por los casos Puente Tarata y ascensos irregulares en la policía y las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo las suspendiera hasta el término del mandato presidencial.

El caso fue evaluado en primera instancia por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a raíz de una denuncia presentada por la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País.

La subcomisión aprobó la denuncia y elevó un informe final a la Comisión Permanente, que avaló el documento y lo derivó al pleno, la última instancia parlamentaria.

Ante el pleno, la ex fiscal de la Nación aseguró que la acusación no tenía fundamento constitucional ni jurídico, pues su decisión se basó - según explicó- en el artículo 117 de la Constitución.

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El citado artículo señala que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Ávalos recordó que todos los fiscales de la Nación que la antecedieron archivaron de plano las denuncias contra presidentes de la República en funciones, y ninguno de ellos fue acusado constitucionalmente por el Congreso.

Por último, dijo que buscaban acusarla “en base a cambios interpretativos” de la Constitución, pues sus predecesores, Pablo Sánchez y Patricia Benavides, consideraron que sí era posible investigar a Castillo mientras ejercía como mandatario.

No obstante, esos argumentos fueron rechazados por la mayoría parlamentaria, que también aprobó acusarla constitucionalmente por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

En ese caso hubo 71 votos a favor, 12 en contra y ocho abstenciones.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN PARA ACUSAR A ÁVALOS POR PRESUNTA OMISIÓN DE FUNCIONES:

El Congreso enviará a la fiscalía de la Nación el expediente con la acusación constitucional para que proceda conforme a sus atribuciones.

Luego de ser inhabilitada y acusada constitucionalmente, Ávalos acusó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de permitir que “su personal de confianza, asesores y coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña” en su contra.

“Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, dijo a RPP, sin dar nombres de los involucrados ni presentar pruebas.

Según Ávalos, representaba un obstáculo para Benavides en la Junta de Fiscales Supremos.

En otro momento, la ex fiscal de la Nación dijo que evalúa acudir a organismos internacionales.

Además, recordó que horas antes de que el pleno discutiera el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por esa y otras acusaciones constitucionales contra integrantes del sistema de justicia.

En tanto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, dijo a El Comercio que hay precedentes de casos de sanciones políticas del Parlamento contra autoridades judiciales que fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En opinión de Lanegra, la decisión del Congreso genera un precedente por el cual jueces y fiscales supremos quedan sometidos al poder político, que puede sancionarlos directamente.

“Esto afecta los estándares de independencia judicial, que han sido definidos tanto por el sistema universal de derechos humanos, como el sistema interamericano. Sancionar sin un previo proceso judicial, con las garantías del debido proceso, daña el estado de Derecho. [...] De otro lado, altera los contrapesos entre los poderes públicos, que es un pilar de la democracia”, añadió.

El abogado penalista César Azabache añadió que el Congreso “ya dejó sentado que piensa hacer un uso intensivo e incluso predatorio de su posición en la coalición que gobierna”.

Para Azabache, el Parlamento “tenía una oportunidad para dejar a salvo el mínimo de respeto, las reglas de derecho, pero no lo hizo”.

El penalista consideró que la decisión que tomó el pleno “peca de un sesgo evidente: le está exigiendo a una fiscal usar una doctrina que no estaba establecida cuando tomó la decisión que tomó. Y claro, con esto se abre una plaza en la junta de fiscales supremos”.