Disolución del Congreso: el camino de la demanda competencial ante el TC

El pleno del Tribunal Constitucional (TC), que preside Marianella Ledesma, inicia este lunes una semana clave de cara a definir una postura colegiada sobre la demanda de competencia que Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, presentó contra la disolución del Congreso. Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra tomó esta medida el 30 de setiembre pasado.

El magistrado Carlos Ramos presentará hoy su ponencia oficial (informe y recomendación). Fuentes de El Comercio han adelantado que la recomendación es que se declare infundada la demanda.

Luego, se prevé que la ponencia sea debatida por los demás integrantes del TC este jueves, según adelantó la semana pasada la titular del organismo, Marianella Ledesma.

"La idea que tiene el pleno del Tribunal es tener una posición ya asumida antes de las elecciones. La idea es tener un pronunciamiento antes de las elecciones [del 26 de enero]", indicó Ledesma el último viernes, tras jurar al cargo.

Al respecto, fuentes de este Diario también han señalado que Ramos propondrá una resolución “pensando hacia el futuro”. Pero el propio TC ya ha adelantado, al admitir la demanda, que el trámite de este recurso no suspende el cronograma electoral y que la sentencia que se emita tendrá “efectos a futuro”.

¿Cuál ha sido el camino que ha tenido este proceso competencial? A continuación algunos puntos claves.

—La disolución del Congreso—

Fue el punto de partida. A las 5:41 p.m. del 30 de setiembre, el presidente Vizcarra anunció su decisión de disolver el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias. ´

El mandatario tomó tal determinación al considerar que hubo una “denegación fáctica” de la cuestión de confianza que había planteado el Ejecutivo en torno a un proyecto de ley que buscaba modificar la elección de miembros del TC. Uno de los tantos hechos de aquel día fue que la propuesta gubernamental fue finalmente aprobada casi en simultáneo —y con evidente apuro— al mensaje a la nación.

Pero tal aprobación se dio horas después de la presentación de la cuestión de confianza, luego de una accidentada intervención del entonces primer ministro Salvador del Solar y pese al pedido de este para que se debata primero la propuesta, en vez de que el pleno siga con el proceso de elección de los nuevos miembros del TC, tal como ocurrió.

El único seleccionado fue el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, pero el TC rechazó por mayoría incorporarlo, pues se consideró que el nuevo Congreso debe resolver los cuestionamientos a la elección.

—La presentación de la demanda—

Olaechea presentó el 10 de octubre una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, elaborada por un equipo de asesores contra la disolución del Parlamento. Entre sus argumentos, sostuvo que el Ejecutivo no tiene competencia para solicitar una cuestión de confianza sobre atribuciones que le corresponden exclusivamente al Legislativo, como el proceso de selección de los nuevos magistrados del TC.

También pidió al TC aclarar que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa por el Congreso, por lo que instó a que se declare nula la disolución.

Al presentar el documento, Olaechea lo firmó como presidente del Congreso.

También presentó una medida cautelar para que se suspendan los efectos del Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, que oficializó la disolución y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero.

—La admisión a trámite—

El 29 de octubre, los siete miembros del pleno del TC acordaron por unanimidad admitir a trámite la demanda de competencia presentada por Olaechea, como había planteado el ponente del caso, Carlos Ramos. Sin embargo, por mayoría rechazaron admitir la medida cautelar porque “podría ponerse en riesgo el calendario electoral”, acotó el magistrado.

Días después, al notificar la decisión a las partes, el oficio dirigido desde el TC a Olaechea consignaba a este como presidente del Congreso de la República. El pleno decidió, posteriormente, corregir el documento y dirigirse al miembro del Parlamento disuelto como titular de la Comisión Permanente, organismo legislativo actualmente vigente.

En la notificación, el TC precisó que el recurso “no suspende” el actual cronograma electoral y que la sentencia que se emita tendrá “efectos a futuro”. También señaló un aspecto importante: que parte de la controversia consiste en determinar si quien preside la Permanente tiene facultades para interponer la demanda y si dicho organismo legislativo tiene las facultades del pleno o se imita a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución (tramitar los decretos de urgencia del Ejecutivo).

—El Ejecutivo responde a la demanda—

Lo hizo el 22 de noviembre a través del procurador público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia, Luis Huerta Guerrero, a través de un documento de 46 páginas ingresado al TC.

Según declaró a la prensa el funcionario, la demanda competencial no realiza un análisis del artículo 134 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a disolver el Congreso.

“La parte demandante ni menciona ese artículo [...] que no puede interpretarse de forma literal señalando que el Congreso solo niega la confianza cuando vota en negativo. Lo que plantea el Ejecutivo es que la negación de confianza también se puede plantear a través de la conducta del Congreso de comportarse en contra de lo que se le ha solicitado”, sostuvo.

—La audiencia pública—

El 4 de diciembre, el pleno del TC realizó en Lima la audiencia en la que se escuchó a las partes.

Durante la sesión, Olaechea sostuvo que el Ejecutivo buscaba “arrodillar” al Congreso. Luego, a través de Twitter, aseveró que lo que hizo fue defender los fueros del Congreso ante el TC y añadió: “…Quiero decirles que seremos respetuosos de la decisión que adopte el máximo intérprete de la Constitución”.

El procurador público Luis Huerta Guerrero, especializado en materia constitucional, acudió en representación del Ejecutivo. “Si fallan a favor de la parte demandante (Congreso de la República), estarán lamentablemente avalando un fraude a la Constitución y la cuestión de confianza. Si la declaran infundada, estarán a favor de la deliberación política en asuntos públicos por parte de la ciudadanía en su conjunto", manifestó a los magistrados.

También se hicieron presentes el procurador del Parlamento, Jorge Campana, y el abogado constitucionalista Enrique Guersi, como parte de la defensa del Legislativo.

Ahora se está a la espera de la decisión final del pleno del TC, tras el análisis y debate de la ponencia del magistrado Carlos Ramos. Así como Olaechea ha señalado que respetará la decisión, el presidente Martín Vizcarra también se pronunció hace unos días.

“Que [la sentencia] sea conforme a ley, nada más, nosotros tenemos la plena confianza y convicción de que hemos actuado en cumplimiento de la ley y la Constitución, no tenemos ninguna duda de que el fallo irá en ese sentido”, dijo el jefe de Estado.