Defensora del Pueblo asegura que propuesta para sancionar filtraciones en investigaciones penales “recorta las libertades”

La defensora del Pueblo interina, Eliana Revollar, rechazó el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso de la República con el propósito de sancionar la difusión de información reservada en una investigación penal.

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Revollar indicó que la propuesta del Gobierno afecta las libertades en el país, por lo que consideró que debería haber una ponderación entre lo que se considera reserva de la información y la necesidad de informar.

“Este proyecto es la más clara expresión de lo que significaría recortar las libertades en nuestro país, porque si bien es cierto tiene que haber una ponderación de derechos entre lo que es la reserva de la investigación y la necesidad de informar sobre aspectos relevantes que tienen trascendencia, como por ejemplo actos de corrupción que vinculan a personalidades en el país, ahí tiene que haber una ponderación”, declaró para Canal N.

Seguidamente, la titular de la Defensoría del Pueblo aseveró que a un juez o fiscal que filtre la información reservada de uno de estos casos se les debería abrir un proceso disciplinario, pero no se les tendría que atribuir la comisión de un delito.

“El hecho de generar un delito es menoscabar esa función. Finalmente, si a la reserva un juez o un fiscal puede atentar contra ella, se le puede abrir un proceso disciplinario, pero de ninguna forma se le puede atribuir la comisión de un delito. Esto justamente transgrede el principio de máxima autoridad, el principio de transparencia. Como es que los periodistas obtienen y mantienen en secreto sus fuentes en el ejercicio de su importante labor”, manifestó.

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Asimismo, Eliana Revollar dijo que el planteamiento busca amordazar algo que tiene relevancia para la opinión pública y la ciudadanía. “El hecho de incriminar o imputar un delito es silenciar todo y en ese silencio las investigaciones pueden propender a la impunidad”, dijo.

Como se recuerda, el último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que se presentó este proyecto de ley al Parlamento que buscan sancionar, hasta con cuatro años, la filtración de información reservada en investigaciones penales.

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