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El gerente de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, Luis Alonso Robas, confirmó que han encontrado responsabilidad administrativa, penal y civil en 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por la construcción del hospital regional durante la gestión de Martín Vizcarra en dicha jurisdicción, en el período 2011-2014.
“Son 14 funcionarios del gobierno regional en los cuales hemos encontrado indicios de responsabilidad administrativa, penal y civil inclusive, que estuvieron involucrados en la gestión”, afirmó este jueves en diálogo con Exitosa.
El Comercio reveló que el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que el ahora presidente Martín Vizcarra culminara su período como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de trámites en su gestión que, en menos de 24 horas, terminaron con la aprobación de un desembolso de S/41’869.086 a un consorcio integrado por ICCGSA –empresa investigada por el ‘club de la construcción’– por la construcción del hospital de la región.
Según los documentos a los que accedió este diario, las entregas de dinero fueron solicitadas y aprobadas por funcionarios de la gestión de Vizcarra, entre ellos el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, quien en ese entonces era el gerente general del gobierno regional.
En el informe, Luis Alonso Robas señaló a El Comercio que en este caso hay “indicios de responsabilidad penal, que han sido puestos en conocimiento de la fiscalía para que realicen las investigaciones en el ámbito de su competencia usando las herramientas que tienen para perseguir el delito”.
Robas fue responsable de la auditoría sobre la construcción del hospital, cuyo informe concluye además con la denuncia a 14 exfuncionarios del gobierno regional. Edmer Trujillo no figura entre los denunciados, pese a que como gerente general firmó la carta que autorizó el desembolso del dinero.
“Algo que sí hay que resaltar […] es que nosotros hacemos auditoría y verificación de quién ha firmado y quién era el responsable de autorizar ciertos actos […] Hemos concluido que estos 14 funcionarios, a pesar de que funcionalmente tenían obligación de determinar la procedencia o improcedencia de los pagos, [los] autorizaron. Funcionarios de la jefatura de proyectos estratégicos, de logística, de tesorería”, explicó Luis Alonso Robas esta mañana en Radio Exitosa.
Precisó que el informe elaborado por la Contraloría fue remitido al Ministerio Público porque esta entidad es la que cuenta con atribuciones para abrir una investigación sobre este caso.
“Como resultado de este informe, hemos remitido el documento al Ministerio Público para que, en el uso de las atribuciones que ellos sí tienen, como levantar el secreto bancario, telecomunicaciones, acceder al correo, etc. -herramientas [con las] que la Contraloría no cuenta- inicien las investigaciones”, dijo.
