El expresidente Alejandro Toledo abandonó la correccional de Maguire, en el condado de San Mateo (California), después de abonar parte de la fianza que se le exigía para que se ejecute la orden de arresto domiciliario ante el riesgo de que contraiga el coronavirus (COVID-19).
A su vez, se supo que al exmandatario se le instaló el dispositivo GPS de seguimiento.
Ayer viernes por la noche en los exteriores del centro penitenciario lo esperaron su esposa Eliane Karp y otras dos personas.
Familiares y amigos del otrora líder de Perú Posible depositaron la fianza de US$500 mil en efectivo exigida por el juez Thomas S. Hixson para que salga de prisión.
Aunque el monto inicial para que deje la reclusión es de US$500 mil, la cuantía total de la fianza asciende a un millón de dólares. Esa otra mitad restante se aportará en propiedades inmobiliarias en EE.UU. por parte de personas cercanas a Toledo.
Según la agencia EFE, la fianza se pagó con el dinero aportado por Eliane Karp (US$175 mil), Martin Carnoy (US$125 mil), Andrea Neves (US$100 mil), Larry Diamond (US$50.000) y Eric Dredo (US$50.000).
En cuanto a las propiedades inmobiliarias que se presentarán en las próximas semanas, ambas pertenecen a amistades de Alejandro Toledo: una está ubicada en Tacoma (estado de Washington) y la otra en Nueva Jersey.
En una audiencia celebrada el jueves por vía telefónica, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó que Toledo fuese puesto en libertad e inmediatamente confinado en su casa.
Alejandro Toledo tiene 74 años y sufre hipertensión, por lo que su abogado asegura que hay una alta probabilidad de que fallezca en caso contraiga COVID-19.
Hixson fijó las siguientes condiciones para la libertad bajo fianza: Toledo deberá estar presente física o telefónicamente en todas las audiencias futuras que se celebren, se le retiraron todos los pasaportes, no podrá tomar alcohol en exceso ni drogas y deberá permanecer confinado en su casa salvo por necesidades médicas, apariciones ante la Corte y encuentros con su abogado.
Además, Karp de Toledo también tuvo que entregar a las autoridades todos los pasaportes en su posesión: uno de Israel y otro de Estados Unidos.
Toledo está acusado de haber recibido US$ 31 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando aún era presidente, y ha pasado los últimos tres años prófugo de la justicia peruana en Estados Unidos.
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