(Foto: Archivo El Comercio)
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Juan Paredes Castro

En la política peruana cualquier cosa puede pasar. Puede también, por las mismas razones, no pasar nada.

Que la reciente crisis política, asimismo fiscal y judicial, haya girado de pronto de un ‘on’ intenso y electrizante a un ‘off’ relajado y desconectado es un ejemplo de cómo un día los peruanos podemos estallar en un ‘shock’ nacional y otro día morir, metafóricamente, en la más absoluta apatía.

País de grandes males (pobreza, desnutrición, inseguridad, corrupción, informalidad, desgobierno) empeñado cotidianamente en repetirlos; país de inagotables odios personales, raciales, políticos, ideológicos, religiosos y de género, que quiebran las pocas identidades comunes existentes; país de presidentes a los que no les espera el juicio de la historia, sino una investigación penal o la cárcel; país de vacilante carrera anticorrupción ahora casi totalmente dependiente de colaboradores eficaces brasileños; país de atribuciones constitucionales clarísimas, como la del indulto, que de la noche a la mañana se vuelven revisables; país de sorpresas históricas como la de un presidente en ejercicio y un ex presidente sentenciado que un día deciden, mano a mano con la ley y la oportunidad, el uno evitar la prisión y el otro salir de prisión.

Pero así como algunos demonios llevan al Perú al filo de mil abismos, hay otros que le dan sosiego y contrapesan sus desgracias. El modelo de libre mercado y el crecimiento económico aún pueden marchar del brazo de la inestabilidad política. Los peruanos peleamos por un futuro que la clase política nos arrebata día a día. Y aspiramos al primer mundo olvidando que la informalidad traza las reglas del 60% de la economía.

Las esperadas nuevas declaraciones de Jorge Barata podrían terminar defendiendo las posiciones de Odebrecht en el Perú, antes que hundiendo algún liderazgo político en particular. Mientras Fuerza Popular no supere el trauma de pérdida de votos en el Congreso y Kenji Fujimori conserve algunos de los controles de la maquinaria política de su hermana Keiko, el presidente Kuczynski podrá continuar moviéndose en modo corrupción durante un buen tiempo más. Nadie puede sacar de la manga un nuevo pedido exitoso de vacancia o renuncia. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene la cabeza metida entre los dientes de una denuncia constitucional planteada por el fujimorismo y de una audiencia administrativa en el Consejo Nacional de la Magistratura movida por el mismo resorte. Las investigaciones fiscales a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez más sobreviven que avanzan en un tira y afloja contra el reloj de los plazos. A la Comisión Lava Jato, como a la fiscalía, les aprieta demasiado el zapato Odebrecht. Sin recursos suficientes, jueces y fiscales se convierten, sin quererlo, en héroes mediáticos de discutidas prisiones preventivas.

Este es el abreviado panorama de una crisis política, fiscal y judicial en estado ‘off’.

No hay desenlaces que esperar ni buscar. Solo más ruido que nueces.

Se ha vuelto tan conocida la multicolor pista de patinaje de esta crisis que apenas veremos perder el equilibrio, mas no caer, a los involucrados.

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